San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, R.D.- La clausura de una fábrica de cartón que operaba sin las autorizaciones correspondientes ha puesto de relieve la importancia de la fiscalización de las actividades comerciales en República Dominicana y ha recibido el respaldo público de la embajadora estadounidense, Leah Francis Campos.
La diplomática manifestó este martes 10 de noviembre su reconocimiento a las medidas adoptadas por las autoridades dominicanas para enfrentar las irregularidades comerciales. También advirtió sobre los efectos que pueden tener la corrupción y la aplicación desigual de las regulaciones en el funcionamiento de los mercados.
Campos señaló que esas prácticas pueden perjudicar a las empresas que cumplen con las disposiciones legales, generar ventajas indebidas para quienes operan al margen de las normas y reducir los ingresos del Estado.
La representante de Estados Unidos indicó que su país comparte esas preocupaciones cuando las situaciones irregulares afectan a empresas e inversionistas estadounidenses. Asimismo, destacó la cooperación bilateral en materia de comercio y seguridad, respetando la soberanía de ambas naciones.
El pronunciamiento se produce después de la intervención de la Fábrica Cartesa, ubicada en la comunidad Pata de Palma, municipio San Antonio de Guerra, donde las autoridades realizaron un operativo el pasado 29 de octubre.
La actuación estuvo encabezada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), mediante el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), con la participación de la Dirección General de Migración y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED).
Durante la inspección se determinó que el establecimiento no contaba con certificado de uso de suelo ni con otras autorizaciones requeridas para desarrollar sus operaciones. También fue detectado un depósito de combustible que incumplía las disposiciones de la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos.
Entre los materiales ocupados figuraron un tanque con capacidad para 5,000 litros y 1,000 galones de gasoil, cuyo valor conjunto fue estimado por las autoridades en RD$2.25 millones.
Por su parte, el MIVED dispuso la paralización de las obras debido a infracciones relacionadas con la Ley 687-82, mientras que la Dirección General de Migración verificó la situación de los trabajadores extranjeros presentes en el establecimiento.
El caso también adquirió una dimensión diplomática después de que la Embajada de China en República Dominicana cuestionara las declaraciones de un funcionario estadounidense sobre el cierre de la empresa. La representación china defendió la soberanía dominicana y rechazó que un caso particular sea utilizado para desacreditar a las compañías de su país.
Ante ese escenario, las declaraciones de Campos resaltan la posición estadounidense de que la cooperación internacional en seguridad y comercio debe acompañarse del respeto a las decisiones soberanas de cada Estado.
Más allá de las diferencias diplomáticas, la intervención coloca nuevamente sobre la mesa un asunto de importancia para la economía dominicana: la necesidad de que todas las empresas, independientemente de su origen o capital, cumplan las mismas exigencias legales, fiscales, laborales y administrativas.
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