El titular de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson
Camacho, dijo tras el aplazamiento de la audiencia para el domingo próximo, que
esas diez personas «tendrán que devolver dinero recibido ilícitamente».
En la audiencia del domingo se escucharán
los argumentos de los otros 10 acusados, entre los que se encuentran los
exministros de Hacienda Donald Guerrero, Administrativo de la Presidencia José
Ramón Peralta y de Obras Públicas Gonzalo Castillo, candidato presidencial del
PLD en las elecciones generales de 2020.
También están arrestados y acusados el ex
contralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el exdirector del
Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo y el exdirector de
Catastro Nacional Claudio Silver Peña.
Asimismo, los exdirectores de Casinos y
Juegos de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández y el abogado y
economista Ángel Lockward, entre otros.
Camacho expresó, además, que el Ministerio
Público decidió, ante la colaboración de los 10 acusados, variar la solicitud
de medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario,
impedimento de salida del país y garantía económica.
“Debemos confesar que lo que ha sucedido
hoy en el tribunal es algo que podemos calificar de llanamente asombroso por
varias razones, una de ellas es que los 10 acusados que tuvieron este viernes
la oportunidad presentarse ante el tribunal han admitido los hechos, o sea el
50 % de los acusados”, dijo Camacho al término de la audiencia.
Aseguró que esas confesiones son
consecuencia directa de la “contundencia de la investigación y de las pruebas irrefutables”
que la sustentan.
“A partir de este momento, los imputados
han dicho que seguirán colaborando con el Ministerio Público”, agregó Camacho,
quien no reveló cuáles acusados admitieron los hechos.
Por otra parte, la abogada Laura Acosta,
una de las integrantes de la barra de la defensa de Gonzalo Castillo, reafirmó
la inocencia de su defendido y aseguró que “ninguno” de los acusados que
hablaron al tribunal este viernes implicaron a su cliente en las acusaciones
del Ministerio Público.
“Aunque las declaraciones de esas personas
no son legalmente válidas, tampoco las supuestas pruebas del Ministerio Público
vinculan a Gonzalo Castillo en las acusaciones”, agregó la letrada.
Mientras, el abogado Wellington Cabrera
que defiende al acusado Agustín Ávila reveló que su cliente colaboró con el
Ministerio Público y que estos acuerdos deberán ser aprobados por la jueza
Romero.
Asimismo, el defensor del abogado Ángel
Lockward Norbert Rondón, dijo que no podía ofrecer declaraciones en torno a su
defendido porque este se lo pidió.
“Hay que esperar que la jueza hable sobre
el particular, no puedo ofrecer más declaraciones porque estaría faltando a la
ética y a mi cliente, quien me ha pedido no ofrecer declaraciones hasta que se
pronuncie la jueza”, justificó Rondón, habitualmente dado a ofrecer
declaraciones a la prensa.
El supuesto entramado de corrupción
distrajo a los contribuyentes más de 19,000 millones de pesos y afectó a varias
instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda.
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