Escrito por
La Redacción.
noviembre 25, 2017
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Ha
quedado demostrado que «las empresas no tienen
nacionalidad, la nacionalidad está en su cuenta de resultados y en sus
accionistas, con los productos pasa algo similar», concluye el profesor de
Economía Joan Miquel Piqué.
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Joan Miquel Piqué y Pedro Aznar,
profesores de Economía e varias
universidades españolas.
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Madrid.- En Hamburgo, el
pasado mes de agosto, la cadena de
supermercados Edeka intentó mostrar cómo sería su oferta si
retiraba todos los productos que no fueran de exclusiva fabricación nacional y
sus estanterías quedaron casi vacías. La razón fue tan simple como que en cualquier artículo existía un proveedor fuera de sus límites
territoriales.
Y esa misma explicación es la que se
encuentra en la escasa repercusión que ha tenido el boicot a productos
fabricados en Cataluña a raíz de la declaración unilateral de independencia.
A pesar de que las redes sociales se han
llenado de propuestas alentando el inicio de campañas para dejar de comprar
artículos catalanes y se mencionaban marcas concretas de la práctica totalidad
de los sectores industriales e, incluso, de los servicios, las acciones de
boicot no han prosperado.
A diferencia de situaciones anteriores
en las que, a pesar de la no existencia de las redes sociales que ahora
facilitan enormemente la difusión masiva de este tipo de iniciativas y sí hubo
marcas catalanas que vieron cómo sus ventas se hundían en el resto de España,
en esta ocasión las circunstancias han sido distintas.
Los expertos lo atribuyen a la cada vez mayor fragmentación de la cadena de fabricación de
un producto y a la reticencia de los consumidores a
sacrificar sus preferencias en la compra ya sea por precio, calidad o
características añadidas como puede ser la ecología o los hábitos saludables y
los valores éticos.
«Es innegable que el proceso soberanista
y la situación política ha tenido y tiene negativas consecuencias económicas
para Cataluña, pero el boicot, si lo ha habido en algún momento ha sido
simbólico y tiene más de noticia que de realidad», sostiene el profesor de economía de EADA Business School, Joan Miquel Piqué.
A las primeras campañas que irrumpieron
en Twitter, muy especialmente, para atacar a las marcas
de alimentación catalanas surgieron voces de dirigentes empresariales
advirtiendo del nefasto efecto dominó que el boicot a los productos catalanes
podría desencadenar en la economía (empresas, servicios y empleo) de otras
regiones españolas. Madrid, Aragón, Andalucía,
Valencia y Galicia son las cinco autonomías con mayor
número de empresas y autónomos proveedores de las firmas catalanas.
Y, por su ubicación geográfica, y
teniendo en cuenta que en las relaciones comerciales la distancia aún sigue siendo
muy importante para el traslado de las mercancías, Cataluña mantiene estrechas
relaciones comerciales con Francia o Aragón y la Comunidad Valenciana, por
ejemplo.
De ahí que la Confederación de Empresarios de Aragón y su presidente,
Fernando Callizo, alertara del boicot. Las relaciones
comerciales entre Aragón y Cataluña se aproximan a los 15.000 millones anuales. Las empresas
aragonesas tienen en Cataluña a su primer cliente, por un importe de 4.163
millones, mientras que las catalanas venden a Aragón servicios y productos por
10.782 millones. Esta cifra supone cerca del 20% de las ventas de las empresas catalanas en el conjunto del
Estado, según datos de la patronal aragonesa. Las empresas
catalanas venden más a Aragón que a Francia, por poner un ejemplo.
Pero también se disparó la alerta
en Extremadura. En el pueblo de Miajadas, por
ejemplo, se cultiva todo el tomate con el que Nestlè, con sede en Esplugues de Llobregat
(Barcelona), fabrica la salsa Solís. O el
grupo Gallina Blanca Star ha
hecho de su planta en la misma localidad cacereña el centro de referencia
mundial de caldos de esta multinacional catalana de capital familiar. El
secretario general de la Confederación Regional
Empresarial Extremeña (CREEX), Javier Peinado, avisó: habrá
«efecto boomerang a medio plazo» porque «no todo es enraizado en Cataluña» y «no se puede fomentar el boicot a los productos catalanes, que son,
en definitiva, productos españoles».
Las empresas catalanas se relacionan
comercialmente con España en el mismo grado que con el resto del mundo y buscan
sus proveedores con las mismas probabilidades en cualquier parte porque lo que
quiere es el mejor servicio y al mejor precio y calidad. Las ventas que generan
el PIB catalán están repartidas a tercios entre el mercado catalán, el resto de
España y el resto del mundo.
Ello demuestra que «las sedes sociales de las empresas son sólo hoy en día un eslabón
más de un engranaje empresarial más amplio que tiene
muchas más partes y que pueden estar radicadas en localizaciones muy distintas
y en un ámbito internacional», «lo exclusivamente local ya no existe, incluso
ni para las más pequeñas firmas porque los proveedores de servicios también se
han globalizado», explica Pedro Aznar, profesor del
Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de ESADE.
La irrupción de la TIC en la industria y
los servicios ha permitido que la fragmentación y la externalización total o
parcial de la cadena de valor sea a escala internacional, explica Josep Lladós, profesor de Estudios de Economía y Empresa de la UOC.
El académico expone que la fragmentación
está estrechamente relacionada con la inversión directa exterior y, en
Cataluña, esta circunstancia se da especialmente en el sector alimentario que
es, a su vez, en el que más fácilmente se promueven las campañas de boicot
porque son las más masivas a nivel de consumidor, «cuando en realidad estas
marcas son hoy en día transnacionales, prácticamente no quedan productos
alimentarios locales de gran escala».
Insiste por su parte Pedro Aznar en que, además, la de Cataluña es
una economía muy abierta. En los nueve primeros meses de 2017 el valor de las
exportaciones catalanas de mercancías se ha situado en 52.677 millones de
euros, lo que significa un avance del 8,4% respecto al mismo período de 2016.
Debido al gran número de proveedores que
hay en un mismo producto, la probabilidad de acertar a la hora de censurar un
artículo es muy baja. «Nuestra capacidad de rastrear sobre la nacionalidad de
un producto es cada vez más difícil», manifiesta Joan Miquel Piqué.
Asegura que decisiones arriesgadas, como
promover un boicot siempre pueden tomarse, «pero
pueden derivar en efectos secundarios importantes y nefastos» como
ha ocurrido con otros aspectos del procés y sino véase el traslado de sedes
sociales que ha habido en Cataluña en los últimos dos meses.
Ha quedado demostrado que «las empresas no tienen nacionalidad, la nacionalidad está en su
cuenta de resultados y en sus accionistas, con los productos pasa algo
similar», concluye Piqué.
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