Santo Domingo, D.N.- El debate sobre el costo del crédito en la República Dominicana vuelve al Congreso Nacional con una iniciativa del diputado Alcibíades Tavárez, de la Fuerza del Pueblo, que plantea modificar las reglas aplicables a los intereses de las tarjetas de crédito y reforzar la protección de los consumidores frente a los cargos financieros.
La propuesta contempla modificar la Ley núm. 183-02, Monetaria y Financiera, mediante una reducción del 30 % de la tasa de interés vigente y el establecimiento de un límite máximo anual del 45 %. El proyecto también procura impedir que los emisores calculen intereses sobre cantidades del capital que los clientes ya hayan pagado.
Tavárez cuestionó la diferencia entre el costo de financiar compras con tarjetas y las tasas de los préstamos bancarios. Según sus declaraciones, estos últimos registran intereses promedio de entre un 14 % y un 15 % anual, mientras que las tarjetas pueden alcanzar tasas del 60 %.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que los abonos realizados por los usuarios se reflejen en el cálculo de los intereses desde la fecha en que se apliquen al capital. De aprobarse la medida, los cobros efectuados sobre cantidades previamente saldadas tendrían que devolverse o acreditarse a favor del titular de la tarjeta.
El proyecto también establece obligaciones de mayor transparencia para las entidades emisoras. Los estados de cuenta deberían detallar el saldo pendiente, los pagos recibidos, los intereses generados, las tasas aplicadas y las comisiones correspondientes, además de ofrecer información que permita al cliente comprender mejor el costo de mantener una deuda.
Otra disposición busca evitar que las instituciones financieras compensen la reducción de los intereses mediante la creación o el aumento de comisiones, penalidades, seguros obligatorios u otros cargos. Asimismo, se plantea permitir pagos anticipados parciales o totales sin penalidades y exigir que los cambios en las tasas sean comunicados previamente a los usuarios.
La iniciativa asigna a la Junta Monetaria responsabilidades para establecer las normas de aplicación, mientras que la Superintendencia de Bancos tendría un papel en la publicación de información comparativa sobre tasas, comisiones y otros cargos, así como en el seguimiento de las reclamaciones de los consumidores.
El texto contempla un plazo de 120 días, después de la promulgación de la eventual ley, para que la Junta Monetaria dicte las disposiciones correspondientes. También establece un período de adecuación para que las entidades emisoras ajusten sus contratos, sistemas y estados de cuenta.
La propuesta representa un intento de establecer límites más claros al costo del financiamiento mediante tarjetas y mejorar la información disponible para quienes utilizan este instrumento de pago. Sin embargo, se trata de un proyecto legislativo, por lo que sus disposiciones no constituyen todavía obligaciones legales vigentes.
No hay comentarios.
Publicar un comentario
Deje su comentario