Escrito por
La Redacción.
agosto 01, 2017
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Nicolás Maduro,
su esposa Cilia Flores
y parte de sus
seguidores la noche del
domingo tras
la jornada electoral.
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CARACAS.- La presión
internacional sobre Venezuela es una montaña rusa.
Constantes subidas y bajadas, giros inesperados y una permanente sensación de
que todo es posible antes de volver al mismo punto, eso sí, con otra sacudida
de por medio. Ahora, después de las elecciones a la Asamblea
Nacional Constituyente, encarrila un nuevo pico.
El híbrido que se esconde tras la comunidad
internacional, que va desde la mayor potencia mundial hasta la Unión Europea,
pasando por los países más poderosos América Latina, ha intensificado el
aislamiento de Venezuela y estudia las consecuencias de aplicar sanciones que vayan más allá de los comunicados de condena al
chavismo y evitar que este saque réditos.
Estados Unidos incluyó a Maduro en la lista de
sancionados por el Departamento del Tesoro. Mientras el tiempo pasa, lo único
que no tiene freno es el número de muertos y la insostenible crisis humanitaria
que se vive en Venezuela.
Las críticas a las elecciones del domingo no se
hicieron esperar. Muchos países ya habían condenado la celebración de los
comicios. Algunos incluso anunciaron de antemano que no reconocerían los
resultados. Otros, lo hicieron después. Hasta el mediodía del lunes se habían
pronunciado al menos 27 países sobre la jornada electoral en la que el chavismo
anunció una rotunda victoria, con más de ocho millones de votos. Tan abultada
resultó que los ataques ya no solo se limitaron a la mera consumación de la
Constituyente, sino que pusieron en duda al Consejo Nacional Electoral y la
posibilidad de que Maduro haya
logrado un triunfo similar al de Hugo Chávez en 2012.
De esos 27 países, 19 —entre ellos 11 de
los 16 principales socios comerciales— condenaron los resultados, aseguraron que no los
reconocerían o pidieron que se reconsiderara la Asamblea Constituyente. Solo
cinco —Bolivia,
Nicaragua, Cuba, Ecuador y El Salvador— la avalaron.
República Dominicana resultó, una vez
más, ambigua y Uruguay insistió en la necesidad de iniciar un diálogo sin
condenar la elección. Entre los principales aliados de Venezuela fuera de
América Latina, China y Rusia, solo el Gobierno de Putin se pronunció en la
mañana del lunes de lo sucedido la víspera, con un mensaje dirigido al resto de
países: "Esperamos que en la situación de Venezuela no intervengan actores
externos".
Las principales potencias de
América Latina han dado buena cuenta en los últimos meses de que no quieren
permitir la consolidación de un régimen autoritario en la región en la segunda
década del siglo XXI.
Desde hace meses, México, Colombia y
Argentina, entre otros, han abanderado el liderazgo de la región en distintos
escenarios. Las dudas se ciernen ahora sobre las implicaciones que
pueden llegar a tener mayores sanciones que las meras condenas y en qué se
concretarán.
"Hasta ahora los esfuerzos
diplomáticos no han sido muy fructíferos, pero se auguran semanas de alta
intensidad", considera Mariano de Alba, abogado venezolano especialista en
derecho internacional y relaciones internacionales.
La reunión de cancilleres
latinoamericanos que Perú ha convocado para la próxima semana al margen de la Organización de Estados Americanos (OEA), y a la que
han confirmado asistencia al menos 11 países, pretende lograr una posición
unánime para adoptar medidas contundentes más allá de otro comunicado de
rechazo. Para entonces, el chavismo habrá instalado la Asamblea Nacional
Constituyente, por lo que el escenario será todavía más impredecible.
Los países de la región
críticos con la deriva de Nicolás Maduro han insistido en que seguirán
reconociendo a la disuelta Asamblea Nacional, electa en 2015 con 14 millones de
votos y a la fiscal general que, como todo parece indicar, será destituida.
Además, estudian la posibilidad de
adoptar otro tipo de medidas, como la retirada de sus embajadores, la expulsión
de funcionarios chavistas de sus países o la cancelación de relaciones
diplomáticas con el Gobierno de Maduro o el que surgiese a partir de la
instalación de la Constituyente.
El siguiente paso, el más
controvertido, sería aplicar sanciones económicas o comerciales y seguir el
camino de Estados Unidos, que ya ha amenazado con ellas, empezando por el
sector petrolero. Los analistas dan por hecho que se concretarán en los
próximos días. De momento, este lunes, el Departamento del Tesoro incluyó a
Nicolás Maduro en la lista de sancionados.
El fondo de inversión Torino
Capital, cuyo economista jefe es el venezolano Francisco Rodríguez, uno de los
más reconocidos en el país —también de los más optimistas— considera
en su último informe que las sanciones contra las exportaciones petroleras
tendrían un impacto sobre el PIB venezolano.
"En un escenario conservador
estimamos que se podría contraer en 11 puntos y que las sanciones afectarán al
57% de las exportaciones totales", asegura el informe de Torino, cuyas
estimaciones apuntan a que el domingo votaron 3,6 millones de personas, un
millón menos de los cálculos de la oposición y a años luz de los 8,1 millones
del CNE.
Las consecuencias de estas
sanciones pueden resultar, no obstante, demoledoras para una sociedad que
agoniza. "Venezuela está en una situación tan delicada que de la crisis
humanitaria se puede pasar a tragedia humanitaria si las sanciones son muy
duras", opina Rodríguez. "Hay riesgo de que sean contraproducentes,
porque el Gobierno las podría utilizar para ahondar en la caracterización de la
oposición como un grupo que intenta hacer daño al país". Una encuesta
reciente de Torino Capital con Datanalisis aseguraba que el 63,3% de los
venezolanos se oponía a las sanciones estadounidenses.
La comunidad internacional
afronta un escenario prácticamente inédito. Mariano de Alba considera que hay
dos precedentes similares de procesos no reconocidos, la adhesión de Crimea a
Rusia y, en el caso de América Latina, el golpe de Estado en Honduras.
Entonces, Estados Unidos y la Unión Europea aseguraron que no reconocerían las
elecciones previstas tras el derrocamiento de Manuel Zelaya. La presión sirvió
para que se lograse un acuerdo entre el presidente depuesto y Roberto
Micheletti, que se hizo cargo tras el golpe, para la celebración de elecciones.
Aunque el pacto fue rechazado después por Zelaya, la comunidad internacional
consideró válidos los comicios que dieron la presidencia a Porfirio Lobo.
Lograr un escenario así, que dé pie al inicio de un diálogo creíble en
Venezuela es el fin último de la comunidad internacional, que da constantes
vueltas en esta montaña rusa de caos, sangre y hambre mientras Maduro se
muestra impertérrito.


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