Escrito por
La Redacción.
noviembre 25, 2017
-
0
Comentarios
Los
republicanos se proponen burlar las suspensiones del Constitucional sobre leyes
como la de pobreza energética. Esquerra intenta vincular la secesión con
la mejora del Estado de bienestar para ampliar base y atraer a los 'comuns'.
 |
La secretaria general de ERC, Marta Rovira.
|
Barcelona.- ¿Qué sucederá
si el bloque independentista vence las elecciones? Esa sería más o menos la
pregunta que se esparce en los mentideros secesionistas, aun despistados por
la proclamación pero no aplicación de
la declaración de independencia.
En lo simbólico, la legislatura
catalana, abortada por Mariano
Rajoy el 27 de octubre, ya alcanzó el cénit secesionista
con la proclamación de la nueva república, por lo que ulteriores unilateralidades
en este campo se antojan difíciles.
Tanto es así, que tanto el PDECat como ERC no se
esconden en afirmar que la independencia, si se da, será fruto de un pacto con el Estado, es decir,
bilateral. Los republicanos afirman, de hecho, que ese siempre ha sido el plan,
que la unilateralidad no es un estado político deseado, sino que ha venido
determinado por la negativa del Gobierno a sentarse a negociar cualquier
escenario que superase la Constitución.
De hecho, todas las acciones del Govern
han ido encaminadas más a forzar a sentarse a Rajoy a negociar un referéndum
que a creer que, por su cuenta, podría convertir Catalunya en un estado.
Finalmente, Esquerra no se cansa en afirmar que incluso en el más unilateral de
los escenarios incluía, como final de fiesta, una negociación con el
Estado para el reparto de activos y pasivo y el asunto de la deuda
soberana que tiene contraída el Reino de España y que ya supera el 100%
del PIB.
Sin
cuerpo para jotas.- La
implacable acción del Ejecutivo central, tanto en la versión policial, con su
brutal persecución de las urnas el 1-O, como en la judicial, con
todos los encarcelados, dejan en el cuerpo independentistas pocos ánimos de más
jotas simbólicas. Ni se puede hacer más que la ya declarada independencia, ni
es prudente hacerlo.
ERC, favorita en las encuestas, se halla
en pleno proceso de redacción de su programa electoral que combina con la
negociación con PDECat y CUP de una serie de puntos comunes
que den consistencia a la idea de frente unitario.
Como ya avanzó
este diario la semana pasada, los republicanos apuestan por “dotar
de contenido” a la nueva república. Es decir, sacar adelante en el Parlament un
listado de iniciativas de carácter social que sirvan para identificar
la independencia de Catalunya con el bienestar de la sociedad.
Pero es que Esquerra quiere ir más allá.
Lejos de desafiar al Estado con nuevas declaraciones de carácter simbólico
quiere llevar hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta la desobediencia
de las leyes españolas, su defensa de las medidas sociales que puedan aprobarse
o, es más, que ya hayan sido sancionadas por el Parlament. Se trataría de dar
un rodeo por las carpetas sociales y desarrollar una ‘unilateralidad
social’. El independentismo no tiene previsto volver a los cuarteles de
invierno ni abrazar un nuevo autonomismo.
Pobreza
energética.- Los
motivos son variados y, de hecho, ya fue propuesta por los republicanos cuando
el Gobierno recurrió la ley de
pobreza energética al Tribunal Constitucional, que acarreó
la automática suspensión.
El más obvio es la de vincular el pulso
con el Estado con medidas que afectan directamente a la población y poner al
Ejecutivo en un brete. No es lo mismo arremeter contra quien declara la
independencia que contra los que promueven que nadie se quede sin calefacción
en invierno. O los que apuestan por la renta garantizada e, incluso, los
que buscan la racionalidad mediante una reforma horaria.
Hay otra más política. Y tiene relación
con los ‘comuns’, un partido que tiene como ‘lideresa’ indiscutida a Ada Colau, la hoy
alcaldesa que construyó el aura que la aupó al edificio Este de la plaza
de Sant Jaume precisamente sobre la
desobediencia social, en su caso, con los desahucios.
Queda claro que los ‘comuns’ no apoyarán
nunca una declaración de independencia y que su apuesta es un referéndum
pactado. Pero, si el nuevo Govern da el rodeo social para desafiar el Estado,
¿de qué parte se pondrán? ¿Puede la fuerza de Ada Colau renegar de la
aplicación ilegal de la ley de pobreza energética?
Previsibles
fisuras internas.- Otra
cosa es que el hecho de abandonar los simbolismos y pasar a debatir de lo que
afecta de pleno a los ciudadanos pase factura interna en el frente
independentista.
El grupo parlamentario de Junts per
Catalunya obedecerá, presuntamente, las directrices del PDECat en un momento en
el que su coordinadora general, Marta
Pascal, se ha fijado como gran objetivo recalcar el perfil
propio de los posconvergentes, tras años de excesivo contacto, y ellos temen
que contagio, tanto con republicanos como con anticapitalistas.
Y marcar perfil significa, obviamente,
distanciarse de los postulados de ERC y CUP. Por el otro lado, los propios
anticapitalistas que hacen bandera de la desobediencia total. Y entre unos y
otros, ERC, que busca ser la nueva
viga maestra del catalanismo, es decir, el morador del llamado
gran espacio central, y, a la vez, mantener su talante izquierdoso.
Subráyese que todo el relato se sustenta
sobre una eventual mayoría parlamentaria independentista y, obviamente, por eso
es su escenario, una victoria de ERC sobre JxC. ¿Y el 50%? Esquerra ve más
que posible que se alcance y, si llega, es palmaria que dotaría al discurso
independentista de un gran espaldarazo moral sobre todo cara a las cancillerías
internacionales.
Pero el objetivo primario de ERC es el
triunfo en escaños del secesionismo que renueve el mandato democrático del
27-S.
Hay quien sospecha en la sede de
la calle de Calàbria que
conseguir el 50% es imprescindible justo hasta que se consiga, y que si se
alcanza esa variable desaparecerá del discurso constitucionalista como por arte
de magia. Pero las mayorías parlamentaria quedan ahí.
No hay comentarios.
Publicar un comentario
Deje su comentario