Escrito por
La Redacción.
octubre 25, 2015
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Elogia
posición de las juezas Miriam Germán Brito y Esther Agelán Casasnovas.
SANTO DOMINGO.- El Centro Juan XXIII solicito al procurador Francisco
Domínguez Brito a recurrir en casación “la desafortunada sentencia de la Sala
Penal de la Suprema Corte de Justicia”, que impide que el senador Félix
Bautista sea procesado judicialmente por la presunta comisión de corrupción.
“Al Procurador General le corresponde defender los
intereses del pueblo dominicano en los tribunales de la República, teniendo la
obligación de recurrir en casación la desafortunada sentencia de la Sala Penal
de la Suprema Corte de Justicia, y luchar hasta el fin en contra de los oscuros
intereses que tratan de encubrir la corrupción que azota al Estado Dominicano”,
dice la entidad en nota de prensa enviada este domingo.
A continuación el texto íntegro de la nota del Centro
Juan XXIII:
Procurador General de la República debe recurrir
sentencia en casación
Los eventos ocurridos la pasada semana han asestado un
nuevo golpe a la institucionalidad de nuestro país, a su sistema de
administración de justicia y a la esperanza de muchos dominicanos y dominicanas
que veíamos entusiasmados un proceso mediante el cual el Ministerio Público
asumía de manera frontal la lucha contra la corrupción.
Aplaudimos la valiente posición de las juezas Miriam
Germán Brito y Esther Agelán Casasnovas, quienes con su voto disidente
mantienen en nosotros vivo el ideal de que sí es posible ejercer la función
judicial de manera digna, ética e independiente.
Exhortamos a la Sociedad Civil y al Procurador General
de la República a continuar su lucha en contra de la corrupción; no podemos
desfallecer. Al Procurador General le corresponde defender los intereses del
pueblo dominicano en los tribunales de la República, teniendo la obligación de
recurrir en casación la desafortunada sentencia de la Sala Penal de la Suprema
Corte de Justicia, y luchar hasta el fin en contra de los oscuros intereses que
tratan de encubrir la corrupción que azota al Estado Dominicano.
Siendo la procedencia del patrimonio de los implicados
uno de los principales cuestionamientos y fundamentos de este caso, el Centro
Juan XXIII advierte que una de las mayores debilidades en la lucha contra la
corrupción es la poca efectividad de la legislación que obliga a los
funcionarios públicos, electos o designados, a declarar de manera transparente
y veraz su patrimonio personal, a causa de la falta del reglamento de
aplicación de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
Motivamos a la Sociedad Civil a presentar sus
observaciones al Proyecto de Reglamento que actualmente se encuentra en fase de
consulta y a dar seguimiento al mismo a fin de garantizar su promulgación antes
de que finalice el año.
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