Santo Domingo, D.N.- Las condiciones en que operan numerosas bancas de lotería en República Dominicana han puesto bajo atención la necesidad de garantizar espacios de trabajo seguros y dignos para miles de empleadas, ante la falta de servicios sanitarios, agua potable y otras facilidades básicas en algunos establecimientos.
El Ministerio de Trabajo, encabezado por Eddy Olivares Ortega, concedió un plazo de 30 días calendario a los propietarios, operadores y responsables de bancas de lotería y apuestas para que revisen sus instalaciones y corrijan las deficiencias que afectan a sus trabajadores.
La disposición responde a las condiciones observadas en establecimientos que funcionan en casetas pequeñas, donde el espacio limitado no siempre permite contar con baños, ventilación adecuada o acceso a agua potable. Estas carencias pueden dificultar las necesidades más elementales de quienes permanecen durante horas atendiendo al público.
El problema adquiere especial relevancia por la composición de la fuerza laboral del sector. De acuerdo con los datos divulgados por el Ministerio, las bancas de lotería emplean aproximadamente a 200,000 personas en más de 110,000 establecimientos, y la inmensa mayoría de esos trabajadores son mujeres.
Las inspecciones abarcarán más que las instalaciones
La revisión no se limitará a comprobar la existencia de sanitarios accesibles. Las autoridades también verificarán la disponibilidad de asientos ergonómicos, iluminación, ventilación, agua potable y condiciones apropiadas de limpieza e higiene.
Asimismo, se inspeccionará la presencia de botiquines de primeros auxilios y extintores, conforme a las características y los riesgos de cada establecimiento.
En el ámbito laboral, los operativos comprobarán el pago del salario mínimo correspondiente, el respeto de las jornadas de trabajo y los períodos de descanso, así como el registro de los empleados y su afiliación al Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Estas medidas buscan atender tanto las deficiencias físicas de los locales como las obligaciones legales de quienes administran los negocios. La formalización de las relaciones laborales también forma parte de los aspectos que el Ministerio ha reclamado al sector.
El tamaño de los locales no elimina las obligaciones
Uno de los puntos centrales de la disposición es que las dimensiones reducidas de una caseta o la informalidad de un establecimiento no eximen a sus responsables del cumplimiento de la legislación laboral y las normas de seguridad y salud en el trabajo.
Durante los 30 días concedidos, los propietarios podrán realizar los ajustes necesarios para subsanar las irregularidades. Sin embargo, este período no suspende las obligaciones legales vigentes ni impide que las autoridades intervengan cuando detecten situaciones que comprometan la salud o la seguridad de los trabajadores.
Una vez vencido el plazo, el Ministerio prevé intensificar los operativos de inspección en todo el territorio nacional para documentar los incumplimientos y proceder conforme a la legislación aplicable.
El desafío será convertir las disposiciones oficiales en mejoras efectivas para las trabajadoras, especialmente en los establecimientos donde la ausencia de servicios básicos forma parte de las condiciones cotidianas.
El cumplimiento de estas medidas permitirá evaluar hasta qué punto los negocios del sector avanzan hacia entornos laborales que respeten la salud, la seguridad y la dignidad de quienes sostienen sus operaciones diarias.
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