Santo Domingo, D.N.- El caso judicial que involucra a Smaily Yamel Rodríguez, fiscal titular de la provincia Duarte, continúa bajo la atención del Tribunal Constitucional (TC), en medio de una controversia relacionada con el cumplimiento de una decisión judicial que dispuso autorizar el pago de una garantía económica a favor de un hombre condenado por robo agravado.
El proceso tiene su origen en una sentencia dictada el 3 de abril de 2023 por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte. La decisión favoreció a Jeison López, condenado a diez años de prisión, y ordenó permitirle pagar una garantía económica de RD$25,000, además de establecer una multa coercitiva de RD$20,000 diarios por incumplimiento.
La controversia surgió después de que la Fiscalía de Duarte se negara a autorizar el pago de la garantía, alegando que existía una condena penal que mantenía vigente la situación judicial del beneficiario. Ante esa negativa, su defensa recurrió al amparo y obtuvo una decisión favorable.
El Ministerio Público impugnó posteriormente la sentencia ante el Tribunal Constitucional, solicitando su anulación y la suspensión de la multa coercitiva mientras se conocía el recurso de revisión.
El caso adquirió mayor relevancia el 26 de octubre de 2026, cuando el Pleno del Tribunal Constitucional ordenó la conducencia de Rodríguez tras su inasistencia a una audiencia pública, pese a haber sido debidamente citada. La medida disponía su presentación ante el tribunal el viernes 30 de octubre.
En esa fecha, la fiscal compareció acompañada de su abogado defensor y expuso sus argumentos ante los magistrados. Tras escuchar a las partes, el Pleno dejó sin efecto la orden de conducencia y se reservó el fallo del recurso de revisión constitucional.
El expediente, identificado con el número TC-05-2023-0240, plantea una controversia en la que confluyen el cumplimiento de una decisión judicial, la actuación del Ministerio Público y los mecanismos constitucionales de revisión.
La decisión definitiva sobre el recurso permitirá establecer el desenlace de la impugnación presentada por la Fiscalía. Hasta que se conozca ese resultado, no corresponde dar por resuelto el conflicto ni atribuir responsabilidades definitivas más allá de las actuaciones documentadas en el proceso.
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