Santo Domingo, D.N.- El proceso judicial contra John Raymond Durán Villar, quien protagonizó un grave incidente al penetrar con una camioneta en las instalaciones del Palacio Nacional, concluyó con una disposición de internamiento psiquiátrico durante cinco años, en lugar de una condena de prisión convencional.
La decisión fue adoptada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que declaró al procesado inimputable y ordenó que permanezca en un centro de salud mental para recibir el tratamiento correspondiente, bajo supervisión del Ministerio Público.
El caso se remonta a la noche del 4 de febrero de 2024, cuando Durán Villar condujo una camioneta Chevrolet contra la entrada principal de la sede del Poder Ejecutivo. Durante su recorrido impactó a dos integrantes de la seguridad presidencial y continuó hasta chocar contra otra barrera metálica dentro del recinto.
Los militares afectados fueron identificados como el sargento Westel Jiménez Hernández y el raso Erick Yeremi Castillo Tejada, ambos pertenecientes al Ejército de República Dominicana. Los dos sufrieron lesiones de carácter permanente como consecuencia del impacto.
Además del internamiento, el tribunal estableció una indemnización de un millón setecientos mil pesos a favor de los militares perjudicados.
La decisión judicial también rechazó el planteamiento del Ministerio Público y de los querellantes, que habían solicitado una condena de 20 años de prisión en establecimientos penitenciarios con áreas especializadas para personas con condiciones psiquiátricas.
Las magistradas Keila S. Pérez Santana, presidenta del tribunal, Arisleida Méndez Batista y Francis M. Hernández Susaña integraron el colegiado que conoció el proceso.
En sus consideraciones, los jueces señalaron que las pruebas permitieron establecer la responsabilidad penal de Durán Villar por la tentativa de homicidio contra los dos militares y los daños materiales ocasionados a las instalaciones gubernamentales.
El tribunal fundamentó la medida de seguridad en la necesidad de proteger tanto a la sociedad como al propio procesado, tomando en consideración el trastorno diagnosticado y la atención especializada que requiere.
El expediente había generado controversia desde sus primeras etapas. En junio de 2024, Durán Villar obtuvo libertad pura y simple mediante una decisión de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, debido a que no había sido presentado ante un juez dentro del plazo constitucional de 48 horas.
Posteriormente, el proceso judicial continuó hasta llegar a la decisión ahora conocida, que establece una medida de internamiento especializada y mantiene la obligación de responder por las consecuencias del hecho.
El desenlace representa una nueva etapa en un caso que involucró la seguridad de la principal sede gubernamental del país y dejó secuelas permanentes en dos miembros del personal militar que cumplían funciones de vigilancia.
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