Santo Domingo, D.N.- La proximidad de una nueva etapa en la aplicación del Código Penal dominicano ha colocado al Congreso Nacional ante una decisión de especial importancia para el sector empresarial: aprobar a tiempo una modificación que permita a las compañías disponer de un período adicional para prepararse frente a las nuevas disposiciones sobre responsabilidad penal corporativa.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) solicitó a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, acelerar el conocimiento de un proyecto legislativo que propone extender por dos años el plazo para la entrada en vigor de esas disposiciones.
La petición se produce a pocos días del 5 de noviembre de 2026, fecha establecida para la aplicación de las normas que contemplan la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El sector empresarial considera que el tiempo disponible resulta insuficiente para completar los ajustes institucionales y organizativos necesarios.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es conceder a las empresas un margen de 24 meses para organizar sus programas de cumplimiento normativo, fortalecer los controles internos, establecer políticas de prevención y habilitar mecanismos para detectar y denunciar posibles irregularidades.
La iniciativa fue presentada por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, y recibió aprobación de urgencia en el Senado el 21 de octubre. Sin embargo, todavía necesita completar su trámite en la Cámara de Diputados y posteriormente recibir la promulgación del Poder Ejecutivo para convertirse en ley.
El debate tiene como antecedente la Ley núm. 74-25, que instituyó el nuevo Código Penal, modificada posteriormente por la Ley núm. 44-26. Esta última estableció un período diferido para la aplicación de las disposiciones relacionadas con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a fin de facilitar la preparación de los sectores involucrados.
La discusión no se limita a conceder más tiempo al empresariado. También plantea el desafío de establecer criterios claros para determinar en qué circunstancias una compañía puede responder penalmente por determinadas infracciones y cómo serán evaluados sus mecanismos de prevención y supervisión.
El CONEP considera necesario que las empresas, los jueces, los fiscales y los demás actores del sistema de justicia dispongan de condiciones adecuadas para aplicar estas normas de manera coherente, tomando en cuenta las diferencias de tamaño, actividad y nivel de riesgo de cada organización.
Con el 5 de noviembre cada vez más cerca, la Cámara de Diputados tiene ante sí la responsabilidad de decidir sobre una modificación cuyo desenlace determinará si las disposiciones sobre responsabilidad penal empresarial comienzan a aplicarse en la fecha prevista o si se concede la prórroga planteada por el sector privado.
No hay comentarios.
Publicar un comentario
Deje su comentario