Escrito por
La Redacción.
julio 07, 2017
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La vicefiscal Katherine
Harrington intenta entrar
en la sede del
Ministerio Público en Caracas.
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La condena por el ataque a la Asamblea Nacional ha unido al chavismo crítico y a la oposición.
CARACAS.- Un
día después del asalto de un grupo chavista a la Asamblea Nacional, que dejó
varios diputados heridos, la indignación de la oposición venezolana crecía este
jueves arropada por las condenas de los Gobiernos de América Latina y Europa, y
paralelamente ahondaba las brechas en el chavismo.
Además, la cercanía de la
elección, el día 30, de una Asamblea Constituyente con la que Nicolás Maduro
pretende cambiar la Carta Magna y desactivar a la oposición, agudiza el
enfrentamiento entre ambas partes. Sin diálogo político, Venezuela se asoma al
abismo.
La condena por el ataque al Parlamento, en el que entraron el miércoles con
palos y cuchillos decenas de manifestantes partidarios de Maduro, ha unido al
chavismo crítico y a la oposición. Varios exministros del Gobierno de Hugo
Chávez han calificado la violenta incursión y el posterior asedio al edificio,
que se extendió durante horas, como una expresión que nada tiene que ver con el
legado del fallecido líder bolivariano.
En esa soterrada
disputa por deslindar la herencia de Chávez de la deriva del presidente Nicolás
Maduro, el último en sumarse a la lista de desertores ha sido el exministro de
Finanzas Rodrigo Cabezas. “Ese salvajismo primitivo e irracional no es
venezolano y, por tanto, tampoco del pueblo que siguió a Chávez”, afirmó.
La tensión entre
críticos del chavismo y el régimen se agudiza. La fiscalía negó este jueves la
entrada a su sede a la vicefiscal general, Katherine Harrington, designada por
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), bajo control del Gobierno, y a la que no
reconoce la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ahora una de las voces más
críticas con el Ejecutivo.
Vías paralelas.- La llegada de Harrington, que figura en una lista de sancionados del
régimen por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue todo un culebrón
seguido por reporteros y televisiones. La nueva vicefiscal dejó en la verja del
edificio una carta firmada por el presidente de la Sala Constitucional, Juan
José Mendoza, para notificar la sentencia que avala su nombramiento. Ante la
tensión, Ortega Díaz se adelantó a responsabilizar al Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional y a la Guardia Nacional de lo que pueda ocurrir a los
trabajadores de la fiscalía. “Denunciamos la pretensión arbitraria de la
vicefiscal nombrada por el TSJ de ingresar al ministerio público”, escribió
Ortega Díaz en Twitter.
La puesta en
escena revela hasta qué punto en Venezuela están confluyendo vías
institucionales paralelas. La del Supremo y el Gobierno, por un lado, que
rechazan y consideran ilegales todos los actos de la Asamblea Nacional; y, por
el otro, la de la fiscalía y el Parlamento, que, a pesar de las circunstancias,
se aferran a sus competencias e intentan buscar fórmulas legales para sortear
los fallos judiciales con los que el régimen busca arrinconarlos.
La guerra de
poderes aboca al país a una crisis inédita en su historia reciente. El último
choque, con el ataque al Parlamento, agrava aún más la situación y ha generado
el rechazo internacional. El secretario general de la Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó este jueves al consejo permanente del
bloque, que recientemente no logró ponerse de acuerdo para condenar al régimen
de Maduro, una sesión extraordinaria “para abordar los recientes
acontecimientos de la crisis política” en Venezuela.
Los venezolanos,
mientras, han tenido que acomodar sus horarios a las protestas diarias, los
cierres de calles o a los registros de la policía a la caza de quienes organizan
los disturbios. Pero las protestas no cesan. El martes hubo disturbios en
varios sectores populares de Caracas. En San Juan, en el centro de la capital,
falleció un supuesto miembro de las milicias chavistas en medio de choques con
grupos delictivos que aprovechan la inseguridad para dirimir sus diferencias
con la policía. Esta muerte se suma a las más de 90 registradas en estos
últimos tres meses de conflicto.
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