Escrito por
La Redacción.
julio 20, 2015
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“Si Almagro no cambia su actitud y retira su cuestionamiento,
la República Dominicana no tiene nada que dialogar con la Secretaría General de
la OEA”, Andrés Navarro, leyendo declaración del Gobierno dominicano.
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA HA
ANALIZADO VARIAS VECES SENTENCIA 168/13.
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Santo Domingo.- Corría septiembre de 2013 cuando el Tribunal
Constitucional dominicano emitió una sentencia sobre la nacionalidad de Juliana
Deguis Pierre, una mujer de ascendencia haitiana a la que se le negó la
ciudadanía por ser hija de padres en condición migratoria irregular.
Era la definición a un caso particular. Primero,
extendido por la decisión de los magistrados a millares de extranjeros; y a
hijos de personas que residían en el país sin documentación migratoria,
después.
Con la norma vinieron las expresiones de respaldo y de
desacuerdo, como si el país se agrupara en dos; los mismos dos que por lo
tradicional se identifican como conservadores o liberales en cada una de las
políticas aplicadas o debatidas en el país.
Era una decisión que ponía límites a la nacionalidad y
a los extranjeros que residen en el país, y que devolvió a evaluaciones en las
relaciones dominico-haitianas, una llaga cuasi permanente en la Historia de
ambas naciones. La decisión también puso a República Dominicana ante los ojos y
lupas de la comunidad internacional, descontenta en buena parte por las
decisiones que han seguido a la sentencia del Constitucional.
Ahí entra la Organización de Estados Americanos y sus
miembros. Ahí entran las visitas regulares que ha tenido República Dominicana
al Consejo Permanente para explicar en detalle sus políticas migratorias, y
para recordar, una y otra vez, su soberanía en la aplicación de políticas y su
solidaridad constante con el vecino Haití, especialmente después del terremoto
de 2010, cuando las relaciones se estrecharon entre ambos países.
Las complicaciones para República Dominicana
comenzaron con la isla de San Vicente y las Granadinas, uno de los quince
miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), que llevó ante la OEA la
aplicación de la sentencia sobre nacionalidad dictada por la corte constitucional
dominicana.
El país fue convocado en octubre de 2013 a una reunión
informativa en el Consejo Permanente de la OEA. Asistió una amplia delegación
dominicana y Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, fue
quien tuvo la voz más crítica de la delegación.
“Yo preguntaba que si habían leído la sentencia,
incluyendo al propio Secretario General, y me dijo que no, que había tenido
acceso a un resumen. La sentencia es de 99 páginas. Voy más lejos: ¿La habrán
leído todos los que estamos viendo? ¿Se entenderá lo que está planteando?”,
preguntó Rosario en la consulta como argumento para mostrar que quienes
criticaban al país utilizaban ideas alejadas a las políticas dispuestas.
El entonces secretario general del organismo
continental, José Miguel Insulza, aseguró que se trataba de un asunto a
resolverse con “la buena voluntad de todos y de manera concordada con el Estado
dominicano, porque no hay otra forma de hacerlo”.
Febrero de 2014 fue otra ocasión en la que el tema se
debatió en el Consejo Permanente, esta vez con la base del informe preliminar
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había visitado el país
para constatar la situación migratoria en diciembre de 2013. Nueva vez, la
propuesta de conocimiento vino de San Vicente y las Granadinas.
Ese informe de la Comisión Interamericana estima la
sentencia del Tribunal Constitucional como la privación arbitraria a la
nacionalidad, con un efecto discriminatorio que afecta a los dominicanos de
ascendencia haitiana.
El escenario del Consejo Permanente ha encontrado
constantes críticas de una decena de países, miembros por lo regular del
Caricom, que tachan las medidas migratorias de los dominicanos como
discriminatorias por etnia. Hay otro grupo de países que superan en número a
los del Caricom, que abogan por diálogo entre ambas naciones, una posibilidad
que en estos momentos, y basados en las declaraciones de ambos Estados, parece
imposible.
Las recientes intervenciones en el Consejo Permanente
de los cancilleres dominicano y haititano, Andrés Navarro y Lener Renauld,
respectivamente, han mostrado las enormes diferencias que existen sobre las
políticas migratorias dominicanas, y que apuntan a que, muy probablemente,
nuevas visitas y discusiones se produzcan en el seno del organismo
internacional. El problema es que República Dominicana no solo tiene
diferencias con Haití y San Vicente y las Granadinas por sus críticas al Plan
de Regularización, sino ahora también con la Organización de Estados Americanos
y su secretario general, porque asegura que tienen una posición parcializada.
RD ROMPE DIÁLOGO CON HAITÍ Y LA OEA
La posición expresada por el Gobierno dominicano el
pasado viernes, donde acusó a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, de
estar prejuiciado, elimina cualquier intención de conversar sobre el tema, ya
que antes también fue rechazado el diálogo con Haití, por la campaña de
descrédito que según los dominicanos lleva en su contra.
“Es una isla, y cuando es una isla no hay dos países,
hay un solo país, aunque sea una isla grande como Australia. Ésta es una isla
pequeña con dos países, con realidades sociales muy diferentes, con realidades
económicas muy diferentes, con realidades políticas muy diferentes”, fue la
declaración de Almagro que trajo el rompimiento total de diálogo sobre el tema
migratorio entre RD y Haití
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