Santo Domingo.- El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, reveló importantes informaciones sobre la controversial y rechazada Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), de la que, recientemente el presidente Luis Abinader dijo que “no se involucró en lo más mínimo”, cuando en realidad fue quien la envió para su aprobación al Senado de la República.
En su acostumbrado artículo semanal en un
periódico de circulación nacional, el expresidente de la República Dominicana, Leonel
Fernández, puso en evidencia al actual mandatario y candidato a la reelección,
cuando escribió que “en el 2021, el actual gobierno del PRM introdujo su
proyecto de creación de una Dirección Nacional de Inteligencia en sustitución
del Departamento Nacional de Investigaciones, que había sido creado por la Ley
857 del 1978”.
Sobre ese particular, se recuerda que el
22 de junio del año 2021, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ofreció
una rueda de prensa, desde el Palacio Nacional, en la que informaba al país que
el día anterior, el 21 de junio 2021, Abinader había remitió al Senado de la
República, un proyecto de ley con el que buscaba adecuar el marco normativo del
Sistema Nacional de Inteligencia.
Estas declaraciones constan aún en la
página web de la Presidencia y se puede acceder a ella con facilidad.
Varias iniciativas legislativas.- En su artículo
titulado: “La Ley 1-24: Un grave retroceso de la democracia”, Leonel Fernández
reconoce que, existían varios proyectos de ley tendiente a crear un sistema
nacional de inteligencia, debatiéndose en las cámaras legislativas durante los
últimos 14 años, por lo que considera desacertados los pronunciamientos de
Abinader, cuando califica como “politiqueras e hipócritas” las críticas de la
oposición a la pieza legislativa.
Leonel Fernández explicó que el proyecto
de ley del gobierno del 2021 perimió en la legislatura y, en el 2022 se recibió
el proyecto del senador perremeísta por la provincia Peravia, Milcíades
Franjul. En septiembre del año siguiente, 2023, la Cámara de Diputados envió a
Comisión el proyecto sometido por dos legisladores del mismo partido.
El líder de la oposición política
dominicana explicó, además, que “los tres proyectos propiciados por el gobierno
fueron fusionados, discutidos en las comisiones de ambas cámaras y aprobado en
el Senado y en la Cámara de Diputados, dando lugar a la promulgación, por parte
del Poder Ejecutivo, de la Ley 1-24, actualmente objeto de rechazo unánime en
la opinión pública nacional”.
La artimaña del artículo 11.- Fernández asegura
que la Ley 1-24, es inconstitucional, pues otorga al DNI funciones que la
Constitución concede a otros órganos del Estado.
De acuerdo con Fernández, uno de los temas
que más ira ha generado en la sociedad es lo relativo a la necesidad de obtener
la orden de un juez como condición para la entrega de informaciones a la DNI,
punto que se había recalcado e incluido desde la primera versión del proyecto
en el 2010, pero que para el PRM parece ser innecesaria.
En la sesión del 29 de diciembre del 2023,
un diputado del PRM sometió una modificación al artículo 11, la cual fue
depositada por Secretaría, como establece el reglamento del hemiciclo.
“Al someterse la modificación al referido
artículo en plena sesión y en medio de los debates, los legisladores no
tuvieron la oportunidad de constatar que los cambios que se introducían
eliminarían la orden judicial como obligatoria para la entrega de información”,
dijo Fernández.
“Se había establecido que con la
modificación se otorgaban mayores garantías a los ciudadanos en la preservación
de sus derechos fundamentales. Los debates estaban cerrados. No se permitía
deliberar o presentar posiciones contrarias al respecto, que ilustraran sobre
lo que se estaba proponiendo como modificación”, agrega en su escrito de hoy el
exmandatario.
“En una fecha de cierre de año, 29 de
diciembre, al final de una larga sesión, el PRM y el gobierno aprovecharon las
circunstancias para hacer que se aprobara una ley que viola, entre otros, el
derecho a la intimidad y al honor personal, a la libertad de expresión e
información y a la protección de datos personales”, dice.
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