Higüey, La Altagracia.- La prevención de la delincuencia y la protección de la vida deben ocupar un lugar central en las transformaciones institucionales de la República Dominicana, sostuvo el obispo Jesús Castro Marte, al plantear la necesidad de un compromiso social que también contemple oportunidades para quienes buscan abandonar los ambientes delictivos.
El vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano y obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia hizo el planteamiento en un mensaje publicado este lunes 9 de noviembre de 2026, en el que expresó su preocupación por la conservación de la vida en todas sus etapas.
El pronunciamiento estuvo relacionado con una visita técnica de inspección a los nuevos recintos penitenciarios que se construyen en Anamuya, Higüey, en la que participó Roberto José Santana Sánchez, director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
Castro Marte valoró positivamente la intervención de Santana Sánchez y su compromiso con la reforma penitenciaria. En ese contexto, defendió que cualquier transformación de los sistemas judicial, policial y carcelario tenga como fundamento el respeto a la vida y la dignidad de las personas.
El religioso consideró necesario impulsar un pacto social que permita actuar antes de que los jóvenes ingresen a la delincuencia, pero que también facilite alternativas para quienes ya enfrentan problemas con la ley.
Ese compromiso, según su planteamiento, debe traducirse en posibilidades de rehabilitación y reinserción social, en lugar de mantener condiciones que profundicen la exclusión y alimenten los ciclos de violencia.
La posición del obispo también da continuidad a sus pronunciamientos sobre la seguridad ciudadana. En septiembre pasado había defendido que el combate a la delincuencia requiere firmeza y autoridad, pero sin convertir la violencia ni la muerte en respuestas frente a los conflictos.
Su planteamiento coloca sobre la mesa un desafío que trasciende la construcción de nuevos recintos penitenciarios: que las reformas institucionales estén acompañadas de prevención, respeto a los derechos fundamentales y oportunidades reales para la reintegración de las personas a la sociedad.
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