Escrito por
La Redacción.
julio 31, 2016
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Monseñor
Agripino Núñez Collado recibe
documento
de los partidos minoritarios.
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Monseñor Agripino Núñez Collado icepresidemnte del BIS, Manuel Soto Lara
afirma que los partidos grandes han puesto reglas de juego.
SANTO DOMINGO.- En proyectos de leyes de partidos
políticos aprobados por el Congreso Nacional los partidos mayoritarios buscaban
obtener el 80% del financiamiento público lo que, según la Fundación
Institucionalidad y Justicia (FINJUS), limitaría el crecimiento de los
emergentes.
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Servio Tulio Castaños Guzmán.
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Al hacer un análisis comparativo de un proyecto de ley
aprobado por la Cámara de Diputados, con el consenso de los partidos de la
Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno (PRM), Revolucionario
Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), que era objeto de
estudio en el Senado y otro sometido por la Junta Central Electoral (JCE), la
entidad de la sociedad civil entiende que hubo un cambio radical en la
distribución de esos recursos económicos.
La evaluación, presentada por Servio Tulio Castaños
Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, se refiere a cómo afectaría a
los partidos minoritarios si se mantienen varios artículos del referido
proyecto de ley, el mismo que sometió el PLD en la mesa del diálogo que coordina
monseñor Agripino Núñez Collado.
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Monseñor
Agripino Núñez Collado durantereunión
con representantes
de los partidos mayoritarios.
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“Cuatro grandes” obtendrían el 80% de fondos públicos.-
El artículo
51, sobre la distribución de los recursos económicos del Estado, que logró el
consenso de los partidos mayoritarios, consignaba que un 80% de esos fondos sea
distribuido, en partes iguales, a los partidos y agrupaciones políticas que
hayan obtenido el 5 % o más de los votos en la última elección. Un 15 % entre
los partidos que obtengan menos del 5% de los votos, distribuido
proporcionalmente en función de la votación alcanzada por cada partido en la
última elección y un 5% distribuido en partes iguales entre los partidos que
obtengan menos del 5% de los votos, incluyendo a los de nuevo reconocimiento,
en el caso de que los hubiere.
El proyecto de ley sometido al Congreso Nacional por
la Junta Central Electoral (JCE) establece en el artículo que un 80% de esos
fondos sean distribuidos en función de los votos obtenidos en la última
elección y un 20% en partes iguales entre todos los partidos, incluyendo los de
nuevo reconocimiento en el caso de que los hubiere.
El acápite F, del artículo 11, establece como
requisito de reconocimiento que los partidos o agrupaciones políticas presenten
una declaración jurada por los organizadores que certifique que cuentan con un
número de afiliados no menor de un 2% de los votos válidos emitidos en las
últimas elecciones generales.
En el caso de las agrupaciones locales se establece
que no menos de un 2% del total de los votos válidos emitidos en las últimas
elecciones correspondientes a esa demarcación.
El proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados
establece en el acápite G, del artículo 11, que en el caso de los partidos
políticos de carácter nacional, estos deberán tener locales abiertos y
funcionando, en por lo menos los municipios cabeceras de provincias del país y
del Distrito Nacional, y los mismos deberán estar ubicados en las zonas
urbanas. En tanto que las agrupaciones políticas deberán tener su local en el
municipio al cual pertenecen.
La FINJUS considera que ese requisito de mantener los
locales abiertos y funcionando en por lo menos los municipios cabecera de
provincias del país y del Distrito Nacional puede ser una carga muy pesada para
una entidad en formación, por lo que sugiere que se establezca un período de transición
que le permita a los partidos cumplir este requisito. Propone, un plazo de dos
años a partidos en formación y un año a los ya constituidos que no cumplen con
ese requisito.
No se regularían cómputos de votos entre aliados.- En el mismo proyecto de ley fueron
eliminados los párrafos III y IV del artículo 45, de la iniciativa presentada
por la JCE.
