Escrito por
La Redacción.
junio 14, 2017
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Luisa Ortega Díaz
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Luisa Ortega Díaz solicita un antejuicio de mérito contra los magistrados de la Sala Constitucional que en marzo le dieron poderes dictatoriales al Presidente de la República.
CARACAS.- El enfrentamiento entre la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y el Ejecutivo de Nicolás Maduro se recrudece a pasos agigantados. La jefa del Ministerio Público, una antigua aliada del proceso bolivariano, impulsa con vigor el desafío legal a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente.
La coincidencia entre el chavismo crítico con la deriva totalitaria del régimen y la oposición aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) empieza a hacerse evidente. Ambos sectores parecen decididos a aliarse para forzar la salida de Maduro.
La primera prueba de que la fiscal, una antigua aliada del proceso bolivariano, y la MUD acercan posturas ocurrió el lunes. La alianza opositora llamó a sus seguidores a presentarse en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas para que formaran parte del contencioso que introdujo Ortega Díaz contra la convocatoria de la Constituyente, la apuesta de Maduro para liquidar a sus adversarios con la excusa de escribir una nueva Constitución.
El mismo lunes, la Sala Electoral del Supremo, que controla el régimen, no admitió la petición de la fiscal por “inepta acumulación de pretensiones”, es decir, por pedir en el mismo escrito la nulidad de las actuaciones de distintos órganos de los poderes públicos.
De inmediato, la fiscal replicó con tres solicitudes que demuestran que la fractura con el Gobierno es definitiva: un antejuicio de mérito contra seis miembros principales y dos suplentes de la Sala Constitucional que, a finales de marzo, mediante dos sentencias, liquidaron las competencias del Parlamento y otorgaron poderes dictatoriales a Maduro; una medida cautelar para que los magistrados de esta Sala se separen de sus cargos; y la desincorporación de 13 magistrados principales y 20 suplentes designados en los estertores del anterior período de la Asamblea Nacional, entonces controlada por el chavismo, y cuando ya se conocía que la MUD tomaría control de ese poder público.
Aquellas
designaciones fueron cuestionadas por las formaciones opositoras porque los
magistrados eran parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, simpatizantes
confesos del Gobierno bolivariano y no cumplían con los requisitos del comité
de postulaciones. Ortega Díaz terminó de darle asidero a esas denuncias cuando
contó que, en su momento, había cuestionado los nombramientos.
“No había
denunciado antes esas irregularidades porque no había podido revisar las
pruebas. […] Ese proceso estaba viciado y se hizo a espaldas mías”, declaró la
fiscal a Unión Radio, el lunes.
La firma del acta.- La Constitución de Venezuela señala que el Consejo Moral Republicano
—que integran la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y el Ministerio Público—
debe revisar los expedientes de los aspirantes a magistrados y firmar si están
de acuerdo con sus designaciones.
Ortega Díaz
asegura que no firmó el acta porque no supo cómo fueron seleccionados. Pero el
defensor del Pueblo, Tarek William Saab, negó que la fiscal haya objetado los
nombramientos en la reunión que sostuvieron el 16 de diciembre de 2015, una
semana antes de que la Asamblea Nacional juramentara a los jueces.
Los contenciosos
introducidos por la fiscal parecen querer dejar en evidencia la falta de
independencia de las instituciones, que el chavismo crítico apenas había
sentido antes de este cisma. “El Gobierno pretende desmantelar al Estado y
conspira para alterar la forma republicana, como está establecida en la
Constitución.
No es solo a
través de un acto de fuerza como se conspira contra la nación, sino también con
sentencias”, dijo Ortega Díaz ayer, al consignar la solicitud de antejuicio de
mérito contra los magistrados.
Los escritos han
sacado a la Mesa de la Unidad de la rutina de las protestas reprimidas por la
policía militarizada. La Asamblea Nacional se aprestaba ayer a juramentar a los
miembros del Comité de Postulaciones Judiciales, que debería culminar con la
designación de nuevos magistrados.
Con las
deserciones de sus antiguos aliados, el repudio a Maduro aumenta cada día. El
régimen conserva, de momento, el respaldo de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, a la que utiliza como su principal ariete para seguir adelante en
su esfuerzo de purgar a Venezuela. El oficialismo ahora se propone, a través
del diputado chavista Pedro Carreño, pedirle al Supremo que autorice que una
junta médica determine si la fiscal general está en sus cabales. El desenlace
es inminente.
Ramírez López fue
jefe de la Casa Militar de Hugo Chávez, comandante general del Ejército durante
el anterior Gobierno y parte de la logia militar del golpe de Estado del 4 de
febrero de 1992, que protagonizó el fallecido mandatario.
Su renuncia es
interpretada como una prueba de que los complotados de la intentona golpista
buscan provocar un cambio de orientación en las fuerzas armadas. En el grupo
que se alzó entonces están los mayores generales Miguel Rodríguez Torres,
exministro del Interior y Justicia y director del Servicio Bolivariano de
Inteligencia, y Clíver Alcalá Cordones, dos activos detractores de Nicolás
Maduro.
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