Santo Domingo.- Será el próximo lunes cuando la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, emitirá su decisión de si impone o no medida de coerción contra los implicados en el caso Coral.
Tras escuchar, durante tres días, la acusación presentada por el Ministro Público, los alegatos de la defensa y las palabras de los imputados, la magistrada se encuentra edificada y en condiciones de deliberar para emitir un veredicto.
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En la foto, la magistrada Kenya Romero, jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. |
En ese sentido, fijó la audiencia para el
lunes las once de la mañana, por lo que los imputados seguirán recluidos en la
cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde ya llevan hoy
dos semanas, a la espera del fallo.
El Ministerio Público pidió 18 meses de
prisión preventiva contra el mayor general Adán Cánceres Silvestre, el exjefe
del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep); la pastora Rossy
Guzmán, el cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el
coronel Rafael Núñez de Aza.
Mientras que para el mayor Raúl Alejandro
Girón Jiménez, quien está colaborando con ellos y el pasado jueves aceptó los
cargos e inculpó a los demás acusados, solicitó que se le imponga arresto
domiciliario, vigilancia e impedimento de salida del país.
La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, le indicó a la jueza que debido a las declaraciones emitidas por Girón Jiménez, este ahora está en una situación especial con relación a su seguridad, aunque esto no quiere decir que quedará fuera del proceso.
¿Llegaron
a un acuerdo con Girón Jiménez?.- Al ser preguntada sobre si el mayor y el
órgano acusador llegaron a un acuerdo, Reynoso dijo que el Ministerio Público
en el transcurso de la investigación aplica las medidas procesales que el
Código le permite que sean aplicadas.
“Y en este caso el Ministerio Público hace
uso de estas medidas procesales”, manifestó ante la pregunta de la prensa a la
salida de la sala de audiencias.
Afirmó, también, que han presentado
evidencias que son más que suficientes para una medida de coerción y que las
declaraciones de Girón Jiménez están debidamente sustentadas.
“Y eso es así, el país lo vio que es así,
esas pruebas que el Ministerio Público ha presentado y que sustentan hechos que
son sumamente graves y reiteramos, que todas las declaraciones que dio Raúl
Girón, el Ministerio Público tiene en su manos todas esas evidencias que hemos
ido en el transcurso de las horas observándolas, analizando y realmente
pudiéramos decir, desde el Ministerio Público, que quizás es uno de los caso
que más pruebas contundentes tiene el Ministerio Público y que hemos dicho que
en su debido momento iremos presentando”, precisó.
Defensas
de cinco piden libertad.- De su lado, las defensas de los imputados Cáceres
Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, el cabo Flete Guzmán y el coronel Núñez de
Aza pidieron a la jueza Romero que rechace la solicitud que hizo el Ministerio
Público de prisión preventiva y en consecuencia se dicte libertad pura y
simple.
Indicaron que las imputaciones del órgano
acusador carecen de sustento, y que además, los referidos acusados tienen
arraigo suficiente para no sustraerse del proceso penal.
Por ejemplo, en la audiencia del pasado
jueves, el coronel Núñez de Aza, acusado de ser el cerebro financiero de la
supuesta red que presuntamente distrajo fondos públicos de entidades
castrenses, le prometió a la jueza Romero asistir aquí cada vez que sea citado.
“Quiero que se investigue todo a fondo, no tengo la necesidad de ser testaferro
de nadie”, manifestó el imputado que también dijo que el dinero que dice el
Ministerio Público obtuvo de manera ilícita fue ganado honorablemente.
Mientras que ayer el abogado del mayor
Girón Jiménez indicó que se adhiere al petitorio del órgano acusador y
solicitó, también como medida de coerción, arresto domiciliario, vigilancia e
impedimento de salida del país.
Al grupo se le imputan los delitos de
asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de
funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos
provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de
fuego.
Antes de que la jueza informara que
emitirá su decisión el lunes, el mayor general Cáceres Silvestre tomó
nuevamente la palabra. Esta fue la tercera ocasión que se dirigió al tribunal.
Este viernes, mostró su indignación por
las declaraciones emitidas por Girón Jiménez, quien lo inculpó en la red de
corrupción.
En su intervención de 25 minutos el alto
oficial manifestó que las palabras del mayor son indignantes pues “no guardan
relación con la realidad” y que es una irresponsabilidad. Dijo que no tiene
nada que ver con el entramado.
Defendió el origen de su patrimonio al
indicar que no es cierto que se enriqueció producto de actividades ilícitas en
el Cusep y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) como afirmó
Girón Jiménez el jueves en la noche.
Desafió al referido imputado para que
muestre “una sola prueba” de que le hizo transacciones del supuesto dinero
distraído de las entidades castrenses.
Afirmó que solo posee una sola cuenta
bancaria y allí solo hay registros de los pagos que recibió por su servicio
militar.
“Esa cuenta bancaria contiene todos los
movimientos que definen mi patrimonio personal, porque yo desafío a Girón o a
quien sea que me diga que ha depositado un peso en esa cuenta de banco que es
la única que tengo”, expresó.
Le explicó a la jueza Romero que en la
única cuenta, que dijo tener, hay pagos por concepto de nóminas. Detalló que
recibía D$25,000 de la Presidencia, RD$45,000 por su cargo de mayor general,
RD$80,000 por su posición como comandante del Cusep y 250,000 pesos mensuales
del Ejército por el puesto en el Cusep.
“Si (Girón) lo hizo (los pagos) ¿dónde
está el dinero, donde lo depositaron? Cómo puede decir cosas que nunca va a
poder probar, eso es una irresponsabilidad”, manifestó.
De acuerdo a las investigaciones cuando en el 2012, el expresidente Danilo Medina llegó al poder, Cáceres Silvestre comenzó a crear un entramado para distraer fondos del Cusep y del Cestur.
Yeni Berenice reitera tiene suficientes pruebas.- La procuradora
ajunta Yeni Berenice Reynoso afirmó, ante los cuestionamientos a las pruebas
por parte de los acusados, que “los imputados pueden decir lo que quieran, pero
las pruebas están, las tenemos, los mensajes, todos los archivos, las
fotografías; todo está en manos del Ministerio Público”.
Sobre la pregunta de si sería apresado
Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cestur y mencionado por Girón Jiménez
como uno de los oficiales que recibía dinero del entramado, Reynoso afirmó que
“de todas las afirmaciones tenemos pruebas”.
Reynoso y Wilson Camacho, titular de la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(Pepca), encabezan el equipo que representa al Ministerio Público en el
proceso.
Además, forman parte del equipo de
litigación de este caso los fiscales Marinel Brea, Mervin Romero, Emmanuel
Ramírez, María Melenciano, Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado.
Fuentes: Audiencias en juzgado de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Dirección de Persecución del Ministerio Público, Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).





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