Escrito por
La Redacción.
junio 30, 2017
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Washington.-
El veto del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los refugiados y ciudadanos de
seis Estados de mayoría musulmana comenzó este jueves a aplicarse con algunas
excepciones que han causado polémica y que permitirán, por ejemplo, la entrada
de quien tenga una nuera en el país, pero no de quien tenga un abuelo.
El veto migratorio entró este jueves en vigor a las
20.00 hora local de Washington (00.00 GMT) y afecta también a los refugiados y
musulmanes que no tengan una relación "formal" con empresas e
instituciones educativas de EE.UU., según informaron en una conferencia
telefónica funcionarios, que pidieron el anonimato.
"Vivimos en un tiempo muy peligroso y el Gobierno
de Estados Unidos necesita todas las herramientas a su disposición para evitar
que los terroristas entren al país y desaten la violencia", dijo uno de
los empleados públicos durante la llamada.
La implementación
es posible gracias al Tribunal Supremo, que el pasado lunes permitió la entrada
en vigor de algunas partes del veto, destinado a prohibir durante 120 días la
entrada de refugiados y, durante 90 días, el ingreso de los nacionales de seis
países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia).
De manera amplia,
el Supremo determinó que Trump puede negar la entrada a Estados Unidos a
cualquier persona que no pueda probar que tiene un vínculo "genuino"
con el país, es decir, que no tengan familia o que no tengan planes para
trabajar o estudiar en el país.
El Tribunal
Supremo dejó en manos del Gobierno la definición exacta de esos límites y, por
ello, el Departamento de Estado envió este jueves por la noche nuevas
directrices a las embajadas y consulados de EE.UU. para informarles cómo
implementar la orden ejecutiva de Trump.
Esas directrices
establecen que los que quieran ingresar a Estados Unidos deberán demostrar una
relación con padres, cónyuges, hijos, yernos, nueras o hermanos que ya estén en
territorio estadounidense.
Excluidos de esa
categoría de "familiares cercanos" quedan los abuelos, nietos, tíos,
sobrinos y primos, que no podrán servir de ancla a sus familiares en el
exterior para tramitar su entrada.
Esta distinción ha
sido considerada como "arbitraria" por organizaciones defensoras de
los derechos civiles, como la Unión para las Libertades Civiles en América
(ACLU).
"Está claro
que el propósito del presidente Trump es desacreditar y condenar a los
musulmanes. Las directrices no cumplen con la orden dada por el Tribunal
Supremo, son arbitrarias y no están ligadas con ningún objetivo legitimo del
Gobierno", dijo Omar Jadwat, director del proyecto de Inmigración de ACLU.
En lo que se
refiere a vínculos profesionales, el Departamento de Estado definió que podrán
entrar quienes hayan establecido una "relación sustancial",
"formal" y "documentada", con una entidad educativa o
empresarial antes de entrar en vigor el veto.
En sus directivas,
el Departamento de Estado otorga a los funcionarios consulares la posibilidad
de hacer excepciones y otorgar visados si los solicitantes son, por ejemplo,
niños o "individuos que necesitan atención médica de manera urgente".
Además, no se
revocarán los visados ya aprobados, con lo que se trata de evitar el caos que
provocó en aeropuertos de todo el mundo la implementación del primer veto que
proclamó Trump el 27 de enero.
Entonces, personas
que habían tramitado durante meses sus visados no pudieron entrar a EE.UU.
porque sus permisos fueron cancelados sin previo aviso y mientras se encontraban
dentro de los aviones.
Fue, precisamente,
en enero cuando Trump trató de imponer su veto migratorio por primera vez, pero
tuvo que desistir ante los bloqueos judiciales y proclamar la orden que entra
hoy parcialmente en vigor.
Ese veto será
implementado hasta que el Tribunal Supremo emita una decisión sobre el caso,
que estudiará posiblemente durante la primera semana de octubre, según dijo hoy
un funcionario.
De forma paralela,
la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó hoy dos proyectos de ley que, de
ser ratificadas por el Senado, endurecerán las medidas contra los inmigrantes
indocumentados.
Una de las leyes
busca intensificar las penas contra los criminales deportados que hayan
reingresado al país, mientras que la otra trata de castigar a las conocidas
como "ciudades santuario", aquellas que se niegan a colaborar con las
autoridades federales para la expulsión de inmigrantes.


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