Por Maismy-Mary Flueurant
Puerto Príncipe.- La República Dominicana, para responder a la firme posición de los agricultores haitianos apoyados al menos oficialmente por el Estado haitiano, de utilizar las aguas del río Massacre para regar las tierras de la llanura de Maribaroux, ha decidido volver a poner en servicio el canal de la Vigía situado en la margen derecha del río. Más que un canal para regar tierras agrícolas, la presidencia dominicana considera esta obra como una salvaguarda del recurso hídrico en beneficio de los productores dominicanos.
El
canal Vigie circunvalará Dajabón para unirse a otras tres obras hidráulicas
dominicanas aguas abajo del punto de captación de Pittobert. Este nuevo
trabajo, realizado sin consulta y sin notificación previa al Estado haitiano,
constituye un riesgo de escalada y de ninguna manera contribuirá a una rápida
resolución pacífica del conflicto. Su construcción revela una visión hegemónica
y exclusivista del uso de un recurso hídrico compartido. Buscaremos determinar
los elementos fácticos que respaldan esta tendencia, comprender las posibles
consecuencias sobre la disponibilidad de agua en el lado haitiano y las
implicaciones de este trabajo con respecto a la ley. Volveremos a presentar
propuestas firmes y realistas para una solución duradera a este conflicto.
Una visión hegemónica y exclusivista del
uso de un recurso hídrico compartido
Hoy en día, el agua se ha convertido en
"una cuestión geoestratégica importante que potencialmente puede dar lugar
a antagonismos" (Aksoy, 2019). Si la costumbre internacional y los
principios fundamentales del derecho internacional de ríos y lagos
prevén un uso equitativo, razonable y no nocivo de los recursos hídricos
comunes, resulta que muchos Estados que comparten un curso de agua
internacional quieren establecer una hegemonía en su uso del recurso para
beneficio propio, en detrimento de otros aprovechándose de su posición
geográfica, de su poder económico, político o militar, o incluso de la
apropiación de un continuum histórico en una lógica de primer
usuario-propietario (Duhautoy, 2014).
Zeitoun y Warner (2006) entienden la
hidrohegemonía como el deseo de uno de los países ribereños de un curso de agua
de lograr y consolidar el máximo control del recurso hídrico a través de
acciones unilaterales. Es una voluntad de captura unilateral de los recursos
hídricos que implica todo un conjunto de medidas coercitivas contra otros
Estados que buscan una distribución equitativa. Zeitoun y Warner indican que
los Estados hegemónicos saben utilizar la fuerza militar, acciones subversivas
desestabilizadoras o medidas de coerción y presión como amenazas militares o
sanciones económicas para lograr sus fines. Estas sanciones económicas se
imponen en ocasiones para impedir la construcción de obras hidráulicas por
parte de otros estados ribereños del curso de agua (Blanchon, 2009).
En el caso del río Masacre, la República
Dominicana siempre ha actuado como una potencia hegemónica queriendo imponer su
entendimiento de un uso exclusivista del agua. Las acciones que ha emprendido
desde 2021 y, en particular, desde la reanudación de la construcción del canal
de captación de Juana Méndez en agosto de 2023 lo demuestran claramente. El
gobierno dominicano ha desplegado su ejército en la frontera, manteniendo una
fuerte presencia de sus tropas a pocos metros del lugar de captura, lo que es
claramente una medida de intimidación. Cerró sus fronteras con Haití,
paralizando todos los intercambios económicos con el objetivo obvio de empujar
a los haitianos dependientes de la producción agrícola haitiana a rogar por el
cese del trabajo y la reapertura de los mercados binacionales. Las
"sanciones" impuestas a los ciudadanos haitianos caen en esta misma
lógica de represalias.
Esta visión hegemónica no es nueva. Se
materializa en todas las obras realizadas en el curso de agua y en el volumen
del recurso que ya utiliza este país para las necesidades de su población. En
nota informativa publicada el 26 de mayo de 2021 por los ministerios de
Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura de República Dominicana y los
dos principales organismos de gestión del agua de ese país, el Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y el Instituto Nacional de Aguas
Potables y Alcantarillados (Inapa), la parte dominicana reconoce haber derivado
un caudal de 3,22 metros cúbicos por segundo del río Masacre a través de 10
canales con una longitud total de 38,10 kilómetros. El canal 11, el de la
Vigía, ya no se encontraba funcional al momento de esta nota. La República Dominicana
reconoce además la existencia de una presa de tierra para almacenar agua para
riego en la zona de Cabeza de Caballo que tiene un volumen de almacenamiento de
0,6 millones de metros cúbicos y una construcción de presa de tierra denominada
La Piña con un volumen de almacenamiento de 1 millón de metros cúbicos de agua.
Entendemos aquí un uso abusivo y
unilateral, completamente desproporcionado y desigual, que hace la República
Dominicana de un recurso hídrico común si solo tomamos en cuenta un estudio realizado
por el ejército estadounidense que data de 1999, evaluando el caudal del
río Masacre como de 5 metros cúbicos 34 por segundo (recordamos que República
Dominicana reconoce un desvío de 3,22 metros cúbicos por segundo de este
flujo). Esta supuesta "hidrohegemonía" es perjudicial para Haití y no
encaja con los principios fundamentales del derecho internacional y
los acuerdos bilaterales entre los dos Estados.
El canal de la Vigía, su impacto
en la disponibilidad de recursos hídricos y sus consecuencias jurídicas
La reactivación del canal de la
Vigía, su ampliación hasta llegar al río aguas abajo de la punta Pittobert,
representa un nuevo obstáculo y una posibilidad de complicación y bloqueo de
las negociaciones que se llevarán a cabo entre los dos países.
