Titulares

jueves, 11 de agosto de 2016

Consejo de los Derechos Humanos denuncia supuesto soborno en caso del dirigente gremial Arsenio Quevedo




Contra Arsenio Quevedo, presidente de UNATRAFIN,
se dispuso una medida de coerción, la cual cumple en
Najayo, por supuestamente estar involucrado en
presuntos hechos de sicariato.



El supuesto soborno es por la suma de medio millón de dólares y habría sido repartido entre oficiales policiales y un representante del Ministerio Público.





Nelson Gutiérrez, director de CONADEHU, junto a otros
directivos de la entidad, al momento de depositar el
documento recibido por Norberto Batista, de la Unidad
de Derechos Humanos de la Procuraduría.
SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CONADEHU) depositó este jueves un documento en la Procuraduría General de la República en el que denuncia un supuesto soborno a dos altos oficiales de la Policía Nacional y un fiscal para involucrar al dirigente choferil Arsenio Quevedo en el caso de presunto sicariato por el que guarda prisión preventiva.


Nelson Gutiérrez, director de CONADEHU, dijo que con el expediente procura inhabilitar del negocio del transporte a Quevedo, quien fungía al momento de su arresto como presidente de la Unión Nacional de Transportistas Afines (UNATRAFIN).

El supuesto soborno que habría sido repartido entre los uniformados y el representante del Ministerio Público ascendió a US$500,000, sostuvo.

El documento depositado lo recibió Norberto Batista, de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría.

Quevedo está acusado junto al regidor perredeísta por Pedro Brand, Ericsson de los Santos Solís, de liderar una supuesta red de sicarios que ultimó a varios choferes, lavado de dinero proveniente de la comercialización de combustibles subsidiados y asociación de malhechores. Por estas muertes también guardan prisión preventiva Danilo Octavio Reynoso, Amauris Cabrera y Cristino Batista.

Los choferes asesinados son: Mateo Nieve de Jesús, Eddy Francisco Sánchez, Manuel Emilio Romero Figuereo, Overnys Guerrero, y Ángel Javier.

Los familiares de las víctimas esperan condenas de 30 años de cárcel para cada uno de los imputados.
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