Santo Domingo.- Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (CIUTRÁN), fue creada en el año 2006. Fuerzas de Tarea Conjuntas. Plan Estratégico Interinstitucional (PEI), para reforzar todas las fuerzas de Tareas. CESEP. SENPA. Control Migratorio. Y, esta misma semana, “Operación Hurón”. Estos, entre otros, son algunos de los nombres con los que hace decenas de años se han bautizado órganos especiales y entidades conformadas por miembros y efectivos de varias entidades civiles, militares y policiales. Pero, este lunes, durante un acto encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña; y la procuradora General de la República, Miriam Germán Brito; se creó un mecanismo similar, como se los arribas señalados no existieran. Lo único nuevo esta vez, es que a este “esfuerzo” se ha sumado decenas de entidades y estamentos que antes no formaban parte de un plan similar.
Diferentes entidades del país firmaron
este miércoles en el Palacio
Nacional la creación de una "Fuerza de Tarea" para reforzar
"las acciones que se llevan a cabo para combatir las diferentes
modalidades del crimen organizado en
todo el país".
La procuradora general de la
República, Miriam Germán Brito, quien
suscribió el acuerdo a nombre del Ministerio Público, valoró la creación de
esta entidad para una efectiva lucha contra ese flagelo para el cual "ya
no hay fronteras".
"Cada día, con mayor esfuerzo los
estados enfocan sus estrategias dentro de la política criminal hacia el combate
efectivo del crimen rganizado y sus diversas manifestaciones. Ya las fronteras
no son obstáculos para las organizaciones criminales, ni para la comisión de
los delitos", dijo Germán Brito.
Fuerza de Tarea y su misión.- La Fuerza de Tarea quedó creada mediante la firma de un acuerdo entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), la Superintendencia de Bancos y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), representadas por sus titulares Miriam Germán Brito, el mayor general Eduardo Alberto Then, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, Eduardo José Sanz Lovatón, Luis Valdez Veras, Aileen Guzmán Cote, Luis Marino Soto García, Alejandro Fernández, representado por su directora jurídica, y Henry Sahdalá Dumit, respectivamente.
Su firma se hizo en el Palacio Nacional y
contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
La unidad operará en todo el territorio nacional, teniendo su sede en el Distrito Nacional, instalaciones que proveerá el Ministerio Público.
Las instituciones, representadas
por quienes figuran en la foto, acordaron trabajar conjuntamente para
incrementar las capacidades y resultados de combate a la criminalidad
organizada.
Las acciones incluyen la implementación de
un plan de capacitación desde los conocimientos de cada una de las
instituciones integrantes, con enfoque en el desarrollo de capacidades de
análisis, perfilamiento de riesgo e investigación, de antecedentes que puedan
resultar útiles para el combate a la criminalidad organizada,
con especial enfoque en el narcotráfico, lavado de activos, corrupción y
delitos conexos.
Agradeció y valoró altamente la apertura y
el compromiso de cada una de las distintas agencias que a partir de esta firma
formarán parte de esta fuerza conjunta.
"En el mismo orden, es innegable
reconocer el apoyo recibido desde el Poder Ejecutivo, que dentro de un marco de
absoluto respeto a la autonomía e independencia del Ministerio Público, ha
realizado una contribución indispensable de coordinación para la materialización
en este importante proyecto", añadió.
Por igual, destacó: "Es preciso
reconocer a los Estados Unidos de Norteamérica a través de su embajada en la
República Dominicana, y la agencia INL, la iniciativa y el acompañamiento
actual y prometido para el futuro, con su aporte que ha significado un valor
incalculable para todos los integrantes de esta Fuerza de Tarea y
sin dudas para todo el país".
Las partes manifestaron encontrarse
conscientes de la necesidad de desarrollar e implementar iniciativas que
fortalezcan las acciones de combate al crimen organizado en
República Dominicana, y la importancia de utilizar todos los recursos
disponibles del Estado dominicano que, de manera conjunta y organizada puedan
ser puestos a disposición de programas que busquen otorgar mejores condiciones
de seguridad a la población.
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