Santo Domingo, D.N.- La seguridad de las telecomunicaciones en República Dominicana entra en una nueva etapa de supervisión regulatoria, luego de que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) dispusiera restricciones provisionales a la incorporación de determinados equipos y sistemas tecnológicos en las funciones esenciales de las redes públicas del país.
La decisión está contenida en la Resolución 100-2026, mediante la cual el organismo regulador busca prevenir posibles vulnerabilidades que puedan comprometer la seguridad nacional, la confidencialidad de la información y la continuidad de los servicios de comunicación.
La disposición establece que las empresas de telecomunicaciones y las prestadoras de infraestructura activa deberán abstenerse de adquirir, contratar, instalar o activar nuevos componentes de proveedores considerados de alto riesgo cuando estén destinados a funciones críticas del núcleo de sus redes. Cualquier excepción requerirá la no objeción del Consejo Directivo del INDOTEL.
La medida responde a una recomendación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que advirtió sobre posibles amenazas relacionadas con determinados proveedores tecnológicos.
Entre los elementos que pueden motivar esa clasificación figuran antecedentes de incidentes de seguridad, falta de transparencia que impida verificar el funcionamiento de los programas y sistemas, así como obligaciones legales en los países de origen que pudieran afectar la confidencialidad de los datos.
El alcance de la disposición
El núcleo de una red, conocido en el sector como core, concentra operaciones fundamentales para las comunicaciones, entre ellas la autenticación de usuarios, el control de las conexiones, el enrutamiento de llamadas y datos y la interconexión de servicios.
Por esa razón, una vulnerabilidad en esa infraestructura podría afectar no solamente a una empresa operadora, sino también la disponibilidad y protección de servicios de comunicación utilizados por ciudadanos, instituciones y sectores productivos.
INDOTEL aclaró que la resolución no ordena retirar, sustituir ni migrar los equipos de proveedores cuestionados que ya se encuentran instalados y funcionando. Tampoco extiende automáticamente la restricción a los componentes de acceso, distribución y transporte, excepto cuando estos desempeñen funciones críticas del núcleo de la red.
Otro requisito establecido es que las compañías deberán informar al órgano regulador, con un mínimo de 90 días de anticipación, sobre nuevas instalaciones, ampliaciones, sustituciones o modificaciones sustanciales vinculadas con las funciones críticas de sus redes, sin importar quién sea el proveedor.
La decisión tiene carácter provisional y es obligatoria desde su publicación. Al mismo tiempo, INDOTEL abrió un procedimiento para determinar las medidas definitivas y otorgó a los sectores interesados un plazo de 60 días calendario para presentar observaciones.
Al concluir esa evaluación, el organismo podrá mantener, modificar o dejar sin efecto las restricciones.
El proceso coloca la protección de las infraestructuras digitales en el centro de la supervisión de las telecomunicaciones dominicanas y plantea un desafío para las operadoras: garantizar la modernización de sus redes sin descuidar los controles de seguridad sobre las tecnologías que sostienen las comunicaciones nacionales.
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