Escrito por
La Redacción.
agosto 24, 2017
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El acompañante de Cándido Ríos era el objetivo del ataque, según
Gobernación.
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| Cándido Ríos |
Su muerte es la novena de un reportero
en México este año. La décima, si se cuenta al michoacano Salvador Adame, cuya
desaparición fue denunciada por su esposa. El asesinato de Ríos cuestiona la
eficacia de los mecanismos de protección de periodistas del Gobierno, al que
estaba adscrito.
De los últimos fallecidos, tres de ellos
contaban con medidas de protección. En otros dos casos fallecieron sus escoltas
cuando intentaban evitar su muerte. El Ejecutivo niega que la muerte de Ríos
tenga relación con su profesión.
El asesinato de Cándido Ríos es el decimoséptimo que se produce desde 2011 en
Veracruz, de ocho millones de habitantes y con un largo historial en agresiones
a comunicadores.
Estaba acompañado de otras dos personas
–uno de ellos, un expolicía- cerca de una tienda de comestibles cuando fue
acribillado por desconocidos. Ríos, que cubría la fuente policial desde hacía
diez años, trabajaba para el Diario de Acayucan y formaba parte de un programa
gubernamental de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
"Todos los
indicios apuntan a que el ataque no está vinculado con el periodista; todos los
indicios apuntan a que se trató de un ataque contra otra persona y sus
escoltas", ha asegurado este miércoles el subsecretario de Gobernación,
Roberto Campa.
Sin embargo, para la hija del
periodista, Cristina Ríos Nieves, su padre fue asesinado por ejercer el oficio
de informar. "A través de esa actividad periodística él desenmascaraba,
acusaba a personas poderosas, a caciques del pueblo", comentó durante el
funeral en su casa.
La vivienda de
Ríos tenía cámaras de seguridad, rejas con alambres de púas y la policía local
hacía recorridos de vigilancia. Estas medidas eran parte del Mecanismo de
Protección de Periodistas del Gobierno Federal al que se había acogido desde
2012. A pesar de todo ello el funcionario rechazó que la
muerte de Ríos muestra del fracaso de los mecanismos de protección aunque pidió
una "revisión de los mismos".
Tras el
asesinato del conocido periodista Javier Valdez en
el mes de mayo, el Gobierno de Enrique Peña Nieto anunció más recursos, más
medios y más medidas de protección. Sin embargo, estas no se están aplicando o
quien las recibe, como en el caso de Cándido Ríos, no funcionan.
Según diversos medios locales, la medida
de protección con la que contaba el periodista de Veracruz era un teléfono
satélite con un botón de alerta conectado con la policía. La Comisión Estatal
de Protección a Periodistas confirmó que el reportero había denunciado amenazas
en su contra del exalcalde desde 2012, quien le dijo en más de una ocasión:
“Pinche reportero, te voy a matar”.
El mecanismo de
protección para defensores de derechos humanos y periodistas, creado a mediados
de 2012 con el fin de proteger a quienes por el desempeño de su labor
estuviesen en riesgo, no ha logrado frenar las
agresiones y sigue presentando fallas en su implementación, según las
acusaciones periodistas y activistas acogidos a los distintos métodos de
seguridad, informa Zorayda
Gallegos.
Las fallas técnicas en algunos de los
equipos, como teléfonos y botones de pánico y la burocracia para acceder a
alguna de las medidas proporcionadas por el Gobierno mexicano son las quejas
principales que continúan prevaleciendo a cinco años de su implementación.
Actualmente hay alrededor de 500
personas acogidas a algunas de las medidas que consisten en escoltas,
teléfonos, botones de pánico, atención psicológica, curso de autoprotección, rondines,
resguardo de inmuebles, reubicación temporal y apoyo para alimentación, entre
otras.
Ríos había
elegido que lo protegiera el Gobierno central y no el de Veracruz, gobernado
hasta diciembre por el hoy encarcelado Javier Duarte. “El propio Ríos eligió
que lo protegiera el Gobierno Federal y nosotros (Veracruz) le damos asesoría
legal, cursos, formación, pero la protección física dependía de la Secretaría
de Gobernación”, explica Anal Laura Pérez responsable del programa de
protección a Periodistas de Veracruz.
Actualmente, unos 70 periodistas de
Veracruz se han acogido a este programa de protección. 18 de ellos cuentan con
medidas físicas (cámaras, micrófonos, botones de pánico, escoltas) y otros 50
pertenecen al segundo grupo.
El periodista
cubría la fuente policial y en sus informaciones era muy crítico con el
anterior alcalde de su pueblo, Gaspar Gómez, y lo culpaba de cualquier cosa que
pudiera pasarle. "En casa estaba protegido pero fuera "él
estaba totalmente desprotegido. Siempre (sufría amenazas) y creo que en el
fondo él sabía que esto iba a pasar. Indirectamente nos preparó para
esto", agregó su hija. El periodista asesinado investigó y documentó cómo,
cuando era alcalde, Gómez daba contratos para obras públicas a sus propias
empresas areneras y cementeras
Fuentes cercanas
a la investigación confirmaron que es esa es la principal línea de
investigación. La otra tiene que ver con su acompañante ejecutado, un expolicía
con el que se había encontrado minutos antes de la ejecución.
Lo que para un periodista que cubre la
fuente policial es algo normal, reunirse con policías retirados o en activo,
para la fiscalía se ha convertido en otra línea de investigación.
Hace menos de
una semana, Artículo 19, organización que denuncia agresiones y amenazas a
periodistas, informaba de que el primer semestre de 2017 había sido
especialmente nefasto en México. Además de los asesinatos, la organización
había documentado 276 agresiones y amenazas a reporteros, una y media al día,
52 más que en los primeros seis meses de 2016. Juan Vázquez, uno de los
investigadores, explicaba que la impunidad era, como siempre, uno de los
principales problemas. "No hay un solo detenido por ninguno de los
periodistas asesinados este año.
A pesar del compromiso público, no se ve
una actitud distinta ni un cambio en la manera de actuar".
La violencia
afecta al gremio en todo el país, aunque especialmente a los reporteros que
trabajan en provincia. De los nueve asesinados este año, ninguno vivía en la
capital. En la Ciudad de México, las amenazas son habituales.
La semana pasada, un usuario de Twitter
colgó un vídeo en el que disparaba una fotografía del reportero Héctor De
Mauleón. Cronista de la historia y los bajos fondos de la ciudad, De Mauleón denuncia
continuamente a los capos del narcotráfico locales y su cercanía al poder.
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