Santo Domingo.- Aunque desde el 2020 las labores en el Congreso Nacional han sido prorrogadas en varias ocasiones con las convocatorias del Poder Ejecutivo de legislaturas extraordinarias y la declaratoria de estado de emergencia, iniciativas priorizadas por años siguen sin ser convertidas en ley.
La falta de voluntad política sería la
causa principal para no refrendar los marcos legales mencionados a
continuación.
Encabeza la lista la reforma al Código Penal vigente, pieza que tiene más de 20
años en el “círculo de espera” y la cual se creía que en este cuatrienio
cruzaría la barrera y sería ley. No obstante, tras ser sancionada en una
cámara, perime en la otra, una acción recurrente.
El proyecto perimió la noche del pasado miércoles y deberá ser reintroducido.
Esto a pesar de que el presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la
Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, duda que haya un nuevo Código Penal en lo
que resta de estos cuatro años.
Otra deuda que al parecer los senadores y
diputados no están dispuestos a pagarle al pueblo, es la actualización de la
Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Y es que
este miércoles cerró la primera legislatura ordinaria sin que el órgano creador
de las leyes evacúe el informe presentado por la comisión bicameral, la cual
tardó más de dos años en la elaboración del documento legal a fin de modificar
la demandada Ley.
Por lo visto la normativa no será
sancionada en esta legislatura extraordinaria iniciada ayer, puesto que Alfredo
Pacheco, presidente de la Cámara Baja, anunció el pasado 30 de mayo que la
pieza “no es un proyecto de ley” en sí, “sino un estudio sobre la Ley 87-01”.
Dijo esto en el marco de las críticas de sectores por el contenido de la
iniciativa.
Se suma a las legislaciones priorizadas
ignoradas, el proyecto que busca crear la ley de agua, el cual tiene más de 25
años a la espera de un consenso entre los legisladores. Hasta antes de ayer,
había tres iniciativas que buscaban suplir a la República Dominicana de ese
vacío legal, sin embargo, dos de ellas perimieron, queda sólo vigente el
proyecto de ley de agua, sometido por el diputado reformista Máximo Castro
Silverio.
Otras priorizadas y “olvidadas” son: el
proyecto de ley orgánica de referendo consultivo y referendo constitucional
aprobatorio (ley complementaria de la reforma constitucional del 2010), el cual
perimió la noche de este 26 de julio; el que reorganiza el sector de hidrocarburos
en la República Dominicana, promesa del Poder Ejecutivo; el que regula
Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); de contrataciones públicas; mediante
el cual se formaliza la minería en pequeña escala y la minería artesanal; el
que crea la Dirección General de Ética y Transparencia (Diget); y el que
reforma la Ley de Partidos.
También el proyecto que dispone la
instalación de fuentes de energía renovable en edificios públicos y privados;
el proyecto sobre registro y mantenimiento de infraestructuras públicas; la ley
orgánica de fiscalización y control del Congreso Nacional; el de la ley de
cheques de la República Dominicana; y el proyecto sobre registro y
mantenimiento de infraestructuras públicas.
Estas cinco normativas pasan de 10 años en
el órgano bicameral y pertenecen a la primera lista de las 37 iniciativas
priorizadas por el Poder Ejecutivo para el año 2022-2023.
La práctica demuestra que los senadores y
diputados suelen dedicar más tiempo a la aprobación de proyectos de
resoluciones, reconocimientos, contratos de préstamos y legislaciones no tan
demandadas por la sociedad.
Un claro ejemplo de ello es que la Cámara
de Diputados se propuso sacar a flote cientos de resoluciones estancadas en ese
órgano, mediante el conocimiento de “quinientas iniciativas” divididas en
grupos.
Fue en ese sentido que el presidente de
esa ala congresual, Alfredo Pacheco, resaltó el pasado miércoles que esa cámara
realizó 52 sesiones en la legislatura ordinaria y en lo que va del cuatrienio
ha sancionado alrededor de 3,000 iniciativas. Calificó el resultado como “un
buen averaje” y la cantidad de sesiones de “bastante”.
Legislaturas extraordinarias.- Este 15 de
agosto el Congreso Nacional cumplirá 354 días en trabajos legislativos con las
dos convocatorias de legislaturas extraordinarias solicitadas por el presidente
Luis Abinader y la segunda y primera legislatura ordinaria del año 2022 y 2023,
respectivamente. Esto deja a los senadores y diputados con 11 días libres de
actividades parlamentarias y no con 65, como suele ser en un año.
Se debe a que la primera legislatura
extraordinaria, iniciada desde el 13 de enero-15 de febrero del 2023, contó con
34 días; y la segunda, desde 27 de julio hasta el 15 de agosto del 2023, cuenta
con 20 días. Ambas extraordinarias suman 54 días.
A esto se suma que cada legislatura
ordinaria tiene un ciclo de 150 días, para un total de 300. Esto sin contar que
el próximo 16 de agosto comienza la segunda legislatura ordinaria de este año,
que culminará el 12 de enero del 2024.
Esas legislaturas extraordinarias han sido
las únicas convocadas por la actual gestión de Gobierno.
Se recuerda que en la primera extraordinaria, el Congreso Nacional se centró en
conocer seis iniciativas legislativas, obteniendo un resultado pésimo, al lograr
convertir en ley una sola, que fue la reforma a la Ley Orgánica de Régimen
Electoral (Ley 15-19).
Quedaron pendientes esa vez el proyecto de ley
sobre bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y bajo
extinción de dominio; el regulatorio de los fideicomisos públicos; el proyecto
de facturación electrónica de la República Dominicana. Las tres piezas fueron
propuestas por el Poder Ejecutivo.
Tampoco fue convertido en ley el proyecto
de ley orgánica de deportes y recreación, reintroducido en la Cámara Baja por
los diputados Jesús Martínez Alberty (PLD) y Pedro Botello (PRSC); y el que
otorga un ingreso económico permanente del Estado a las personas exaltadas al
Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano y a los atletas que pongan en alto el
nombre de la República Dominicana, tanto en el ámbito nacional como
internacional, también propuesto por Pedro Botello.
Estado de emergencia.- Las labores
legislativas fueron también extendidas con la llegada al país de la COVID-19.
No obstante, el Congreso no pudo exhibir trascendencia en leyes priorizadas.
El 20 de julio de 2020 el presidente
Danilo Medina declaró el territorio nacional en estado de emergencia por un
periodo de 45 días, mediante el decreto 265-20, siendo prorrogado más adelante
a través de otros decretos de manos del mandatario Luis Abinader, por última
vez hasta el 11 de octubre de 2021.
Sobre el estado de emergencia, el numeral
dos del artículo 263 de la Constitución establece que mientras permanezca el
estado de excepción, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones
y el presidente de la República le informará de forma continua sobre las
disposiciones que haya tomado y la evolución de los acontecimientos.
Amnistía fiscal y bienes
incautados, nuevo enfoque.- En esta legislatura extraordinaria, que
cierra este 15 de agosto, el Congreso Nacional se enfocará en sacar el proyecto
de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados,
decomisados y en extinción de dominio, el cual perimió y es complemento de la
Ley de Extinción de Dominio. También tratará de convertir en ley la iniciativa
que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y
recuperación de deuda tributaria, más conocido como “proyecto de ley de
amnistía fiscal”. La pieza debe ser sancionada en el Senado.
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