Escrito por
La Redacción.
julio 11, 2017
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El Departamento de Estado inicia proceso para quitar
visado a imputados caso Odebrecht.
Santo
Domingo.-Estados Unidos inició
el proceso para eliminar el visado a los imputados por el caso de sobornos de
Odebrecht que están en libertad, mientras que un grupo de los fiscales que
trabajaron el caso en ese país vendrán a darle apoyo a la Procuraduría para la
instrumentación del expediente acusatorio.
El Departamento de
Justicia de Estados Unidos tramitó la cancelación del visado de los imputados,
exceptuando a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, quienes aún guardan prisión, y
del senador Tommy Galán, quien tiene la doble nacionalidad (dominicana y
estadounidense). Tampoco se le retiró a Bernardo Castellanos, quien se
encuentra prófugo y en su contra está vigente una orden internacional de
captura.
El equipo de
fiscales que vendrá al país a asistir a la Procuraduría General de la República
llegará en esta semana, dentro del marco de cooperación internacional.
Una fuente explicó
que estos son parte del equipo que trabajó en Estados Unidos el caso de las
prácticas ilegales de la empresa constructora brasileña para obtener contratos
en unos doce países, incluyendo República Dominicana.
La decisión de las
autoridades norteamericanas de retirar el visado a los dominicanos acusados por
el Ministerio Público dominicano empezó a serles notificada a los afectados
durante el fin de semana.
La apelación.- El
procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo ayer esperar que
los imputados a los que el domingo se les eliminó la prisión preventiva como
medida de coerción no afecten las investigaciones locales, debido a maniobras
que puedan realizar algunos de los involucrados con “la finalidad de
obstruirlas e incluso para sustraerse del proceso”.
En una declaración
escrita, el jefe del Ministerio Público dijo respetar la decisión de los jueces
de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que varió las medidas de
coerción a varios de los implicados en el caso de los sobornos pagados por
Odebrecht, pero reiteró sus temores de que la misma pueda afectar las
investigaciones.
La investigación.- Rodríguez consideró que la misma decisión del tribunal de mantener
medida de coerción contra todos los implicados, incluyendo prisión preventiva
contra dos de ellos, es “un reconocimiento irrefutable a la calidad del trabajo
investigativo realizado hasta el momento”.
El procurador
resaltó que por esto la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia
rechazó todas las objeciones presentadas por los abogados defensores de los
involucrados contra las diligencias investigativas realizadas por el organismo
de persecución penal que encabeza, incluyendo la improcedente solicitud de que
fueran declarados ilegales los arrestos efectuados el 29 de mayo del presente
año.
Rodríguez calificó
de extemporáneas las motivaciones para el voto disidente de la jueza Miriam
Germán Brito, en razón de que en la etapa procesal en que se encuentra este
caso, que son para medidas de coerción, las evidencias obtenidas hasta el
momento son más que suficientes para dictar o mantener medidas de coerción,
como al efecto las dictó el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega
Polanco. Indicó que el pronunciamiento de la magistrada Germán Brito
corresponde más bien para cuando se efectúe el juicio preliminar o el de fondo.
Variación de medidas.- La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia varió la
medida de coerción de prisión preventiva a garantía económica para Temístocles
Montás, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga, César Sánchez y Ruddy González.
Mantuvo la prisión
preventiva de un año para el empresario Ángel Rondón y de nueve meses para
Víctor Díaz Rúa. Cambió la prisión domiciliaria por el pago de fianza a
Radhamés Segura. Mantuvo el impedimento de salida contra el diputado opositor
Alfredo Pacheco.
Varios
países cooperarán en las pesquisas.- El Procurador manifestó que el Ministerio Público se auxiliará de la
cooperación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Ministerio
Público de Brasil, así como de otras autoridades de naciones europeas y
latinoamericanas para continuar las investigaciones del caso.
Dijo que con esa
cooperación se busca obtener evidencias adicionales a las que se poseen hasta
el momento, las cuales se harán valer al momento de presentación formal de las
acusaciones en contra de los imputados, para lo cual tiene un plazo de ocho
meses.
Reafirmó que
mediante esta ampliación y profundización de la investigación también se
persigue establecer con precisión si otras personas comprometieron su
responsabilidad penal en el entramado de sobornos que Odebrecht desarrolló en
el país, garantizando que quienes sea que resulten involucrados, tal como se ha
hecho y corresponde, también serán puestos a disposición de la Justicia.
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