Por Vianelo Perdomo
Santo Domingo.- La Contraloría General de la República ha estado rindiendo un conjunto de auditorías al ejercicio de los actuales funcionarios de ministerios y direcciones generales, en los que se revelan irregularidades, inconsistencias y manejos discrecionales de fondos públicos, contrario a lo que establecen las leyes y normativas de ejecución.
Acorde con las revelaciones de las
auditorías practicadas por la Contraloría General de la República, se ha auditado
un grupo de entidades gubernamentales y de esas pesquisas ha salido “un cóctel”
de vainas, de las que varios funcionarios han querido maquillar y/o justificar,
pero cuyo ruido ha sido especie de una alarma para que se piense de todo.
Se trata de auditorías al ejercicio de los actuales funcionarios de ministerios y direcciones generales. Informes de la Contraloría revelan de todo en los ministerios y direcciones generales cuyas gestiones han sido requisadas.
Las entidades auditadas hasta estos momentos.- Las auditorías publicadas esta semana fueron practicadas al Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre), Gabinete de Políticas Sociales (GPSL), Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (Propeep), Instituto Nacional De Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), entre otras instituciones del gobierno que preside Luis Abinader.
En la foto, la sede del Cuerpo de
Seguridad Presidencial (Cusep).
Seguridad presidencial.- El Cuerpo de
Seguridad Presidencial (Cusep) no tiene estados financieros, no presenta
resúmenes ejecutivos que expongan su situación financiera, reveló un informe de
auditoría realizado por la Contraloría General de la República sobre la gestión
del 1° de septiembre de 2020 hasta el 30 de abril de 2021.
“La
carencia de Estados Financieros mensuales no permite exponer de forma oportuna
los hechos económicos y financieros que afecten o puedan llegar a afectar el
patrimonio de los organismos que forman el Estado dominicano”, dice la
Contraloría en su informe esta semana.
Contrario
a esta norma, lo que hace el Cusep es elaborar una relación de ingresos y
gastos, por lo que la situación provoca que no exista control administrativo y
financiero de los fondos manejados por la institución y que las informaciones
financieras no proporcionen una seguridad razonable para presentar reportes que
sean útiles para conocer la situación de la institución.
Las Normas Internacionales de Contabilidad
del Sector Público (NICSP) recomiendan que las entidades presenten información
adicional que ayude a los usuarios a evaluar el desempeño de las mismas y la
administración de sus activos; así como a tomar y evaluar decisiones sobre la
asignación de recursos. Esto no se cumple en el Cusep.
Cancillería.- El Ministerio de
Relaciones Exteriores realizó pagos de nómina por más de 317 millones de pesos
utilizando el objeto de gasto “papel de escritorio”, destinado a comprar
diferentes tipos de papeles, según la auditoría realizada por la Contraloría.
El gasto total fue de RD$317,742,819.58
“utilizando la cuenta u objeto de gasto No. 2.3.3.1.01 “Papel de Escritorio”,
(Cuenta que se debe utilizar para la adquisición de papel de escritorio en sus
diferentes variedades; papel bond, papel cebolla, papel mimeógrafo, entre
otros.
Además,
el informe de auditoría que abarca desde el 16 de agosto de 2020 hasta el 30 de
abril de 2021 indica que durante ese período la Cancillería destinó dos
millones de pesos a asignaciones de combustibles mediante Resolución 04-2016,
que exceden el 10 % establecido en la Ley 105-13.
También
el monto mensual de los imprevistos para combustibles es de 250,000 pesos,
cifra que es agotada mes tras mes, sin ninguna variación.
Según la Contraloría, “el ministro (a)
podrá autorizar a cualquier otro servidor público del MIREX, conforme su
desempeño laboral y trabajo realizado la asignación de una compensación de
combustible mensual equivalente a un porcentaje de su salario bruto dentro de
la escala de un 5% al 15 % del mismo”.
Los auditores solo encontraron una lista manual con el monto y firma de quien recibe el combustible asignado, pero sin “constancia del motivo por el cual se le está asignando el combustible a dicho colaborador, lo cual viola las Normas Básicas de Control Interno que indican que los titulares y los servidores públicos deben tener registros sobre el manejo de los bienes muebles e inmueble, y que el titular debe designar en una unidad o persona especializada la responsabilidad de administrar los diferentes bienes de las instituciones, bajo la coordinación de la Dirección Administrativa Financiera o su equivalente”.
