Santo Domingo.- El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, principal acusado
en la investigación del Ministerio
Público denominada Operación Calamar, habría contratado
a un lobista estadounidense con la intención de sembrar dudas sobre las
motivaciones políticas del proceso judicial.
El objetivo sería elevar hasta Washington las quejas "del tratamiento" contra el exfuncionario y empresario con importantes intereses en Puerto Rico, territorio estadounidense.
Guerrero, quien se encuentra detenido con
medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva, llegaría a un
contrato de representación con el exlegislador estadounidense republicano Connie Mack IV.
El acuerdo para actuar en favor de
Guerrero habría sido firmado por las empresas Axis Holdings, radicada en
Puerto Rico en representación de Guerrero, y Liberty International Group LLC,
de Connie Mack. De acuerdo con el documento que fue depositado como parte del
proceso de debida diligencia en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según copias de correspondencias e informaciones
confidenciales, en sus acciones de lobismo, Mack dirigió el 13 de junio de este
año una carta a Isiah Parnell, actual encargado de negocios de la embajada
de los Estados Unidos, en la que gestiona una cita con Parnell para discutir
"el arresto y la detención ilegal" de Donald Guerrero.
La carta a Parnell incluye copias a tres
altos funcionarios del Departamento de Estado: a Brian Nichols, subsecretario
de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental; Todd Robinson,
subsecretario de la oficina de asuntos internacionales de narcóticos y
aplicación de la ley; y Katherine M.R. Beaber, directora de la oficina de
asuntos del Caribe. También a la administradora de la USAID para América Latina
y el Caribe, Marcela Escobari y al jefe de misión actuante de la embajada de
los Estados Unidos, Alexander Titolo.
Se recuerda que el encargado de negocios
de la embajada de EE.UU. es un diplomático de carrera que asumió el cargo en
República Dominicana en mayo de este año.
Lo que supuestamente dice el
lobista.- En
la misiva enviada a Parnell, Connie Mack dice que en el caso de Donald
Guerrero "el gobierno del presidente Luis Abinader, bajo el pretexto
de los esfuerzos anticorrupción, ha convertido al Ministerio Público en un arma
para castigar a los opositores políticos y recompensar a los aliados".
La carta dice que a Abinader le resulta
conveniente que "la mayoría de los líderes de su partido de oposición
ahora estén presos o bajo amenaza de prisión".
Alega, además, que es sospechoso que
"el término de 18 meses de prisión preventiva venza poco después de las
elecciones del próximo año (2024), apartando a sus opositores de cualquier
actividad política hasta ese momento".
Mack, actuando a favor de Guerrero, señala
que "los arrestos masivos y las redadas (que se realizaban en los años 90s
contra los ciudadanos) se han vuelto contra los políticos".
Alega específicamente que, la procuradora
adjunta, Yeni Berenice, "es evidente que no solo ha abusado de su cargo;
sino que ha convertido a la Procuraduría Especializada en Persecución de
la Corrupción Administrativa (Pepca) en un arma política".
Operación Calamar.- Los exministros
del Gobierno de Danilo Medina, Donald Guerrero y José Ramón
Peralta, son los dos principales acusados en la investigación. Ambos esperan en
la cárcel que se deposite la acusación formal por los delitos que se les señala
por la supuesta estafa al Estado con más de 19,000 millones de pesos.
El Ministerio Público alega
que Donald Guerrero utilizó como complemento a la estructura
gubernamental para hacer procesos ilegales de deuda pública y con ello distraer
miles de millones de pesos del patrimonio del Estado dominicano y con ello
beneficiarse de manera personal y a la vez obtener fondos ilícitos durante los
periodos 2019-2020, que iban a ser utilizados posteriormente para financiar la
campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La Operación Calamar incluye un grupo de veinte
imputados entre los que están el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo,
el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del
Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de
Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, Ángel Lockward y otros abogados
privados.
La solicitud de medida de coerción señala
que los involucrados supuestamente realizaban libramientos irregulares, previos
a las elecciones del 2020, por pago de terrenos declarados de utilidad pública
y cuyas litis tenían varias décadas sin resolver. También por "la
estructurada operación de soborno" a ingenieros para que entregaran
"montos millonarios" que se utilizaron en la campaña interna del PLD,
así como crear una estructura sistemática de extorsión sobre bancas de
loterías. Tras declararse complejo el expediente Calamar, la jueza Kenya Romero
incrementó los plazos ordinarios para realizar acusación.
Estados Unidos aplaudió acciones.- Se recuerda que
en marzo de este año el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, destacó
los planes anticorrupción en la República Dominicana.
Biden destacó que el presidente
estadounidense dijo que la República Dominicana "ha modernizado su ley
contra la corrupción y ha creado más de 100 oficinas contra la corrupción a
nivel local".
En agosto de 2022 el encargado de Negocios
de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana anterior a
Parnell, Robert Thomas, consideró que continuar la lucha contra la corrupción y
el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales serán claves para
mantener la confianza en el clima de inversión en el país.
"Celebramos los esfuerzos realizados
por la gestión del gobierno del Presidente Abinader de mantener el clima de
inversión atractivo, estable y predecible en la República Dominicana",
expresó Thomas durante un almuerzo en la Cámara Americana de Comercio.
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