Escrito por
La Redacción.
agosto 26, 2016
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SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y
Justicia (Finjus), el movimiento cívico Participación Ciudadana y los partidos
Revolucionario Moderno (PRM) y Reformista Social Cristiano (RSC) demandaron que
la selección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE) sean de
personas íntegras, capacitadas y sin militancia política por lo menos en los
últimos cuatro años.
Participación Ciudadana (PC) plantea que los
integrantes del organismo se designen por concurso público y que no se limite a
seleccionar abogados, sino a politólogos, sociólogos y otros profesionales de
la vida nacional y especialistas en materia electoral.
La propuesta de PC la formuló su coordinadora general,
Josefina Arvelo, quien entiende que ya no es necesario que los miembros de la
JCE sean todos abogados, debido a que las decisiones contenciosas que tenía
esta entidad pasaron al Tribunal Constitucional y se quedó con las actuaciones
administrativas.
Hay que definir perfil. El vicepresidente ejecutivo de
Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que lo conveniente en esta ocasión
es procurar definir un perfil para quienes resulten electos en la JCE, de forma
tal que sean personas confiables, con solvencia moral y competentes. Expresó
que se requiere eligir a ciudadanos “que tengan una trayectoria, y sobre todo,
independencia e imparcialidad”.
Recuperar institucionalidad. El presidente en
funciones del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Roberto Fulcar, reiteró la
postura de que la principal tarea del país es recuperar la institucionalidad
democrática, con procesos electorales justos, equilibrados y éticos. “Y eso
solamente puede ser así con una JCE compuesta por personas que no sean
dirigentes políticos, que tengan probada competencia y que sean probos”.
Fulcar insistió en que la actual JCE “es una entidad
del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”. Cree que responde a
sus intereses y solicitó que los requisitos de la JCE se apliquen en la
elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral y que se aprueben las
leyes Electoral y de Partidos y el Código Electoral.
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