El juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho imputados y dictó distintas medidas de coerción para los demás procesados.Santo Domingo. - El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictó este domingo medidas de coerción contra los 26 imputados vinculados al denominado caso SeNaSa 2.0, una investigación del Ministerio Público sobre un presunto entramado de corrupción relacionado con el Seguro Nacional de Salud.
La decisión establece 18 meses de prisión preventiva para ocho de los procesados. Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
En tanto, la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y las médicas Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista fueron enviadas al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El tribunal también dispuso arresto domiciliario para las exempleadas de SeNaSa Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, además de los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo y Víctor Felipe Rodríguez García.
Otros cinco médicos —Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Keila Beatriz Acosta Leonardo— recibieron arresto domiciliario, impedimento de salida del país y una garantía económica de dos millones de pesos.
Para Martha María Saldaña, el juez estableció arresto domiciliario, impedimento de salida y una garantía económica de tres millones de pesos.
Mientras que José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré deberán cumplir garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del territorio nacional.
El magistrado declaró el proceso de tramitación compleja. Los imputados fueron detenidos durante allanamientos realizados por la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, a los procesados se les atribuyen, entre otros hechos, asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología y lavado de activos en perjuicio del Estado. Estas imputaciones deberán ser determinadas dentro del proceso judicial correspondiente.
El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, sostuvo tras la audiencia que la investigación continuará y exhortó a los médicos a no prestar sus códigos profesionales para la realización de servicios que no correspondan con la realidad.
La audiencia, cuya decisión estaba prevista para las 7:00 de la noche, comenzó finalmente después de las 9:00 de la noche. Con las medidas adoptadas, el expediente entra en una nueva etapa procesal, mientras el Ministerio Público mantiene abierta la investigación sobre las presuntas irregularidades atribuidas al grupo.
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