Higüey, provincia La Altagracia.- El Ministerio Público emitió este lunes una orden de arresto contra los policías involucrados en el arresto de una fiscal en el municipio de Higüey, provincia la Altagracia, tras ser detenida por transitar en un vehículo sin placa, supuestamente propiedad de la Procuraduría General de la República.
Según la orden, a la cual tuvo acceso este
medio digital, el sargento mayor Miguel Ángel Familia, el
sargento Jiménez Reina, la también sargento Sobeida González, así
como el cabo Fortuna Moní, el raso Aybar Mercedes y los
oficiales del día Rafael Mejía y Luis Andrés Berroa Berroa, son
acusados por supuestos maltratos contra la funcionaria.
El Ministerio Público señala que los
agentes violentaron los artículos 60, 303, 309, 309-1 y 341 del Código Penal
Dominicano, en perjuicio de Carol Rodríguez Rodríguez y el Estado
Dominicano.
La orden de aprehensión está firmada por los representantes fiscales Roberto Santos Pachecho, Claudia Lorena Garrido y Ronny Yordany M.
¿Qué dicen los artículos del Código
penal supuestamente violado por los agentes?
Artículo 60: Se castigarán como cómplices
de una acción calificada(sic) crimen o delito: aquellos que por dádivas,
promesas, amenazas, abuso de poder o de autoridad, maquinaciones o tramas
culpables, provocaren esa acción o dieren instrucción para cometerla; aquellos
que, a sabiendas, proporcionaren armas o instrumentos, o facilitaren los medios
que hubieren servido para ejecutar la acción; aquellos que, a sabiendas,
hubieren ayudado o asistido al autor o autores de la acción, en aquellos hechos
que prepararon o facilitaron su realización, o en aquellos que la consumaron,
sin perjuicio de las penas que especialmente se establecen en el presente
Código, contra los autores de tramas o provocaciones atentatorias a la
seguridad interior o exterior del Estado, aún en el caso en que no se hubiere
cometido el crimen que se proponían ejecutar los conspiradores o provocadores.
Artículo 303: Constituye tortura o acto de
barbarie, todo acto realizado con método de investigación criminal, medio
intimidatorio, castigo corporal, medida preventiva, sanción penal o cualquiera
otro fin que cause a las personas daños o sufrimientos físicos o mentales.
Constituye igualmente tortura o acto de barbarie la aplicación de sustancias o
métodos tendente a anular la personalidad o la voluntad de las personas o a
disminuir su capacidad física o mental, aun cuando ellos no causen dolor físico
o sufrimiento síquico.
Artículos 309 y 309-1: 309.- El que
voluntariamente infiere heridas, diere golpes, cometiere actos de violencia o
vías de hecho, si de ellos resultare al agraviado(a) una enfermedad o
imposibilidad de dedicarse al trabajo durante más de veinte días, será
castigado(a) con la pena de prisión de seis meses o dos años, y multa de
quinientos a cinco mil pesos. Podrá además condenársele a la privación de los
derechos mencionados en el artículo 42, durante un año a lo menos, y cinco a lo
más. Cuando las violencias arriba expresadas hayan producido mutilación,
amputación o privación del uso de un miembro, pérdida de la vista, de un ojo, u
otras discapacidades, se impondrá al culpable la pena de reclusión. Si las
heridas o los golpes inferidos voluntariamente han ocasionado la muerte del
agraviado(a), la pena será de reclusión, aún cuando la intención del agresor(a)
no haya sido causar la muerte de aquél.
Art. 309-1.- Constituye violencia contra
la mujer toda acción o conducta, pública o privada, en razón de su género, que
causa daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico a la mujer, mediante el
empleo de fuerza física o violencia sicológica, verbal, intimidación o
persecución.
Artículos 341: Son reos de encierros y
detenciones ilegales, y como tales, sujetos a la pena de reclusión: 1o. los que
sin orden de autoridad constituida y fuera de los casos que la ley permita que
se aprehenda a los inculpados, arrestaren, detuvieren o encerraren a una o más
personas; 2o. los que proporcionaren el lugar para que se efectúe la detención
o el encierro; 3o. los que de cualquier modo ayudaren a llevar a cabo la
detención o el encierro.
De ser hallados culpables por violar estos
artículos del Código Penal, los agentes actuantes pudieran ser encarcelados.
El incidente.- En un audiovisual
que se ha virilizado en redes sociales, la joven fiscal identificada como Carol
Daritsel Morla, fue detenida en un retén policial y al ser cuestionada sobre
porqué se desplazaba sin placa, explicó que se debía a que el vehículo que
conducía era propiedad de la Fiscalía de la Romana, lo que no impidió que los
agentes procedieran a arrestarla.
Tras una acalorada discusión, la mujer
condujo el carro Sonata, color gris hasta el destacamento y lo parqueó en la
parte frontal, a lo que los policías, en tono agresivo, le decían que debía
moverlo, siendo desoídos por la funcionaria.
“Mueve el carro que va a entrar un
vehículo”, le dijo uno de los agentes, a lo que ella respondió: “no lo voy a
mover”, advertencia que cumplió.
Al entrar al recinto, realizó una llamada
al parecer a uno de sus superiores, a quien le dijo que querían arrestarla,
mientras intercambiaba palabras con los policías que le reclaman por la forma
de dirigirse a ellos.
Pese a sus esfuerzos, fue sometida y
detenida de manera agresiva por los policías en el interior del destacamento,
donde pasó la noche.
Tras el incidente, la joven fiscal fue
despojada de las llaves del vehículo y fue requisado por los policías, quienes
aparentemente no hallaron nada anormal en su interior.
La dejaron detenida, aunque la pudieron en libertad unas dos horas más tarde.
Procuraduría ordena investigación.- La Procuradora
General de la República, Miriam Germán, dispuso una investigación del incidente
en el que se vieron envuelto una fiscalizadora de Higüey y una patrulla de la
Policía Nacional, la noche del 15 de junio de este 2023.
Germán instruyó al Inspector General del
Ministerio Público, Viterbo Cabral, y a la titular de la Procuraduría Regional
de San Pedro de Macorís, Eudyce Fernández, para que hagan la investigación del
incidente entre la fiscalizadora Carol Darisel Morla y los uniformados.
Ambos deberán desplegar todas las
diligencias de investigación para rendir un informe detallado de las
circunstancias del hecho del que los agentes tomaron un vídeo que circula en
redes sociales.
La Procuradora General de la República, Miriam Germán, dispuso, además, que, al menos por el momento, y hasta tanto culminen las investigaciones dispuestas, los agentes policiales envueltos en el incidente no sean arrestados.
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