Las críticas y las opiniones encontradas,
o la “búsqueda de consenso”, como dice el vocero de la Presidencia de República
Dominicana, hacen que el Poder Ejecutivo de marcha atrás con el proyecto de Ley
de Trata de Personas.
Santo Domingo.- De nuevo el
Gobierno dominicano desiste de una iniciativa de ley por las críticas que se
generan. Y es que, es la sexta ocasión en dos años y medio que ocurre y, tal
parece, es una práctica que se ha convertido en una especie de norma.
Con el anuncio de este domingo del portavoz presidencial, Homero Figueroa, el proyecto de ley integral sobre Trata de Personas, Extorsión y Tráfico Ilícito de Migrantes se convierte en otro “choque de frente” contra el muro del rechazo.
Muchas de estas reacciones al proyecto se
producen debido al factor sorpresa, pues el Gobierno dominicano había sido
categórico con el tema de la migración ilegal y la postura de República
Dominicana ante el mundo sobre los problemas de Haití.
Un ejemplo es que en junio del año pasado,
República Dominicana fue uno de los países que declinó firmar la “Declaración
de Los Ángeles sobre Migración y Protección”, cuyo accionar desencadenó
presiones internacionales contra el país. Sobre todo por parte del comisionado
de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker
Türk, quien en octubre de 2022 exigió a las autoridades dominicanas actuar para
prevenir la xenofobia, la discriminación y todas las formas de intolerancia
racial o étnica hacia los inmigrantes haitianos.
El presidente Luis Abinader respondió de
manera directa: “La República Dominicana no solamente va a continuar con las
deportaciones, sino que las va a incrementar”
No obstante, el 12 de diciembre de 2022,
en medio de la época navideña y en puntillas, el Poder Ejecutivo depositó ante
el Senado el proyecto de ley sobre Trata de Personas, cuya pieza señala la
permanencia regular de las víctimas mediante permisos migratorios y de
residencia en caso de que sean identificadas como víctimas de ese flagelo.
Tras casi un mes de comentarios y
opiniones, finalmente el Gobierno ha tomado la decisión de recular, una vez
más.
Las otras “reculaciones”.- El 29 de junio de
2022, el Poder Ejecutivo retiró de la Cámara de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia.
Esta iniciativa solo tuvo de vida dos semanas, pues después de ser expuesta
ante la opinión pública, las autoridades no pudieron soportar la lluvia de
críticas que generó porque supuestamente limitaría la libertad de expresión.
Según el Gobierno, el objetivo de esa
iniciativa legislativa era lograr la protección integral de los sistemas
que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así como la
prevención, persecución y sanción de dos tipos de delitos. Pero la población,
tal como ocurrió recientemente, no lo interpretó de esa manera.
“Por instrucción del presidente de la
República estoy procediendo a retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de
ley contra la ciberdelicuencia a fin de facilitar el trabajo que llevará a cabo
la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de la legislación sobre
libertad de expresión”, afirmó en ese momento Antoliano Peralta, consultor
jurídico del Poder Ejecutivo.
En ese momento, con el propósito de unificar criterios sobre la libertad de expresión, el presidente Abinader, integró una comisión encabezada por el abogado Namphi Rodríguez, e integrada por Miguel Franjul, Inés Aizpún, Persio Maldonado, Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchi), Edith Febles, Eric Raful Pérez, Hermógenes Acosta de los Santos, Miguel Ángel Prestol González, Jimena Conde Jiminián, Aurelio Henríquez, Elvira Lora Peña y Gabriela Beltré.
No obstante, El 30 de enero del año
pasado, Abinader se había visto en la necesidad de frenar una iniciativa. Esa
vez fue la del proyecto de fideicomiso de la Termoeléctrica Punta Catalina,
la cual fue enviada al Consejo Económico y Social (CES) para recibir las
opiniones de todos los sectores.
Lo cierto es que después de esa
instrucción del mandatario, el tema quedó relegado y no se ha vuelto a tocar en
ninguna instancia.
La primera vez que el Gobierno tuvo que
recular fue el 9 de octubre de 2020, luego de las críticas que generó el proyecto de presupuesto del 2021 que
incluía impuestos a diversos servicios.
Ante las críticas, el gobernante “apagó”
el fuego en menos de 48 horas con un discurso al país.
En esa misma alocución, Abinader informó
que el CES convocaría la discusión para el pacto fiscal pendiente desde el 2012
y que estaba pautado en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero esto
nunca se dio, a pesar de los intentos.
Luego del rechazo generalizado al plan de reforma fiscal que el
gobierno nunca formalizó, Abinader habló al país posteriormente tras otro intento que también
resultó infructuoso ante la opinión pública para informarle que no sometería
ningún proyecto.
Ante esta actuación de dar reversa, las
autoridades dominicanas han sido enfáticas de pertenecer a un gobierno que
escucha.
“Nunca hemos dudado, cada vez que las circunstancias lo han exigido, en tomar la decisión más conveniente al interés nacional”, aseguró este domingo el portavoz presidencial.
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