Santo Domingo.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, retomó este viernes la audiencia para conocer medidas preventivas a los veinte imputados por presunta corrupción administrativa dentro de la llamada “Operación Calamar”, entre ellos tres exministros.
La instrumentalización del caso se inició
formalmente el pasado miércoles tras dos aplazamientos en el Palacio
de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, cuya seguridad
fue nuevamente redoblada como medida preventiva tras los enfrentamientos
anteriores entre agentes y militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
formación a la que pertenecen la mayoría de imputados.
Está previsto que en la audiencia de este
viernes el Ministerio Público concluya con la
presentación del caso y que la defensa de los imputados inicie sus alegatos.
La Procuraduría General de la
República anunció el 19 de marzo el arresto de veinte personas
por sus presuntos vínculos con una red de corrupción administrativa que afectó
a varias instituciones.
Los encartados.- Los principales
imputados son los exministros de Obras Públicas y antiguo candidato
presidencial Gonzalo Castillo, Donald Guerrero (Hacienda) y José Ramón Peralta
(Administrativo de la Presidencia).
Además de los exministros, entre los
detenidos figuran el antiguo contralor general de la República Daniel Omar
Caamaño, el que fuera director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel
Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, los antiguos
directores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar
Fernández y el abogado y economista Ángel Lockward.
El supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19,000 millones de pesos y afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, según el Ministerio Público.
Abogados de imputados hablan.- Los abogados de
los imputados en el caso Calamar,
a quienes se les conoce medida de coerción en la actualidad, sostienen que sus
defendidos no se sustraerán del proceso, por lo que entienden no debe imponerse
la prisión preventiva como ha solicitado el Ministerio Público.
Los abogados de los imputados Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Luis Miguel Piccirilo insisten en que la investigación que ha llevado la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) es conocida desde hace más de dos años y que sus defendidos se han mantenido dispuestos a enfrentar la justicia.
En el caso de los abogados de
Castillo, Luis Rivas y Laura Acosta, entienden que, hasta
el momento, el Ministerio Público no ha presentado pruebas que justifiquen su
mantenimiento en prisión.
Según Rivas, en más de dos años que lleva
la investigación, y que ha sido de conocimiento público, su defendido no se ha
sustraído del proceso.
“Los presupuestos que va a aportar la
defensa del señor Gonzalo Castillo son para que, a partir de este momento, él
sea puesto en libertad pura y simple”, dijo.
Con planteamiento similar se expresó Wendy
Lora, abogada de Piccirilo, que asegura que su
defendido puede enfrentar el proceso en libertad, pues “no va a huir” de la
acusación que se presenta en su contra.
Lora aseguró que si después de filtrarse
la investigación, hace casi tres años, el exdirector del Consejo Estatal de
Azúcar (CEA) no ha salido del país, “no lo hará ahora”.
19,000 millones de pesos es el monto que
el grupo habría desfalcado al Estado dominicano.
“Nosotros contamos con todos los elementos
para poder fundamentar que el señor Luis Miguel Piccirilo no va a ausentarse
del proceso como no lo ha hecho desde agosto de 2020 cuando, de manera
estratégica, se filtró la información de la investigación”, aseguró Lora.
Mientras Santiago Rodríguez, abogado
de Peralta, dijo estar todavía a la espera de ver la acusación exacta contra su
cliente, pues no percibe nada concreto en lo expresado en la solicitud de
medida de coerción de la Pepca.
La medida de coerción empezó a conocerse
ayer a los 20 detenidos entre los días 18 y 19 de marzo en lo que la Pepca
denominó la Operación Calamar.
Al grupo se le atribuye conformar una
estructura de corrupción que desfalcó al Estado dominicano con más de 19,000
millones de pesos y se le imputa los delitos de sobornos, lavado de
activos, financiamiento ilícito de campañas políticas, coalición de funcionarios
y estafa contra Estado. La Pepca pide 18 meses de prisión preventiva como
coerción a los detenidos y la declaratoria de complejidad del caso.
