Escrito por
La Redacción.
mayo 17, 2017
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Fotografía
cedida por prensa de Miraflores del presidente
de
Venezuela Nicolás Maduro (i), quien habla durante un
Consejo
de Ministros el martes 16 de mayo de 2017.
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Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, aprobó un nuevo decreto de “estado de excepción y emergencia económica”
que restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional
como una medida para “preservar el orden interno”, según publicó el 16 de mayo
la Gaceta Oficial.
El decreto establece la facultad del Ejecutivo
nacional para que adopte “la medidas urgentes, contundentes, excepcionales y
necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos,
preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos,
medicinas, y otros productos y servicios”.
La norma señala además que “podrán ser restringidas
las garantías” para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo las
excepciones que establece la Constitución que son “el derecho a la vida,
prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho
a la información y los demás derechos humanos intangibles”.
El Gobierno venezolano podrá “diseñar y ejecutar
planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras
que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal, y el resguardo
de las instalaciones y bienes públicos y privados”.
El presidente se facultó también para decidir “la
suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter
político” contra autoridades del poder público y altos funcionarios cuando
estas obstaculicen la implementación de medidas económicas.
Este decreto permite al Gobierno, entre otras
atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de
bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento,
además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y
extranjera.
No obstante todas estas restricciones de orden
económico ya estaban vigentes desde hace más de un año con un decreto anterior
de “excepción y emergencia económica”.
A través de este nuevo texto legal, el Ejecutivo
venezolano argumenta como una de las razones para la implementación de estas
medidas que “sectores nacionales e internacionales adversos a cualquier
política pública de protección del pueblo venezolano (…) mantienen el asedio
contra la recuperación de la economía venezolana”.
Los decretos de estados de excepción, según la
Constitución, requieren de la aprobación de la mayoría del Parlamento,
controlado por la oposición y que actualmente se mantiene en “desacato” por
parte del Tribunal Supremo de Justicia.
En esta ocasión el decreto será enviado directamente a
la máxima corte para declarar su constitucionalidad, como ha ocurrido con todos
los decretos anteriores que han mantenido restringidas las garantías desde
enero de 2016.
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