Santo Domingo.- Cien, 60, 50, 30 y 20 millones de pesos en garantía económica les han sido impuestos a los imputados de grandes casos de corrupción administrativa, para los que los tribunales ordenaron el cese de la prisión preventiva.
Sin embargo, los montos antes citados no
se corresponden con lo que en realidad pagaron los privados de libertad para
regresar a sus casas ya sea con o sin grillete electrónico e impedimento de
salida del país.
Más aun, esos recursos no llegan a mano de ninguno de los actores del sistema
judicial debido a que la garantía de su presentación a todos los actos del
proceso judicial la asume una compañía aseguradora a la que le pagan una prima
que va entre el 3% y el 3.5% del monto dispuesto por el juez.
No es un 10% como popularmente han hecho
crecer algunos abogados o actores interesados en el proceso. Con esto,
explicamos que el general Adán Cáceres, a quien se le impusieron 100 millones
de pesos como garantía económica para salir de la cárcel, solo habría pagado
menos de 3.5 millones por la póliza.
Lo mismo que la pastora Rossy Guzmán, el
coronel Rafael Núñez de Aza, Juan Alexis y Magaly Medina Sánchez, hermanos del
expresidente de la República Danilo Medina, el exprocurador general de la
República, Jean Alain Rodríguez y otros imputados de los denominados casos
Coral, Antipulpo y Medusa, a quienes se les impuso el pago de fianzas que van
desde los 20 hasta 60 millones de pesos.
En el año 2021 los tribunales del Distrito
Nacional dictaron 1,002 decisiones relativas a garantía económica en efectivo o
con contrato de fianza. En el 2022 la cifra bajó a 875.
Como en todos los procesos judiciales, el
más pobre es el que más perjudicado sale y mientras mejores abogados se tienen,
mejores son los resultados o las garantías porque estos togados están en
mejores condiciones para negociar con las empresas dedicadas a esa labor.
De acuerdo con datos recogidos, los
imputados en esos grandes casos de corrupción han podido negociar con las
compañías aseguradoras y en vez de contratar pólizas como lo ofertan en el
mercado ordinario, éstos han podido negociar para que se les pongan porcentajes
menores, lo cual se refleja al momento de contratar el seguro.
“Siempre se pagaba una prima que oscilaba entre el 10% pero los montos que
servían de garantía, eran montos relativamente pequeños. Aún en procesos
grandes si les ponían diez millones era demasiado y lo que tú pagabas era una
proporción y eso se pagaba alrededor de un millón de pesos pero siempre había
en ese tiempo la posibilidad de tú negociar un monto menor porque es una
cuestión de negociación directa con el intermediario”, explicó un abogado
consultado al respecto.
“Ahora, cuando se trata de estos casos tan grandes, de valores tan altos, donde
intervienen no solamente el seguro sino el reaseguro, entonces evidentemente
eso permite que sea un poco mayor el monto, sin embargo nunca pasa de un 3%”,
comentó un jurista que logró que su cliente pagara menos de ese 3% gracias a
los contactos que tuvo para hacer la negociación.
¿Quién recibe los recursos?.- Ni el Ministerio
Público ni el Poder Judicial reciben un centavo de ese proceso. La Procuraduría
Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) o la
fiscalía a cargo de los procesos, solo recibe una constancia de la aseguradora
en la que indica que se hace responsable de que ese imputado siga acudiendo a
los tribunales.
La póliza, que no es reembolsable, da
garantía para que, en caso de que la persona se fugue, la compañía será
responsable de buscarla y traerla ante las autoridades, sin embargo, en la
práctica, el Ministerio Público es el que busca a los prófugos y rebeldes de la
justicia.
En esa negociación los imputados no solo
pagan el porciento que cuesta la prima. Aunque la sentencia del juez no lo
establezca, además del pago de la póliza efectuada por el imputado, éste debe
dejar en garantía bienes o inmuebles en favor de la compañía.
“Ese es el deber ser. Algunas lo aplican
para casos muy gravosos o casos específicos pero en la generalidad no lo
aplican”, respondió una fiscal consultada respecto a la efectividad del
cumplimiento de las garantías económicas por parte de las compañías
aseguradoras.
Esto podría explicar la inconformidad del
Ministerio Público cuando los jueces deciden variar o cesar la prisión
preventiva por garantía económica a través de una compañía aseguradora.
Sin embargo, a las compañías no les
conviene que el órgano persecutor sea el que vaya a buscar al imputado, porque
tendrán que pagar el monto total establecido en la fianza y ese dinero va a una
cuenta del Estado en el Banco de Reservas, explicó un miembro del Ministerio
Público al recordar que una vez quebró una aseguradora en Santiago de los
caballeros porque se le ejecutaron las fianzas.
Garantías en efectivo.- En el caso de
que los tribunales impongan el pago de la garantía en efectivo, el
procedimiento es distinto: el dinero se deposita en la cuenta del Banco de
Reservas a nombre de la Procuraduría General de la República.
En caso de que el imputado se fugue del
proceso, ese dinero es tomado como garantía para buscarlo y hacer que se
presente ante el tribunal pero en caso contrario, una vez concluya el proceso
judicial, ese dinero se le reembolsa a la persona.
Según lo explicado por un juez, esto se
hace independientemente de que esa persona sea o no condenada ya que la
finalidad de ese recurso es garantizar que el imputado no se sustraiga del
proceso penal.
¿Cuánto pagó cada quién?.- A Alexis Medina, hermano del
expresidente Danilo Medina, se le fijó una fianza de 60 millones de pesos a
través de un contrato con una compañía dedicada a esos fines, además de
impedimento de salida, colocación de un grillete electrónico y arresto
domiciliario. Para salir de prisión solo habría pagado menos de dos millones de
pesos.
A Fernando Rosa, a quien se le impuso
garantía económica de 30 millones y las mismas condiciones que a Medina, como
mucho, pudo haber pagado un millón 50 mil pesos. Mientras que José Dolores
Santana habría pagado unos 700 mil pesos a la empresa por la garantía económica
de 20 millones.
Al igual que Cáceres Silvestre, exjefe del
Cuerpo de Seguridad Presidencial; el coronel Núñez de Aza habría pagado unos
3.5 millones para salir de la cárcel. En tanto que Rossy Guzmán y su hijo
Tanner Flete habría depositado a la compañía aseguradora 1.7 millones de pesos
cada uno, por los 50 millones que les pusieron como garantía.
El exprocurador Jean Alain Rodríguez,
también habría pagado este monto para ir a prisión domiciliaria con colocación
de un grillete electrónico.
A una tasa de un 3.5%, Javier Forteza,
habría pagado 700 mil pesos para salir de la prisión y, Jhonatan Rodríguez, 175
mil.
Diferencia entre las medidas.- Al dictar auto de
apertura a juicio en el caso Antipulpo, el juez del Séptimo Juzgado de la
Instrucción Deiby Peguero, explicó claramente que en el proceso penal la
garantía económica, el embargo de bienes y el embargo retentivo como medida de
coerción real.
“Las medidas de coerción personal, real,
tienen fines distintos. La personal, de aquellos que están sujetos a la
garantía económica, tiene el fin de garantizar la presencia del imputado en el
proceso.
En cambio, las medidas de coerción real,
su objetivo es garantizar la posible o eventual aplicación de indemnizaciones
en el proceso”, explicó en la audiencia cuando destacó que independientemente
de las garantías económicas que se dispuso para Juan Alexis Medina y compartes,
era necesario embargar bienes para fines de indemnización.
Fuente: Periódico El Caribe.
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