Escrito por
La Redacción.
agosto 07, 2017
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El español Josy Fernández se enfrenta a 15 meses de
cárcel por no impedir las manifestaciones opositoras en su ciudad.
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Antonio
Ledezma, el opositor alcalde de Caracas,
protesta
frente a la embajada de Portugal.
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El Tribunal Supremo se ha
convertido en el ariete para derribar a los alcaldes elegidos en los comicios
de 2013 y barrer a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de uno de sus últimos
bastiones institucionales. Además del caso más conocido, el alcalde
metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, en arresto domiciliario, dos ediles
han sido condenados a 15 meses de cárcel en las últimas dos semanas y hasta 14
están encausados por permitir las manifestaciones contra el Gobierno que se
suceden desde el pasado 1 de abril.
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Josy
Fernández, alcalde de
San
Antonio de los Altos
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Uno de ellos es Josy Fernández, alcalde de San Antonio de los Altos, un
municipio de 110.000 habitantes a 10 kilómetros de la capital. Fernández, del
partido opositor Primero Justicia, está citado para este martes por el tribunal
y, en conversación telefónica con la prensa internacional, asegura que aún no ha decidido si
acudirá. Califica de “absolutamente inconstitucional y al margen de la ley” el
procedimiento abierto contra él y denuncia que sus abogados ni siquiera han
podido acceder al expediente.
La acusación se basa en el
testimonio de cuatro miembros del oficialista Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) que no viven en su ciudad y que sostienen que las
protestas les impidieron el paso. “La denuncia es un corta y pega, tanto que ni
siquiera se han molestado en cambiar el nombre de la localidad y me imputan no
prohibir las manifestaciones en Baruta, un municipio que no es el mío”, alega
Fernández.
El alcalde justifica la
movilización de sus vecinos por la situación desesperada que vive la población,
con escasez de alimentos y medicinas y una inflación del 5000%, pero asegura
disponer de vídeos que demuestran que las manifestaciones no alteraron en
ningún momento la movilidad.
No confía en que sus
argumentos sean considerados. El alcalde de Iribarren, Ramón Alfredo Ramos, fue
capturado el pasado día 28 por el Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política de Maduro, y otros
cuatro ediles, incursos en el mismo procedimiento, están en busca y captura.
Además de acabar en la cárcel, se enfrenta a la destitución de un cargo para el
que fue elegido con el 78% de los votos.
Fernández es uno de los casi
200.000 venezolanos con nacionalidad española. Hasta los 18 años vivió en el
municipio de Chantada (Lugo), de donde procede su familia. La última vez que
estuvo en España fue hace tres meses, pero tuvo que regresar precipitadamente a
Venezuela ante el deterioro de la situación. Tiene pasaporte español, al igual
que sus dos hijos, pero no parece que eso pueda servirle de mucho: media docena
de españoles llevan meses en las cárceles de Maduro, incluido el exlíder
estudiantil Yon Goicoechea, pese a que se ha archivado la acusación contra él,
y otros 20 han sido detenidos en la última oleada de manifestaciones.
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