Santo Domingo, R.D.- La República Dominicana continúa sin poner en funcionamiento un sistema nacional de inspección técnica vehicular de aplicación general, diez años después de que se suspendiera la antigua revista. La demora mantiene pendiente un mecanismo destinado a comprobar las condiciones mecánicas de los vehículos y contribuir a la seguridad en las vías públicas.
El problema no se limita a la ausencia de una calcomanía. Una inspección técnica efectiva permite verificar elementos esenciales para la circulación, como los frenos, las luces, los neumáticos y otros componentes relacionados con la seguridad, además de las emisiones contaminantes.
Una obligación establecida por ley
La Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece, en su artículo 166, que los vehículos de motor deben someterse a revisiones técnicas periódicas bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). La legislación contempla la exención de los vehículos con menos de tres años de fabricación.
El Decreto 5-19, que contiene el Reglamento de Inspección Técnica Vehicular, desarrolla los procedimientos y la periodicidad de estas evaluaciones. Sin embargo, la existencia de estas disposiciones no se ha traducido en la implementación integral del sistema para el conjunto del parque vehicular dominicano.
Los intentos por ponerlo en marcha han atravesado diferentes etapas administrativas. En 2019, el INTRANT convocó una licitación pública internacional para implementar, equipar y operar el servicio, pero el procedimiento terminó declarado desierto.
Posteriormente, la iniciativa se encaminó hacia un modelo de alianza público-privada. En marzo de 2023, el INTRANT y la Dirección General de Alianzas Público-Privadas presentaron el proyecto a representantes de los medios de comunicación, como parte de los esfuerzos vinculados con la seguridad vial.
Pese a estos avances, el proceso no culminó con la puesta en marcha general del servicio. En septiembre de 2026, se informó que el INTRANT evaluaba alternativas para desarrollar la inspección, incluida la posibilidad de incorporar talleres con capacidad técnica mediante un proceso de licitación. La implementación podría extenderse hasta 2027, aunque no se ha establecido una fecha definitiva de inicio.
Un parque vehicular de millones de unidades
La magnitud del desafío queda reflejada en las estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Al cierre de 2025, el país tenía registrados 6,640,871 vehículos, de los cuales 3,846,694 eran motocicletas, equivalentes al 57.9 % del total.
Estas cifras muestran la dimensión que tendría organizar un programa nacional de inspección, con instalaciones habilitadas, personal capacitado, criterios técnicos uniformes y procedimientos de control. No obstante, la cantidad de vehículos que tendría que someterse a revisión cada año dependerá de las condiciones y la periodicidad que finalmente se apliquen.
El costo del servicio también forma parte de las cuestiones pendientes. Un estudio de prefactibilidad publicado en 2021 por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas contempló tarifas estimadas de RD$1,633.81 para una primera inspección y RD$816.90 para una segunda revisión. Esos montos pertenecen a un escenario de evaluación y no constituyen tarifas definitivas aprobadas para un sistema en funcionamiento.
El marbete no sustituye la revisión técnica
Mientras se concreta la inspección vehicular, los propietarios continúan renovando el impuesto de circulación, conocido popularmente como marbete. Ambos mecanismos tienen finalidades diferentes: el impuesto corresponde a una obligación tributaria, mientras que la inspección debe determinar si un vehículo reúne las condiciones técnicas necesarias para circular.
Para la temporada 2026-2027, la DGII estableció tarifas de RD$2,000 para vehículos fabricados hasta 2021 y RD$4,000 para los fabricados desde 2022. La institución proyecta recaudar aproximadamente RD$4,700 millones durante el período, que comenzó el 29 de octubre de 2026 y finalizará el 31 de enero de 2027.
Esos ingresos corresponden al impuesto de circulación y no deben confundirse con una eventual recaudación por inspecciones técnicas.
A diez años de la suspensión de la antigua revista, el principal desafío sigue siendo convertir el marco legal y los proyectos anunciados en un servicio efectivo. Su implementación requerirá definir el modelo operativo, las tarifas, los centros autorizados y los mecanismos de supervisión, además de establecer cuándo comenzarán las revisiones obligatorias.
Hasta que ese proceso se concrete, el país seguirá sin un sistema nacional de inspección técnica vehicular plenamente implementado que permita verificar de manera periódica las condiciones mecánicas de los vehículos que circulan por sus carreteras.
No hay comentarios.
Publicar un comentario
Deje su comentario