Santo Domingo, D.N.- La implementación de un sistema nacional de inspección técnica vehicular continúa siendo una tarea pendiente en República Dominicana, donde las autoridades trabajan en una nueva modalidad de contratación para recuperar un servicio que lleva varios años sin materializarse.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), dirigido por el mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, mantiene como objetivo comenzar a implementar la denominada revista vehicular durante el primer semestre de 2027. Sin embargo, todavía falta completar un paso administrativo indispensable para avanzar hacia su funcionamiento.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) debe establecer el pliego de condiciones que regulará el procedimiento. Una vez concluida esa etapa, corresponderá al Intrant convocar la licitación pública, que hasta el 7 de noviembre de 2026 todavía no había sido iniciada.
El nuevo planteamiento también supone un cambio en la forma de desarrollar el proyecto. Las autoridades han dejado atrás el esquema de alianza público-privada que se contemplaba anteriormente y trabajan en una alternativa que permita incorporar talleres automotrices locales que reúnan las condiciones técnicas requeridas.
Como parte de los preparativos, el Intrant realiza levantamientos para identificar establecimientos que podrían participar. No obstante, todavía no existe una selección definitiva de talleres, pues su incorporación dependerá de las condiciones que se establezcan en el proceso de contratación. Lo mismo ocurre con los técnicos que tendrán a su cargo las evaluaciones.
Un mandato legal que sigue pendiente
La inspección técnica vehicular no constituye una iniciativa nueva. Su aplicación está contemplada en la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, promulgada en 2017.
El artículo 166 establece que los vehículos de motor deben someterse a una revisión técnica anual para comprobar que no representen riesgos para los usuarios de las vías públicas ni provoquen contaminación ambiental. La legislación contempla una exención para los vehículos con menos de tres años de fabricación.
La normativa también establece que las revisiones deben verificar las condiciones mecánicas de las unidades y el cumplimiento de los parámetros sobre emisiones contaminantes y ruido.
Antecedentes de una iniciativa sin concretarse
Los intentos por establecer este mecanismo han atravesado diferentes etapas. En 2019, el Intrant convocó la licitación pública internacional INTRANT-CCC-LPI-2019-0001 para contratar la implementación, equipamiento, operación y gestión de los centros de inspección técnica vehicular. El procedimiento terminó declarado desierto.
Posteriormente, en marzo de 2023, durante la gestión de Hugo Beras al frente del Intrant, el Gobierno anunció que iniciaría en aproximadamente 60 días otro proceso de licitación, esta vez bajo el modelo de alianza público-privada, con la expectativa de que el servicio estuviera funcionando en 2025.
En aquella etapa, Sigmund Freund, entonces director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, explicó que el proyecto llevaba alrededor de dos años en preparación y que los documentos del proceso todavía necesitaban ajustes antes de avanzar hacia su aprobación.
Ese planteamiento tampoco llegó a convertirse en un servicio operativo.
Ahora, con una nueva orientación administrativa y la participación de Contrataciones Públicas, el Intrant intenta reactivar el proyecto mediante un procedimiento que permita incorporar talleres habilitados para realizar las inspecciones.
Mientras tanto, los propietarios de vehículos continúan a la espera de conocer las condiciones definitivas del servicio, los establecimientos autorizados y la fecha en que comenzarán las revisiones.
La meta oficial apunta al primer semestre de 2027, pero su cumplimiento dependerá de que se completen los trámites de contratación y las etapas necesarias para poner en funcionamiento el sistema.
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