Escrito por
La Redacción.
mayo 03, 2017
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El senador Marco Rubio en reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El proyecto de ley solicita un plan regional para mitigar la crisis y pide diez millones de dólares en ayuda humanitaria al país sudamericano.
WASHINGTON.- Un
grupo de senadores demócratas y republicanos presentaron este miércoles
sanciones y otras medidas para hacer frente a la crisis que atraviesa Venezuela
en las últimas semanas.
El paquete reúne
diez millones de dólares en ayuda humanitaria y sanciones contra individuos
responsables de bloquear procesos democráticos o estar involucrados en tramas
de corrupción, según el proyecto de ley.
Además, la propuesta exige al departamento de Estado “coordinar un plan
regional para mitigar la crisis” y solicita informes detallados a las agencias
de inteligencia sobre el papel que juegan miembros del Gobierno venezolano en
el tráfico de drogas y la corrupción.
“El presidente
Maduro ha metido a su país en una profunda crisis y empeorado la vida del
pueblo venezolano de manera trágica”, denuncian en un comunicado los nueve
senadores que participan en el proyecto de ley.
"Los
venezolanos están siendo heridos y asesinados por su propio Gobierno dado que
el dictador Maduro y sus patrullas están utilizando la violencia para reprimir
a manifestantes pacíficos", condena.
Los senadores
también piden al presidente Donald Trump que tome las medidas necesarias para
evitar que Rosneft, la petrolera estatal rusa que en los últimos ha
incrementado su presencia en Venezuela, se apodere de la infraestructura
energética estadounidense en el país. Los lazos entre Rosneft y la petrolera
nacional venezolana, PDVSA, van en aumento: en total, los rusos han prestado
hasta 5.000 millones de dólares.
El año pasado,
PDVSA utilizó casi el 50% de sus acciones su subsidiaria estadounidenses,
Citgo, como garantía para devolver ese préstamo.
Esta medida,
impulsada por el republicano Marco Rubio y el demócrata Ben Cardin, llega tras
semanas de tensión y violencia en el país por varias maniobras antidemocráticas
del Gobierno de Nicolás Maduro para preservar el poder.
La última de
ellas, anunciada hace dos días, consiste en la convocatoria de una asamblea
constituyente para redactar una nueva constitución que aislaría a los partidos
de la oposición. Mientras el régimen trata de sortear el amplio rechazo de la
ciudadanía, que desde hace semanas invade las calles, la presión internacional
aumenta en torno a la crisis humanitaria que viven los venezolanos.
“Estados Unidos
debe liderar un esfuerzo regional con países de las Américas para frenar la
hemorragia venezolana”, declara el comunicado. Hasta ahora, EEUU ha ejercido la
presión a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), el principal
organismo regional, en donde el miércoles pasado una mayoría de países
decidieron convocar una reunión de cancilleres para tratar la situación de
Venezuela.
Sin embargo, a
nivel unilateral, tanto el departamento de Estado como la Casa Blanca han
limitado a palabras sus condenas de la situación en el país bolivariano.
Este martes, un
portavoz de la diplomacia estadounidense describió la llamada de Maduro a una
nueva constitución como otro intento de “cambiar las reglas del juego” por
parte del régimen chavista.
El presidente
Trump describió como “desastre” la situación en Venezuela, un día después de
que el Gobierno de Maduro anunciara su retirada de la OEA, confirmando un
aislamiento político gradual cuyo último episodio comenzó hace un mes con una
reunión extraordinaria en el organismo.
La última acción tomada por el Gobierno de Trump ante
la situación venezolana fue en febrero, cuando el departamento del Tesoro sancionó
a Tareck El Aissami, vicepresidente del país bolivariano, por sus vínculos con
el narcotráfico
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