Casi
finalizando el estudio del anteproyecto de la Ley de Extinción de Dominio, el
representante de La Romana recomienda que se sustituya por la ley modelo de las
Naciones Unidas.
Santo Domingo.- El senador Iván Silva sorprendió con su renuncia de la comisión bicameral que estudia los dos anteproyectos sobre ley de extinción de dominio. Justificó en una carta los motivos de su salida y anexó un análisis en el que recomienda al Congreso que desista de la discusión de estas piezas legislativas y pondere el modelo de las Naciones Unidas.
La comisión lleva estudiados 95 artículos
de 105 del proyecto que busca dotar a la Justicia dominicana de una ley que
facilite la confiscación de los bienes obtenidos a través de ilícitos como el
narcotráfico y la corrupción administrativa.
Para Silva estos anteproyectos, uno de los
senadores Félix Bautista, Yván Lorenzo y José Castillo Saviñón y otro de
Antonio Taveras Guzmán, son antijurídicos porque están enfocados en el derecho
penal, civil, comercial, tributario y administrativo.
Silva entiende que para que haya extinción
de dominio o expropiación de bienes, esta ley debe ser
independiente de todo derecho mencionado: "esta ley es de naturaleza
constitucional, independiente".
"Entendemos que una ley de extinción
de dominio tiene que ser independiente de todos los procesos
jurídicos en la actualidad, porque los mismos y la historia así lo afirman, han
fracasado frente a las violaciones al patrimonio del Estado dominicano y a los
crímenes y delitos trasnacionales que han sucedido en la actualidad",
sostuvo.
"No puede ser asignada a ninguno de los rangos de
leyes porque la misma se convierte en un híbrido entre los derechos", reiteró.
Señaló que los anteproyectos autoría de
sus colegas en el Senado son bien intencionados pero están mal enfocados.
"No queda claro los principios de
autonomía, de independencia, retroactividad, la imprescriptibilidad, presunción
de buena fe y así podemos seguir viendo en dicho anteproyecto que para una ley
de extinción de dominio este anteproyecto, mientras
tenga carácter penal y civil directamente a través de su procedimiento, no será
más que un proyecto bien intencionado pero no cumple con lo establecido con los
tratados internacionales de permanecer con la aplicación penal, civil,
tributaria, ya que el conjunto de legislaciones penales y civiles que recogen
todos los tratados internaciones no han sido capaces de dar al traste con
soluciones de distintas formas de delinquir nacional e internacionalmente, por
lo tanto es necesario seguir abundando sobre estos anteproyectos y poder
reorganizarlos en la dirección correcta".
La recomendación de Silva para el Congreso
Nacional es que abandone la discusión de los dos anteproyectos y
pondere la ley modelo sobre extinción de dominio de
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito, como una solución a
los problemas que adolece la legislación dominicana.
"Recomendamos que sea homologada por
el Congreso, con la opinión del Tribunal Constitucional, a fin de tener una
decisión al respecto de diferentes tópicos que la misma toca a la luz del
derecho constitucional e internacional", argumentó el legislador.
Además sugirió: "Recomendamos tomar
como punto de partida la experiencia colombiana, mexicana, peruana, que
tuvieron que asumir distintas modificaciones de los derechos internos,
contitucionales, específicamente para hacer operativa la ley de extinción
de dominio".
La ley modelo a la que hace referencia el
representante de la provinca de La Romana, consta de nueve capítulos que tratan
sobre aspectos generales, garantías procesales, aspectos procesales,
procedimiento, pruebas, nulidades, administración y destinación de bienes,
cooperación internacional y disposiciones finales. "Es una ley completa
que ataca desde el origen de la adquisión de los bienes", comentó.
Reacción.-
El
vicepresidente de la comisión bicameral,el diputado Elias Báez, dijo que el
senador Iván Silva se contradice así mismo en su análisis y que no entiende su
renuncia de la comisión a la que "casi nunca ha participado".
Para Báez resulta contradictorio que dijera que la ley de extinción de dominio debe ser desvinculada de todo derecho existente para evitar las estafas procesales.
Comisión
Bicameral.-
La comisión bicameral fue creada el pasado 15 de diciembre en
el Senado. La preside el senador Pedro Catrain y está integrada,
además, por los senadores Dionis Sánchez, Yván Lorenzo, Antonio Taveras Guzmán,
proponente principal de esa iniciativa; Milcíades Franjul, Faride Raful,
Franklin Rodríguez Garabitos y Cristóbal Venerado Castillo.
Por parte de la Cámara de Diputados está
integrada por Elías Báez, quien funge como vicepresidente; Shoraya Suárez,
Francisco Villegas Pérez, Pedro Tineo, Melvin Lara, José Ferreira, Darío Feliz
Feliz, Tobías Crespo, Miguel Bogaert, Rafael Augusto Castillo, Plutarco Pérez,
Luis Manuel Henríquez Beato, Ana Mercedes Rodríguez, Víctor Manuel Fadul y
Rogelio Alfonso Genao Lanza.
Iván
Silva y su renuncia de Comisión.- Sobre el entendido de que “lejos de ser
una reivindicación republicana, corre el enorme riesgo, con pocos remedios, de
ser una frustración jurídica, democrática” y que podría atentar contra la
convivencia, el senador perremeista por La Romana, Iván Silva renunció de la
comisión bicameral que estudia el Proyecto de Ley de Extinción de
Dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos.
A través de una carta, remitida a los
senadores Eduardo Estrella, presidente del Senado y
a Pedro Catrain, presidente de la comisión bicameral, el congresista le
comunica su “lamentable” decisión de renunciar a esa comitiva.
Argumenta en su misiva que tomó esa
decisión luego de leer un análisis encargado por él.
“Pesan mucho mis responsabilidades
políticas, sociales, democráticas, éticas y profesionales al momento de esta
indeseada noticia”, expresa lo que, asegura, le impide trabajar en ese proyecto
de ley.
Para él, entre las causas éticas y
políticas que le obligan a su renuncia figura que existen en esa iniciativa
omisiones que, a su entender, podrían impulsar realidades jurídicas
estructurales y nefastas, que han hecho inefectivas la prevención y la
represión contra la legitimación de capitales provenientes de delitos.
Por esas razones, Silva considera que esa
iniciativa debería estar desvinculada del Derecho Penal Civil, Administrativo,
Tributario y de cualquier otro Derecho.
El senador por La Romana cree que de esa
forma se evitarían las estafas procesales que llevaron a la quiebra fraudulenta
a tres bancos.
También expresó que “sufrimos la misma
estafa procesal con el caso de narcotráfico del ciudadano español Arturo del
Tiempo Marqués, condenado en su país”.
Se refirió a que al español, el Banco de
Reservas le concedió de forma privilegiada un préstamo por US$18,000,000.00, al
lograr un poder de la Presidencia de la República de entonces y teniendo como
única garantía la construcción de la Torre Atiemar.
Precisó que ese caso escandalizó el
proceder de los jueces y fiscales del sistema penal dominicano debido a que en
el país ni siquiera iniciaron diligencias para castigar a sus cómplices a nivel
nacional.
Aunque la carta se dio a conocer este jueves está fechada del 28 de abril pasado.



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