En la foto, el ministerio Administrativo
de la Presidencia, José Ignacio Paliza.
Mapre.-
Las
compras realizadas bajo la modalidad de compras directas excediendo el umbral y
cheques entregados a personas distintas a los beneficiarios sin carta de
autorización, son algunas de las irregularidades que encontró la Contraloría en
el Ministerio Administrativo de la Presidencia
(Mapre) durante la auditoría.
Contraloría
dijo que existen al menos 36 cheques entregados a personas distintas a los
beneficiarios, sin un documento de autorización de retiro en incumplimiento a
la política interna, por un total ascendente a RD$97,313,737.96.
“Durante
nuestra verificación de los cheques realizados a las cuentas de ‘personas
jurídicas’ e ‘iglesias’ identificamos que existen cheques otorgados sobre los
cuales la institución no posee una carta de autorización firmada y sellada por
el beneficiario (entidad u organización)”, dice el informe.
Además,
los auditores identificaron que durante el período 2020-2021 hay compras
fraccionadas en los rubros; servicios legales, servicios de mantenimiento y
reparaciones de construcciones e instalaciones, servicio de contabilidad y
auditoría y servicios de apoyo a la fabricación, que exceden los umbrales
determinados anualmente por Contrataciones Públicas, y que, además, se hicieron
en un mismo trimestre, por un valor de RD$642,167.
En
materia de empleados, la auditoría revela que existen 16 expedientes de
empleados que no poseen anexado el contrato o nombramiento correspondiente.
“Existe un riesgo asociado al derecho u obligación del pasivo, así como
también, que existan empleados que no hayan pasado por el proceso de control y
aprobación correspondiente en incumplimiento a las políticas internas de la
Institución”, agrega el informe.
Durante
la revisión de las nóminas, la Contraloría identificó una inconsistencia
ascendente a RD$675,589.58 por concepto de impuesto sobre la renta deducido a
través de las “Nóminas de Seguridad y Especialismo”, que no se encuentra
reportado en la plataforma de Impuestos Internos.
“Las
deducciones realizadas y no pagadas al fisco para el periodo auditado ascienden
a RD$675,589.58”, señala el informe de la auditoría, recomendándoles “apegarse
a la ley”.
La
auditoría desvela que el Mapre posee 1,770 bienes registrados en “activos
fijos”, depreciados o con valor cero, lo que incumple el procedimiento para el
tratamiento contable de la adquisición o alta de bienes de la Dirección General
de Contabilidad Gubernamental.
En
respuesta a la auditoría, el Mapre indicó que los cheques entregados fueron
“depositados por el beneficiario final en las cuentas correspondientes y
utilizados para los fines que fueron erogados”.
Agrega que están tomando acciones para reforzar el control en el proceso de entrega de los cheques a los beneficiarios jurídicos, “enfocado a que ninguna persona sin una autorización pueda retirar cheques”.
En la foto, el coordinador del Gabinete
de Políticas Sociales, Francisco Antonio Peña Guaba (Tony Peña).
Dinero para artistas.- La Contraloría
detectó irregularidades en el cumplimiento de las leyes y el sistema de control
interno del Gabinete de Políticas Sociales (GPSL), que involucra un monto
superior a los 111 millones de pesos.
El
principal hallazgo encontrado durante la auditoría fue la contratación de
artistas para amenizar las fiestas navideñas del 2020, por un monto de
RD$116,216,101.04, del que se ejecutaron RDS55,400,000 sin cumplir con el
proceso de compras y contrataciones, en el artículo 3, del artículo 5 de la Ley
340-06 y sus reglamentos.
El
segundo hallazgo de la auditoría es de fraccionamiento en la contratación de
servicios para la reparación y mantenimiento de vehículos cuyo monto
involucrado RD$1,442,306,04, sin acogerse a lo que establece la Ley 340-06 de
Compras y Contrataciones.
