Escrito por
La Redacción.
octubre 17, 2015
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El PLD busca
la medida sea dejada sin efecto.
Santo
Domingo.- La
redistribución de los diputados a nivel nacional dispuesta por la Junta Central
Electoral (JCE), ha provocado un conflicto judicial entre ese organismo y el
Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que no sólo ha tocado las puertas de
los tribunales, sino que ya ha pasado a las advertencias para impedir su
ejecución.
El partido oficialista en la persona del secretario
general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, en una instancia elevada a través del
delegado político del partido ante la JCE, César Pina Toribio y el abogado
apoderado del caso Olivo Rodríguez Huertas intimaron al organismo electoral a
abstenerse de aplicar la resolución.
Este viernes, tras la notificación, el presidente de
la JCE, Roberto Rosario, alertó que no puede suspender la resolución, hasta
tanto los tribunales apoderados decidan la impugnación de la decisión.
El PLD interpuso un recurso contencioso administrativo
de nulidad por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en procura de
suspender la ejecución de la resolución.
“Un acto de alguacil no puede tener más fuerza legal
que una resolución de la Junta Central Electoral”, dijo Rosario.
Planteó que cualquier decisión que se tome la JCE la
respetará y ejecutará. “Hasta que no haya una sentencia de un tribunal, la
decisión de la Junta es seguir haciendo lo que está haciendo”, significó.
En la notificación, el PLD hace hincapié en que
mediante sentencia el Tribunal Constitucional se ha referido al alcance de la
tutela judicial, señalando: “que desde el momento que la parte interesada haga
el pedimento, el acto de que se trate no puede ejecutarse”.
De la resolución
Acorde con la disposición de la JCE, la provincia
Santo Domingo pasó de 36 a 44 cargos, los que sumados a los 18 del Distrito
Nacional hacen un total de 62, para 35% de los cargos, por encima de las demás
provincias del país.
La distribución ordena que los 178 diputados (as) del
nivel territorial sean distribuidos de conformidad con la densidad poblacional
sin que en ningún caso sean menos de dos escaños por provincia. En la división
se tomó en cuenta la población existente de 9,445,281 habitantes, y se usó un
factor denominador poblacional de 53,063 habitantes.
A raíz de ello, sufrieron cambios en la repartición,
las provincias de: María Trinidad Sánchez que de 3 diputados en el 2010, pasa a
tener 2; Monte Plata, de 4 tendrá 3; Barahona, de 4 a 3; Espaillat, de 5 a 4;
San Juan, de 5 a 4; Duarte, de 6 a 5; San Pedro de Macorís, de 6 escaños pasa a
5; La Vega, de 8 a 7 y San Cristóbal, de 11 escaños pasa a 10.
Las provincias beneficiadas con la redistribución son
La Altagracia que de 4 diputados ahora tendrá 5 y Santo Domingo que aumenta su
cuota de 36 a 44.
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