San Francisco de Macorís, provincia Duarte.– El proceso judicial contra Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, investigado por su presunta vinculación con un plan para atentar contra el presidente Luis Abinader, sufrió un nuevo retraso luego de que el abogado que lo representaba decidiera abandonar su defensa.
La decisión dejó al imputado sin representación legal privada y obligó a remitir el caso a la Defensoría Pública, institución que deberá asignarle un abogado para garantizar su asistencia durante el procedimiento judicial.
Como consecuencia de este cambio, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción fue aplazado por segunda ocasión. La nueva fecha establecida es el viernes 13 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.
Hasta el momento no se han ofrecido explicaciones públicas sobre los motivos que llevaron al jurista a retirarse del proceso, una circunstancia que introduce otro elemento de demora en un expediente que todavía se encuentra en su etapa inicial.
Una investigación que involucra a varias personas
El Ministerio Público atribuye a De la Cruz Sosa una posible participación principal en una estructura que, según las investigaciones, estaría integrada por al menos diez personas y habría coordinado acciones relacionadas con un supuesto atentado contra el jefe de Estado.
La acusación recoge presuntos intercambios de información sobre la preparación de artefactos explosivos, la búsqueda de datos acerca de los desplazamientos presidenciales y la organización de un posible ataque.
El expediente de solicitud de medida de coerción contiene 57 páginas y menciona a otras nueve personas que estarían relacionadas con la investigación. Sin embargo, hasta ahora, De la Cruz Sosa es el único señalado que ha sido sometido formalmente a la justicia por este caso.
Durante las diligencias realizadas para su arresto, las autoridades ocuparon materiales, dispositivos y sustancias que son vinculados por los investigadores con las hipótesis bajo investigación. La naturaleza y el alcance probatorio de esos elementos deberán ser examinados dentro del proceso judicial.
Fiscalía mantiene su solicitud de prisión preventiva
El órgano acusador solicita que al imputado se le imponga prisión preventiva como medida de coerción, mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias del supuesto plan y determinar si otras personas tuvieron participación.
El caso ha generado atención pública debido a la naturaleza de las amenazas atribuidas al investigado y a las referencias de la investigación sobre una posible acción contra el mandatario durante las actividades conmemorativas del Día de la Constitución, el pasado 6 de noviembre.
La audiencia del próximo viernes permitirá retomar la discusión judicial con la intervención de un representante de la Defensoría Pública. Mientras tanto, la investigación continúa y las acusaciones deberán ser examinadas por los tribunales, sin que los señalamientos formulados hasta ahora constituyan una declaración de culpabilidad contra el imputado.
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