
Santo Domingo Oeste, República Dominicana.- Un proceso judicial por amenazas difundidas a través de las redes sociales contra el embajador dominicano ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Bartolomé Pujals, avanzó con la imposición de medidas de coerción al joven señalado por las autoridades como responsable de los mensajes intimidatorios.
El investigado, Marvin Dariel Acosta, de 24 años, deberá cumplir una garantía económica de RD$25,000, mediante contrato de fianza, además de presentarse periódicamente durante seis meses ante el órgano investigador. La decisión fue adoptada por la jueza Cecilia Toribio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste.
De acuerdo con las informaciones del caso, las amenazas habrían sido enviadas mediante perfiles falsos en redes sociales. Entre los mensajes identificados durante las investigaciones figuran expresiones que advertían al diplomático sobre posibles agresiones contra su vida.
La identificación del sospechoso fue resultado de las investigaciones realizadas por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), mediante su División de Investigaciones de Delitos Informáticos (DIDI).
Acosta fue arrestado en su residencia, en el municipio de Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, luego de ejecutarse la orden judicial número 2026-AJ0083675.
Según la información atribuida al órgano acusador, el investigado manifestó que no conocía personalmente a la persona a quien había dirigido las amenazas.
El Ministerio Público sustentó su solicitud de medidas de coerción en el artículo 226, numerales 1, 3 y 4, del Código Procesal Penal, que contempla distintas garantías para asegurar la sujeción del imputado al procedimiento judicial.
La calificación jurídica provisional incluye el artículo 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, relativo a la suplantación de identidad, así como los artículos 305 y 306 del Código Penal dominicano, relacionados con las amenazas.
El caso pone de relieve la intervención de las unidades especializadas en delitos informáticos ante conductas que utilizan identidades o perfiles falsos para intimidar a otras personas. Sin embargo, la investigación y la calificación provisional de los hechos no equivalen a una sentencia de culpabilidad, por lo que corresponde a la justicia determinar las responsabilidades conforme avance el proceso.
No hay comentarios.
Publicar un comentario
Deje su comentario