Los
proyectos de Neney.- La
Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (Propeep) habría
incurridos en varias faltas graves, violentando distintas leyes y normativas,
así como utilizado ciento de millones de pesos de su presupuesto de manera
irregular durante una parte de la gestión de José Leonel Cabrera “Neney”.
La
auditoría puso en evidencia que desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de
diciembre de 2021, la entidad hizo compras y contrataciones ejecutadas por un
monto de 598 millones de pesos, en las cuales hubo irregularidades.
La
auditoría revela que, en los contratos de alquiler de equipos pesados para
siete vertederos, las empresas contratadas colocaron las mismas pólizas de
seguros de los equipos a utilizar: “Las pólizas se repiten entre los
proveedores, ya que, diferentes proveedores presentan pólizas con el mismo
número de chasis”, provocando la pérdida de más de 41 millones de pesos por
“pago de contratos sin recibir los servicios contratados”.
Agrega
que el Propeep compró una retroexcavadora y un bulldozer a una empresa
diferente al concesionario oficial, por un valor mayor y, en el caso del
segundo equipo (bulldozer) de un año considerablemente inferior.
Según la auditoría, el Propeep se disponía a adquirir una “Retroexcavadora Hyundai HX300SL”, siendo Antillana Comercial, S.A el concesionario de la referida marca, pero al final el contrato le fue adjudicado a la empresa Seguridom ML, SRL, por un precio superior de un millón de pesos.
En la foto, el director ejecutivo
del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington
Arnaud.
Irregularidades en Inapa.- El informe
respecto a la auditoría realizada al Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados (Inapa), reveló irregularidades en cuanto al manejo del
presupuesto de la institución, cheques sin documentación, empleados con más de
un nombramiento, entre otras violaciones a las normas.
En la
ejecución presupuestal desde 1° de septiembre de 2020 al 31 de diciembre de
2020, la entidad recibió un presupuesto ascendente a RD$ 2,743,396,450.67,
dentro de la programación de los gastos, sin embargo, fue devengado un monto de
RD$ 3,865,409,959.70 resultando una inconsistencia por valor de
RD$1,122,013,512.03, el cual fue tomado del objetal que estaba destinado para
capitalización de obra sin la autorización prescrita de la Dirección General de
Presupuesto (Digepres), lo que viola la ley.
En la
ejecución del presupuesto desde el primero de enero de 2021 al 31 de agosto de
2021, hubo una irregularidad por la suma de RD$2,079,793,110.05 entre el
presupuesto vigente por un monto ascendente a RD$8,176,140,476.78, mientras que
fue cobrado un monto ascendente a RD$6,554,829,300.78.
También
fueron encontradas irregularidades en el área de tesorería entre las que están:
cheques pagados sin documentación de soporte, cheques retirados en caja por
personas distintas al beneficiario, pago de viáticos sin facturas que
justifiquen el gasto, fondos de caja chica que exceden los permitidos por las
normas vigentes, carencia de recibos originales, falta de continuidad en la
secuencia numérica de los recibos definitivos, recibos en copias con tachaduras
y borrosos, gastos realizados por montos mayores a las normativas vigentes y
diferencias en cuadre de caja chica.
La
auditoría indica que una revisión realizada al contrato número 022-2021 por un
monto de RD$827,700.00 a favor de la empresa contratista materiales de construcción
Geremias SRL, donde se comprobó que Masiel Cecilia Feliz, figura como
accionista en esta empresa, quien además es empleada activa del Inapa, con
puesto de encargada regional del Acueducto Múltiple del Suroeste (Asuro).
En la
inspección al área de Recursos Humanos, fueron halladas debilidades de control
interno, dentro de las que menciona: Empleados en varias nóminas de manera
simultánea, expedientes carecen de documentación, certificación de no
antecedentes, evidencia de evaluación de puesto, carencia de cédula, montos
pagados por nóminas que difieren de lo presupuestado y empleados pensionados
cobrando en nómina activa de la institución.
Asimismo,
desde septiembre 2020 al 31 de agosto 2021 durante el proceso de revisión de
nóminas se detectó una incongruencia, debido a que los montos presupuestados
para el pago de nómina difieren de los montos ejecutados.