El plan de construcción es el siguiente:
en dos o tres semanas el Estado dominicano reabrirá y limpiará el canal en un
kilómetro y medio, su longitud actual. Se instalarán bombas para impulsar agua
desde el río hasta esta toma. A medio plazo, el proyecto es más ambicioso.
El canal de la Vigía se ampliará varios kilómetros para conectarlo
con tres sistemas de riego: Veterano 0, Veterano 1 y Don Pedro. Estos tres
sistemas se encuentran aguas abajo de la toma de Pittobert.
La intención abierta y declarada de la
República Dominicana es, por tanto, desviar el agua aguas arriba, hacerla pasar
por un canal y devolverla a los tres sistemas de riego antes mencionados. Esto
equivale a reducir significativamente el caudal del río para Haití. En
concreto, el volumen de agua disponible con esta nueva estructura será
minúsculo. El suministro del canal Pittobert se ve amenazado por un caudal tan
mínimo que no permitirá en modo alguno cumplir los objetivos iniciales del
proyecto de irrigar 3.000 hectáreas de terreno en la llanura de Maribaroux.
Estas obras en el canal de la Vigía podrían dejar obsoleto el canal
de Pitobert incluso antes de su finalización. La República Dominicana quiere
mantener el uso exclusivo del río Masacre desviando unilateralmente gran parte
del agua para privar de ella a la parte haitiana. Esta nueva toma aumentará el
volumen total captado por República Dominicana, mientras que Haití hasta el
momento no ha encargado ninguna obra de captación de agua, ya que el canal
Pittobert aún está en construcción.
La construcción del canal de la Vigía plantea
también graves problemas jurídicos. El presidente dominicano declaró durante la
presentación del proyecto que esta obra fue construida en 1966 con la
aprobación del gobierno haitiano. Sin embargo, hoy lo vuelven a poner en
servicio sin informar al Estado haitiano. Peor aún, esta estructura
experimentará una gran extensión de varios kilómetros con un aumento en el
volumen de agua captada. No se respeta la obligación de información y
notificación exigida en los principios fundamentales del derecho fluvial
internacional. República Dominicana no ha presentado el documento del proyecto
con detalles técnicos y estudios preliminares de impacto ambiental y social. La
Asamblea General de las Naciones Unidas, en el artículo 3 de la resolución 3281
(XXIX), especifica: "En la explotación de los recursos naturales comunes a
dos o más países, cada Estado debe cooperar sobre la base de un sistema de
información y de consultas previas a fin de garantizar la explotación óptima de
estos recursos sin perjudicar los intereses legítimos de otros Estados. Este
acto unilateral es absolutamente contrario a las normas del derecho
internacional.
La construcción de esta obra es también
una violación del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje del 20 de febrero de
1929. Agravará la reducción del caudal de agua, alterando aún más la
disponibilidad de agua del lado haitiano. Es esta obra la que puede
considerarse como un desvío del río, lo que está expresamente prohibido por el
artículo 10 de este acuerdo. Este desvío se realiza para evitar que Haití
utilice el río Masacre. Al reducir aún más el caudal del río, las consecuencias
son directas para la cuenca de Pittobert, que no contará con agua suficiente
para cumplir sus objetivos.
Soluciones legales para el uso equitativo del recurso común.- Recordemos que el derecho internacional prescribe un uso equitativo, razonable y no nocivo de los recursos hídricos. También deseamos recordar la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia que consagró en la sentencia del 25 de septiembre de 1997 en el caso relativo al proyecto Gabcikovo-Nagymaros (Hungría/Eslovaquia) estos grandes principios de uso proporcional y no perjudicial. La Corte Internacional de Justicia retoma la disposición de una sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional de 1929 sobre el derecho de los Estados ribereños a un río navegable para ampliarlo al uso de cursos de agua para fines distintos de la navegación. Consagra definitivamente el principio de perfecta igualdad de los Estados ribereños en el uso de un curso de agua: "El desarrollo moderno del derecho internacional ha reforzado este principio también para los usos de los cursos de agua internacionales con fines distintos de la navegación".
Las acciones precipitadas, como la
construcción del canal de la Vigía, pueden llevar a una escalada de un
conflicto que requiere apaciguamiento y consultas. Los ciudadanos haitianos ya
empiezan a recomendar como solución la construcción de estructuras o incluso el
desvío de los principales afluentes haitianos del río Masacre, el río Capotillo
y el río Gens de Nantes, que se encuentran aguas arriba de la toma de la Vigía
Esta escalada no es deseable. Es
imperativo que los dos Estados regresen a la mesa de negociaciones sin
condiciones previas, en el espíritu del Tratado de 1929 que, como se recuerda
nuevamente en una nota de la Organización de los Estados Americanos, busca una
distribución equitativa del recurso hídrico común. Ambos países aún pueden
aceptar una mediación internacional o incluso acudir a un arbitraje. La parte
haitiana ya debería notificar a la parte dominicana sobre una protesta oficial
y exigir toda la información posible sobre el proyecto de rehabilitación y
ampliación del Canal de la Vigía. Se favorecerá así la vía diplomática.
Cada una de las partes, y en particular la República Dominicana, debe saber que
la fuerza nunca podrá ofrecer una solución duradera a este conflicto.
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El autor, Maismy-Mary Flueurant, es especialista en tratados internacionales, Profesor de investigación. Vicerrector de Investigación de la Universidad Pública del Nordeste de Fort-Liberté (Upnef), Haití.
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