Escrito por
La Redacción.
agosto 11, 2016
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Laura Guerrero Pelletier,
directora del Pepca.
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Mientras, el periodista Rafael Núnez, Vocero del
expresidente Leonel Fernández, advierte Procuraduría hace "justicia
selectiva" en caso aviones Tucano.
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Periodista
Rafael Núñez,
Vocero
de Leonel Fernández.
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SANTO DOMINGO.- La titular de la Procuraduría
Especializada de Persecución a la Contra la Corrupción Administrativa (Pepca),
Laura Guerrero Pelletier, aseguró este jueves que están evaluando las pruebas
en el caso de los cuatro imputados en el presunto soborno para la adquisición
de ocho aviones Súper Tucanos, a fin de determinar qué medida de coerción
solicitarán.
Aunque no precisó la fecha exacta de presentación de
la medida, indicó que lo harán en el lapso establecido en el Código Procesal
Penal y destacó que continuarán realizando interrogatorios y cotejando las
pruebas en torno al caso.
Durante la mañana del miércoles, fueron detenidos los
empresarios Daniel Aquino Hernández y su hijo Daniel Aquino Méndez,
propietarios de la empresa 4D Business Group S.A y/o Kantor, luego de
presentarse a la sede de la Pepca, tras haber sido citados.
Posteriormente, en la tarde, se presentaron también a
la Pepca el exsecretario de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio y el
coronel activo de la Fuerza Aérea, Carlos Ramón Piccini, quienes fueron dejados
bajo arresto.
El Ministerio Público aún tiene 24 horas para
presentar solicitud de medida de coerción ante el Juzgado de Atención
Permanente del Distrito Nacional.
¿Justicia
selectiva?.- El
Ministerio Público debe actuar con entera libertad e imparcialidad en los casos
que se presuma se han cometido actos dolosos -no importa de quién se trate-,
mediante una investigación que garantice el debido proceso y no esté
contaminada por el chantaje y la justicia selectiva, advirtió este jueves el periodista
Rafael Núñez, vocero del expresidente de
la República, Leonel Fernández.
La reacción de Núñez se produce luego que la
Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Especializada
de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), removiera una investigación
que desde hace tres años reposa en esa dependencia, a los fines de, en estos
momentos, ordenar el arresto del exministro de las Fuerzas Armadas, general
Rafael Peña Antonio, un excoronel de la Fuerza Aérea de la República y dos civiles,
involucrados en presuntos sobornos en la compra de los aviones Tucano.
“Ojalá que la acción del PEPCA no responda al
chantaje o una especie de justicia selectiva con la que actúa la Procuraduría
General de la República, instancia que ha sido muy diligente para mover
la acción pública en momentos que tienen una connotación muy especial, cercanos
a fechas significativas en el ajedrez político, lo que se interpreta como un
chantaje”, declaró el exdirector de Prensa de la Presidencia.
Refirió que toda la opinión pública está consciente de
cómo el Procurador General utilizó por más de dos años un expediente de alegada
corrupción contra un exfuncionario, a los fines políticos del jefe del
Ministerio Público.
“Cualquier persona que haya ejercido funciones públicas
en la administración de Fernández o cualquier otro gobierno, civil o militar,
está obligada a rendir cuentas y acudir a las instancias judiciales cuando así
se le requiera, y es ahí que debe probar su inocencia, agregó.
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