Madrid, España.- El Tribunal Supremo de España aplicó este martes 20 de octubre de 2026 la ley de amnistía a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, al declarar extinguida su responsabilidad criminal por los delitos vinculados al proceso independentista catalán de 2017. La decisión elimina las inhabilitaciones que les impedían ejercer cargos públicos y presentarse a elecciones.
La resolución fue adoptada por la Sala de lo Penal después de que el Tribunal Constitucional respaldara la aplicación de la amnistía al delito de malversación por el que los cuatro dirigentes habían sido condenados. El Supremo asumió la decisión constitucional y formalizó sus efectos mediante un auto judicial.
Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y exvicepresidente de la Generalitat, había recibido una condena de 13 años de prisión e inhabilitación. Romeva, Turull y Bassa, antiguos integrantes del Gobierno catalán, fueron condenados en la misma causa por su participación en los hechos relacionados con el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.
Las condenas se produjeron en el juicio celebrado por el Supremo en 2019, que examinó la organización del referéndum y las actuaciones de los dirigentes del proceso soberanista. En 2021, varios de los condenados recibieron indultos parciales, aunque las inhabilitaciones continuaron vigentes. La posterior ley de amnistía abrió una nueva disputa judicial sobre si el delito de malversación podía quedar incluido en sus disposiciones.
El conflicto entre ambos tribunales se centró en la interpretación de esa ley. El Supremo había rechazado inicialmente amnistiar la malversación, mientras que el Constitucional intervino posteriormente mediante sus resoluciones sobre los recursos de los dirigentes afectados. El pronunciamiento que amparó a Bassa resultó determinante para la decisión adoptada ahora por la Sala de lo Penal.
Sin embargo, el cumplimiento de la resolución constitucional no puso fin a las diferencias entre las dos instituciones. En su auto, el Supremo cuestionó los argumentos empleados por el Constitucional y criticó la forma en que este había fundamentado su intervención, dejando constancia de la controversia jurídica que acompañó la aplicación de la medida.
Con la extinción de sus responsabilidades penales en esta causa, Junqueras, Romeva, Turull y Bassa recuperan la posibilidad de concurrir a procesos electorales y ocupar puestos públicos, sin la inhabilitación derivada de aquellas condenas. La decisión representa un cambio relevante en la situación jurídica de cuatro figuras centrales del independentismo catalán, aunque no supone que todos los procedimientos relacionados con el proceso de 2017 hayan quedado resueltos.
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