Los imputados presuntamente grabaron y difundieron en redes sociales el abuso contra una joven de 21 años
Santo Domingo. – El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra seis hombres señalados de violar sexualmente a una joven de 21 años en Villa González, provincia Santiago. Según la acusación, los implicados no solo cometieron la agresión en grupo, sino que también grabaron el hecho y lo divulgaron en plataformas digitales.
Las autoridades calificaron el caso como “atroz”, ocurrido en marzo de este año en una vivienda ubicada en la comunidad La Javilla.
Los acusados
Los imputados fueron identificados como José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (El Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere).
Maniobra para retener a la víctima
De acuerdo con la investigación, la joven se encontraba en un establecimiento comercial de Palmar Abajo cuando empezó a sentirse mal. Dos de los acusados se ofrecieron a llevarla a un centro médico, pero en lugar de cumplir con esa promesa la condujeron a la residencia en La Javilla, donde fue abusada sexualmente por los seis hombres mientras se encontraba indefensa.
Posteriormente, los agresores grabaron el ataque y lo difundieron en distintas redes sociales y medios digitales.
Acusaciones y base legal
El expediente indica que los procesados enfrentan cargos por violación sexual agravada, asociación de malhechores y atentado sexual cometido mediante medios electrónicos, en violación a los artículos 265, 266, 309-1 y 331 del Código Penal (modificados por la Ley 24-97), así como a los artículos 8 y 23 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Solicitudes adicionales
La instancia, presentada por las fiscales Quirsa Abreu Peña, titular de Santiago, junto a Gladisleny Núñez e Ivette Martínez, de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, plantea que el caso sea declarado de tramitación compleja. Esto debido al número de acusados, la posibilidad de que existan otros involucrados y la diversidad de delitos imputados.
Además, el Ministerio Público solicitó autorización para que el Departamento de Informática del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) rastreen el origen digital del material, a fin de identificar la dirección IP desde donde fue difundido inicialmente.
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