Luego
de realizar la comparación de la nómina de Inapa con el reporte de auditores en
la herramienta de consulta Citrix, se descubrió que 23 servidores públicos
están cobrando sueldos en nómina de otras instituciones públicas de forma
simultánea.
La suma
de los sueldos en duplicidad asciende a un monto de RD$1,404,127.54, violando
el artículo 144 de la Constitución de la República, Artículo 80, numeral 5 de
la Ley 41-08 de Función Pública, ADC-3-005.6, la cual indica que “ningún
funcionario o empleado del Estado puede desempeñar, de forma simultánea, más de
un cargo remunerado, salvo la docencia”.
En su
repuesta la Contraloría, Inapa señala que el presupuesto “nunca ha estado
acorde a las necesidades operativas ni al gasto real de la institución, por lo
que se ha visto obligada a tomar recursos para su gasto corriente de las
disponibilidades en cuentas para gasto de capital”.
Sobre
los pagos de viáticos sin soporte, Inapa dice que “son montos pagados a
jornaleros que debieron ser liquidados con sus soportes” .
Inapa prometió emplear nuevos procedimientos que contemplan medidas para prevenir “cualquier situación de conflicto de intereses o falta de trasparencia en los procesos de contratación de servicios o adquisición de bienes”.
En la foto, el ministro de
Industria, Comercio y Mipymes, Victor Bisonó Haza (Ito).
Industria y Comercio.- La Contraloría
General de la República encontró siete irregularidades en el Ministerio de
Industria, Comercio y Mipymes (MICM), luego de que realizara una auditoría que
comprende la administración de la entidad desde el primero de septiembre de
2020 hasta el 30 de abril de 2021.
El
primero de los hallazgos encontrados por Contraloría es que el MICM tiene un
contrato de arrendamiento con opción a compra del Edificio que aloja sus
instalaciones, firmado en el año 2017, por un monto de 31 millones de dólares,
equivalentes a RD$1,464,750,000.
Contraloría
señala en el informe que el arrendamiento vulnera los procedimientos de la Ley
340-06 para la correcta aplicación y ejecución de las contrataciones públicas
de bienes y servicios por parte de instituciones públicas. Además, considera
que “el alto costo por concepto del arrendamiento impacta negativamente el
presupuesto anual de Industria y Comercio”.
Otra de
las irregularidades que visualizó Contraloría fue que la entidad es poseedora
de cuentas por cobrar por un monto de RD$190,014,764.85, debido a que no se
presentan por antigüedad de saldos, verificando que existen facturas que
exceden los 120 días por un valor de RD$125,786,427.28 (66.19% del monto
total).
Nómina
Con
relación a la revisión realizada a la nómina de la entidad, el informe de
Contraloría indica que en la de “Servicios Especiales” evidenció que no se
realizaban los descuentos de Ley de la Seguridad Social, por lo que la
Tesorería dejó de percibir un monto total de RDS12,177,140.82.
Bienes sin registro.- Por otro lado, la
auditoría indica que hay unos 55 equipos con un valor de RD$2,828,484.92, que
la Institución asignó al Cuerpo Especializado de Control de Combustible
(Ceccom), que no poseen códigos de registros o etiquetas de Bienes Nacionales.
Además,
la institución posee cinco motocicletas que fueron donadas y no han sido
registradas en el sistema SIAB, en incumplimiento al procedimiento de registro
establecido. Asimismo, tiene 14 vehículos que se encuentran en estado de
descargo, sin que se aplique el procedimiento establecido por Bienes Nacionales
y “se encuentran figurando en el auxiliar como activos en funcionamiento”,
establece el informe de la auditoría.
Algunos se defienden, pero el ruido
está zumbando.-
A los resultados de las auditorías varios funcionarios, como el vocero de la
Presidencia, Homero Figueroa; el ministro Administrativo de la Presidencia,
José Ignacio Paliza; y otros, dieron la cara.
Han justificado algunos errores, han dicho
que todo se está subsanando, pero… ¿Basta con estas justificaciones?... ¿Podrían
los maquillajes corregir las revelaciones de la Contraloría General de la
República?... ¡Vamos a esperar!...
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