Santo Domingo / San Juan.- El proyecto minero Romero, impulsado por la canadiense GoldQuest, volvió al centro del debate público esta semana tras declaraciones oficiales, movilizaciones sociales y la reapertura del análisis sobre su impacto ambiental y económico en la provincia de San Juan.
El presidente de la República aseguró que la ejecución del proyecto dependerá de que los estudios demuestren que no tendrá “impactos negativos” para la población y los recursos naturales de la zona; de lo contrario, dijo, no será aprobado. La versión oficial busca transmitir que la decisión estará sujeta a la evaluación técnica de las autoridades competentes.
Desde el ministerio encargado de la minería se ha advertido que declarar la zona de Romero como reserva natural impediría el desarrollo económico que ese proyecto podría traer, y que la empresa posee derechos de exploración otorgados por concesión, por lo que la discusión legal y técnica sigue abierta. Las autoridades del sector insisten en que el proceso debe equilibrar la protección ambiental con las posibilidades de crecimiento local.
Los promotores del proyecto ponen cifras sobre la mesa: estudios y promesas de inversiones apuntan a un flujo importante de recursos y generación de empleos que, según cálculos locales, podrían transformar la economía de San Juan si se ejecutan con responsabilidad y controles. Estos planteamientos han sido utilizados para ganar apoyo entre sectores productivos y autoridades locales.
En contraposición, organizaciones ambientalistas, comunidades afectadas y grupos sociales han vuelto a expresar su rechazo. Los críticos alertan sobre riesgos para las fuentes hídricas, la agricultura y los ecosistemas de la Cordillera Central, y exigen garantías técnicas verificables, transparencia en los contratos y mecanismos efectivos de vigilancia ciudadana. Algunas agrupaciones han anunciado nuevas movilizaciones y peticiones públicas.
GoldQuest, la compañía responsable del proyecto, sostiene que las operaciones propuestas se basan en estudios geológicos y técnicos y que su intención es ejecutar actividades con estándares internacionales y planes de manejo ambiental. La empresa ha venido gestionando permisos y presentando informes que, según sus portavoces, demuestran la viabilidad económica del yacimiento.
Analistas consultados en los debates públicos señalan que el punto clave será la transparencia del proceso de evaluación ambiental —incluyendo acceso ciudadano a los estudios, participación de universidades y expertos independientes, y mecanismos de fiscalización— antes de autorizar cualquier etapa operativa. Asimismo advierten sobre la necesidad de planes de mitigación y compensación claros.
Frente a la polarización, autoridades locales proponen mesas de diálogo que incluyan al gobierno, la empresa, representantes comunitarios, ONGs y la academia, para construir acuerdos mínimos previos a una eventual aprobación. Mientras tanto, la discusión pública seguirá marcando la agenda política y social en San Juan.
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