El referido párrafo III establecía que es una
obligación de todo partido o agrupación política que decide concurrir aliada
con otras fuerzas políticas establecer en el pacto los candidatos que son
aportados por la referida alianza, a los fines de determinar con exactitud el
nivel de representación que tiene cada organización dentro de la alianza
concertada.
En tanto, el párrafo IV consignaba que “los partidos o
agrupaciones políticas que concurran aliados estarán representados
individualmente en las boletas electorales mediante la presentación de sus
respectivos recuadros. En tal sentido, serán computados los votos según la
cantidad que obtenga cada uno de manera individual, aun dentro de la alianza,
comprobándose con los marcados en los recuadros respectivos, y aun cuando se
trate de candidatos comunes”.
Con la eliminación de ese último párrafo la FINJUS
alerta que no se regularía la computación de los votos entre partidos aliados,
a fines de calcular el presupuesto que corresponde a cada uno posteriormente.
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Manuel
Soto Lara.
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Obligados a desaparecer o ser “bisagras”.- El vicepresidente del Bloque
Institucional Social Demócrata (BIS), Manuel Soto Lara, afirmó que las
normativas legales existentes en el país no les permiten crecer porque “las
reglas de juego que han impuesto los grandes es para desaparezcamos o para que
tengamos que permanecer como partidos bisagras”.
Precisó que toda la sociedad pudo observar el
desempeño electoral de los partidos minoritarios, lo que atribuye a la enorme desigualdad
que existe frente a los mayoritarios, que son los que definen las normativas
legales por obtener mayor representación en el Congreso Nacional.
Indicó que las condiciones en que participan en los
procesos electorales los partidos más grandes son muy privilegiadas y las de
los emergentes muy excluyentes y discriminatorias.
Señaló que en función de los resultados electorales de
este año, conforme a las proyecciones que se han hecho, los cuatro partidos
mayoritarios obtendrán 466 millones de pesos cada uno y, sin embargo, más de 20
partidos políticos, entre todos, no recibirán una suma similar.
Otra desventaja que señala es que los minoritarios no
cuentan con los recursos económicos para tener delegados políticos en los más
de 16 mil colegios electorales que existen, lo que podría costar solo por el
día de las elecciones más de 30 millones de pesos.
También están impedidos por ley a presentar delegados
en las mesas electorales cuando participan aliados.
Espera por respuesta de Agripino.- Los 17 partidos minoritarios que
presentaron la semana pasada una carta a monseñor Agripino Núñez Collado
esperan que su respuesta sea positiva ante la petición de que les permitan
estar representados en una comisión de 5 miembros en la mesa de diálogo que
coordina con los partidos mayoritarios para lograr las leyes de Partidos
Políticos y del Régimen Electoral o un su defecto un Código que agrupe todas
las normativas vinculantes.
El también delegado político del BIS ante la JCE
afirmó que el hecho de que los partidos mayoritarios no hayan integrado en la
mesa del diálogo que coordina Agripino Núñez Collado, es una muestra de que
esas organizaciones pretenden hacer una ley de partidos políticos conforme a su
interés.
Precisó que es lamentable que los 26 partidos
minoritarios reconocidos no participen en ese diálogo.
Dijo que el prelado se mostró receptivo, pero que es
evidente que él no toma las decisiones porque él somete las propuestas a la
mesa de discusión que es integrada por cuatro partidos mayoritarios: PLD, PRM,
PRD y PRSC.
La comisión propuesta por los partidos minoritarios
para integrar la mesa del diálogo la coordinaría Manuel Soto Lara (BIS) quien
fungirá como vocero y la integraría Pedro Corporán, del Partido Unión Nacional
(PUN); Jorge Guerra Mirabal, del Partido Acción Liberal (PAL); Leonardo Antonio
Suero Ramos, de la UDC y Luis Miguel De Camps, del Partido Revolucionario
Social Demócrata (PRSD).
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