San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.- La clausura de una planta dedicada a la fabricación de cartón, ubicada en este municipio, ha adquirido una dimensión internacional luego de que el Gobierno de Estados Unidos expresara públicamente su reconocimiento a las autoridades dominicanas por las medidas adoptadas contra el establecimiento.
El pronunciamiento fue difundido este lunes 9 de noviembre por la Embajada estadounidense en República Dominicana, a través de un mensaje del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, quien valoró las acciones emprendidas para impedir que empresas operen al margen de las disposiciones legales.
El funcionario señaló que las autoridades dominicanas actuaron frente a una instalación que, según los señalamientos comunicados, funcionaba sin los permisos correspondientes, mantenía un depósito irregular de combustible y recurría a la contratación ilegal de trabajadores extranjeros.
Segura también resaltó que las relaciones económicas entre países deben sustentarse en la transparencia, la competencia justa y el respeto al Estado de derecho, principios que consideró indispensables para una verdadera cooperación comercial.
La empresa intervenida es Fábrica Cartesa, localizada en la comunidad Pata de Palma, en San Antonio de Guerra. El operativo fue realizado el 29 de octubre por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), mediante el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), con participación de la Dirección General de Migración y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED).
Durante la inspección se estableció que las instalaciones carecían del certificado de uso de suelo y de las autorizaciones requeridas para desarrollar sus actividades. El complejo industrial estaba integrado por tres naves y un edificio de cuatro niveles destinado a oficinas y residencias.
Otro de los hallazgos fue un depósito de combustible que no cumplía las disposiciones de la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos. Las autoridades ocuparon un tanque con capacidad para almacenar 5,000 litros y retuvieron 1,000 galones de gasoil, bienes cuyo valor conjunto fue estimado en RD$2.25 millones.
Por su parte, el MIVED dispuso la paralización de las obras debido a incumplimientos de la Ley 687-82, mientras que la Dirección General de Migración verificó la situación de los trabajadores extranjeros encontrados en el establecimiento.
Un escenario de mayores fiscalizaciones
La intervención de Cartesa se produce en un contexto de intensificación de las inspecciones gubernamentales a negocios de capital extranjero, especialmente en materia laboral, seguridad ocupacional y cumplimiento de las regulaciones comerciales.
El pasado 20 de octubre, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, informó sobre los resultados de un operativo de ocho días que comprendió 101 establecimientos comerciales de inversionistas chinos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís e Higüey.
Las inspecciones dejaron 1,016 actas, de las cuales 974 fueron de apercibimiento y 42 de infracción. También se ordenó paralizar las actividades en 24 establecimientos donde se identificaron condiciones consideradas de peligro inminente para los trabajadores.
Entre las irregularidades laborales señaladas figuraron la desvinculación de empleados antes de cumplir tres meses de servicio, incumplimientos del descanso semanal, falta de pago de bonificaciones y horas extraordinarias, además de violaciones a las disposiciones sobre la proporción de trabajadores dominicanos y extranjeros.
El ministro Olivares advirtió que las inspecciones continuarían para garantizar el cumplimiento del Código de Trabajo, independientemente del origen de los propietarios de las empresas.
En ese contexto, el respaldo expresado por Washington coloca nuevamente en primer plano la responsabilidad de los inversionistas extranjeros de respetar las normas del país donde desarrollan sus actividades.
La posición del Gobierno dominicano, expresada anteriormente por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, es mantener abiertas las puertas a la inversión internacional, bajo la condición de que las empresas cumplan con la legislación nacional.
El caso Cartesa representa así un nuevo episodio en las acciones de supervisión de las autoridades dominicanas sobre establecimientos industriales y comerciales, en medio del debate sobre la competencia empresarial, la protección de los trabajadores y la aplicación igualitaria de las leyes.
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