Escrito por
La Redacción.
julio 11, 2017
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Seguidores del presidente Maduro se
manifiestan
este lunes en Caracas contra el desafío de
la
oposición venezolana.
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CARACAS.- Amnistía
Internacional (AI) y el Foro Penal Venezolano confirmaron este lunes que los 100
días de protestas estuvieron acompañados de graves violaciones a los derechos
humanos. Desde torturas y detenciones selectivas hasta abusos sexuales
denunciados ante la Fiscalía, todo ello dentro de una "estrategia
planificada por parte del Gobierno de utilizar violencia y fuerza ilegítima
contra la población para neutralizar cualquier crítica", sostuvo Erika
Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Violaciones que en
su propia piel sufren desde hace meses los 19 "rehenes" del Gobierno
y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que permanecen encarcelados
en Caracas pese a que los jueces han decretado su libertad. Catorce de ellos, policías
del municipio caraqueño de Chacao, cumplen 17 días de huelga de hambre y casi
un año con su libertad no ejecutada. "Nuestro cuerpo está
débil, pero nuestra alma y convicción de justicia y libertad está
intacta", transmitieron este lunes a través de sus familiares.
Los agentes fueron
detenidos acusados de participar en la muerte de un periodista revolucionario.
Todas las pruebas confirman que nada tienen que ver en un crimen que, según los
investigadores, es obra del hampa, como tantos otros en Caracas.
"El poder de detenerlos y liberarlos lo
tiene el vicepresidente (Tareck El Aissami es legalmente la máxima autoridad
del Sebin) y el Ejecutivo",
protestó ayer Alfredo Romero, director del Foro Civil, señalando directamente a
Maduro y a su mano derecha en el Gobierno.
La Fiscalía
General de la República también ha intercedido por ellos con una acción de
restitución de libertad, al igual que los otros cinco civiles, entre quienes se
encuentra el hispanovenezolano Yon Goicoechea, dirigente de Voluntad Popular
(VP), partido de Leopoldo López.
"Mi situación
es asfixiante. Yo ni siquiera tengo el consuelo de poder contar el tiempo,
porque yo puedo estar aquí una semana o toda la vida. No tengo sentencia, no se
me acusa formalmente de ningún delito, ya tengo una orden de libertad desde
hace meses. Mi
situación no es la de un procesado judicial, sino la de un secuestrado",
explicó Goicoechea a preguntas periodística.
Este dirigente
opositor concita las iras del chavismo desde que en 2007 encabezara el
movimiento estudiantil que derrotó a Hugo Chávez en un referéndum
constitucional.
Grotesco, inexplicable, increíble.- Los calificativos se estiran entre abogados y
defensores de derechos humanos para explicar la situación de 19 personas que
deberían estar en la calle desde hace meses. Como el propio Goicoechea, que posee su
excarcelación desde octubre tras demostrar su abogado que las acusaciones
contra él eran falsas.
Para hacerlo aún
más rocambolesco, la vicefiscal nombrada ilegalmente por el Supremo
"debutó" este lunes con un escrito de revisión de medidas desde su
búnker en el Tribunal Supremo. Katherine Harington se coló el viernes pasado en
la sede de la Fiscalía escondida en el maletero de un vehículo. Fue expulsada a
los pocos minutos.
Romero insistió en
otra cifra: 431.
Son los presos políticos que hay actualmente en Venezuela, cuando todavía queda por saber qué
pasará con las 1.140 personas que permanecen encarceladas de las 3.666 que
fueron detenidas por las protestas.
Fue precisamente
Romero quien dio
a conocer los casos de abusos sexuales contra cinco universitarias de Maracay. "Las manosearon dentro de las
blusas con los sostenes abiertos, incluso trataron de introducir objetos en sus
zonas íntimas sin quitarles la ropa. Eso lo tienen los tribunales y la
Fiscalía", añadió el director del Foro Penal.
El balance general
al cumplirse 100 días de protestas sirve para medir la dimensión de la rebelión
popular en Venezuela. Según el Observatorio de la Conflictividad Social, se
llevaron a cabo 4.182 manifestaciones, 42 por día, no sólo políticas, también
para demandar alimentos y medicinas. Las cifras oficiales de la Fiscalía
sostienen que son 92 las víctimas mortales, pero las del Observatorio las
elevan hasta 111.
En su informe, AI
destaca que el hecho de que quienes opinan diferente sean las únicas personas a
las que se tilda de terroristas, a quienes se impide protestar y contra los que
se usa una "fuerza ilegítima", es prueba de una "estrategia para
silenciar el creciente descontento social en Venezuela".
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