Rechaza inadmisión de querellas.- En el inicio del conocimiento de la solicitud de coerción, la magistrada Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, rechazó declarar la inadmisibilidad de las querellas presentadas por el Estado y varias personas que dicen sentirse estafadas por la estructura, entre ellos las familias Gatón y Mota.
La jueza rechazó, sin embargo, admitir una
querella que presentó la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte
Social Cristiano porque no vio vinculación con los hechos planteados en esta
fase del proceso.
Además de los exministros encartados, la
querella de la federación incluía al exministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y se fundamenta en la
supuesta violación a las disposiciones legales que establecen que se
destinen dos pesos de la venta de combustibles para un fondo para la
renovación del parque vehicular de los transportistas públicos, según explicó
su abogado, Carlos Mesa.
Sin percances.- La última audiencia
para conocer la solicitud de medida de coerción a los acusados en Operación
Calamar se desarrolló con el entorno del Palacio de Justicia en total calma y
fuertemente custodiado.
Decenas de agentes policiales fueron
asignados en el lugar desde muy temprano en la mañana para evitar incidentes
como los ocurridos en los dos intentos fallidos de celebrar la audiencia la
pasada semana y el domingo.
El lunes 20 de marzo, un grupo de
dirigentes peledeístas intentó penetrar a la fuerza al Palacio de Justicia, lo
que generó un forcejeo entre policías y manifestantes que provocó que la puerta
de cristal del edificio terminara rota y varias personas heridas.
El pasado domingo, horas después de
aplazarse el conocimiento de la solicitud de la coerción, otro grupo de
peledeístas fue dispersado con bombas lacrimógenas en la calle y en la Casa
Nacional del PLD.
Participación Ciudadana en contra
de la mutua impunidad.- El movimiento cívico Participación Ciudadana expresó
su “profundo rechazo” a la propuesta de la exvicepresidenta de la República
Margarita Cedeño, quien esta semana planteó que el presidente Luis Abinader se
reúna con los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía
para buscar una salida a la “crisis de gobernabilidad” que entiende hay en la
actualidad.
“Es justamente contra esa práctica que
hemos luchado por décadas, contra los acuerdos de mutua impunidad, explícitos o
implícitos en la política dominicana. Por el contrario, la población dominicana
está ampliamente satisfecha con las actuaciones de un Ministerio Público
independiente y ha depositado sus expectativas en que los jueces actúen también
con la objetividad, la inteligencia y el coraje que se requieren para castigar
con todo el peso de la ley la corrupción y la impunidad”, dijo en un comunicado
enviado a los medios. Participación Ciudadana consideró que es totalmente
inaceptable que los partidos políticos pretendan influir en el curso de los
procesos judiciales, y señaló que éstos son momentos cruciales para la
consolidación de un Estado democrático y de derecho, un propósito que,
-advierte-, no será logrado con dirigentes políticos que aúpen o protejan la
corrupción.
PN da por cerrado incidente con PLD.-
La
Policía Nacional da por terminado el incidente ocurrido el pasado domingo en la
Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) donde se lanzaron
gases lacrimógenos, de los cuales, según la institución del orden, no fueron
responsables.
A pesar de que se esperaba un informe
sobre la situación, la uniformada solo ofreció una rueda de prensa el día del
incidente, donde el vocero de la institución, Diego Pesqueira, negó que los
agentes atacaran con los gases a los dirigentes peledeísta.
En dicho encuentro con la prensa, Pesqueira
manifestó que los oficiales de la Policía dispersaron al grupo de manifestantes
luego del aplazamiento de la audiencia de 20 imputados en la Operación Calamar,
donde los políticos “intentaron violentar el perímetro de seguridad”.
El coronel Diego Pesqueira admitió que,
por la cercanía de la Casa Nacional del PLD al Palacio de Justicia, los gases
lacrimógenos afectaron la sede peledeísta.
No hay comentarios.
Publicar un comentario
Deje su comentario