
Santo Domingo.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional inició este domingo el conocimiento de la solicitud de medida de coerción a diez de los veinte imputados en Operación Calamar que faltan por exponer sus supuestos arraigos a fin de demostrar a la magistrada que no huirán del país y que asistirán a todo el proceso judicial en su contra.
En la foto, las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El Palacio de Justicia de Ciudad Nueva está
nuevamente fuertemente custodiado con vallas y decenas de agentes policiales.
Durante el conocimiento de la medida de
coerción el pasado viernes, admitieron su culpabilidad en el alegado entramado
de corrupción, los imputados: Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro
Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Óscar
Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
El turno de este domingo, para que
presente sus elementos con los que procuran demostrar que no se sustraerán del
proceso, es para el exdirector
del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo;
los exministros de Hacienda,
Donald Guerrero; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y Administrativo de
la Presidencia, José Ramón Peralta.
Igualmente, el excontralor general de la
República, Daniel Omar Caamaño; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver
Peña, el exdirector de Casinos y Juego de Azar, Julián Omar Fernández y Yahaira
Brito Encarnación.
En la foto, otra imagen de las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión
preventiva y que se declare complejo el caso.
Los diez que admitieron las imputaciones y
colaborarán con la investigación son Ángel Lockward, Santiago Moquete,
Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José
Fernández, Óscar Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía y Víctor
Matías Encarnación.
Todos cumplieron el domingo 15 dias detenidos por la estafa de más de 19,000 millones en la compra y venta de terrenos por parte del Estado.



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